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(En la fotografía, Hugo Bravo junto a su abogada Catherine Lathrop Rossi cuando declaró el pasado 7 de agosto)

El ex director de Penta, Hugo Bravo, pagó más de 1.000 millones en la tesorería General de la República, a sólo semanas que el Servicio de Impuestos Internos lo denunciara en la Fiscalía Oriente por delito tributario.

Fuentes que conocen el caso, explicaron que el alcance del pago apunta a tratar de establecer una atenuante en un posible juicio, en el marco de la investigación que lleva en su contra el perseguidor de Delitos de Alta Complejidad, Carlos Gajardo.

De hecho, esta mañana el estudio de Gonzalo Insunza, que patrocina a Bravo, ingresó el escrito correspondiente en la sede del Ministerio Público Oriente, dando cuenta del ingreso de la plata a las arcas estatales.

Según supo The Clinic Online, el monto contiene el potencial sobre el capital, los intereses y reajuste que cobraría el SII más un 30%. De esta manera, la cifra se desglosa así: por la sociedad Chillico $ 529.417.078; Santa Sarella $ 127.703.806 y por Hugo Bravo, como sujeto tributario. $ 441.506.068.

Bravo entró en el caso luego de las declaraciones de Jorge Valdivia, un ex martillero público (hoy fallecido) quien reveló el nexo con Iván Álvarez, un ex fiscalizador del SII que lo ayudó a obtener más de 260 millones de pesos por devolución del Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) a través de sus sociedades, Challico, y Santa Sarella. Álvarez permanece hasta ahora en prisión preventiva y formalizado por cohecho, lavado de dinero y delito tributario.

Hay que recordar que Bravo renunció hace poco más de un mes al holding Penta, donde era la mano derecha de Carlos Alberto “Choclo” Délano, uno de los financistas de la UDI y dueño junto a Carlos Lavín de este holding.

Fin del secreto

Bravo ha declarado, se sabe hasta ahora, en dos oportunidades, señalando que desconocía la fórmula para usar ilegalmente el FUT y desligó toda la responsabilidad en sus asesores.

Sin embargo, la fiscalía estableció que Iván Álvarez iba a cobrar sus honorarios (por ahora unos $4 millones) a la sede de Penta y le eran cancelados por el contador del Holding, Marcos Castro.

La estrategia legal del estudio de Gonzalo Insunza con Bravo, es la misma que utiliza con los dueños del colegio La Girouette, Félix y Noel Albagly Giroux, quienes ingresaron más de 500 millones a las arcas fiscales. Estos últimos están denunciados por el SII y formalizados por delito tributario con obtención de boletas falsas para bajar la carga impositiva por el mismo fiscal Gajardo.

Abogados tributaristas consultados por este diario, explicaron que al pagar la deuda con el SII, el delito tributario dejaría de existir porque se trata de un tema económico y no penal.

Sin embargo, existe una segunda interpretación que indica que al cometerse el ilícito, el pago sigue una línea separada a la cancelación de la deuda.

Suma y sigue

En tanto ayer, a última hora de la tarde, Gajardo incautó los computadores de los dueños del holding Penta, Carlos Lavin y el “choclo” Délano, quienes también están denunciados por delito tributario.

Junto a Lavín y Délano, también fueron incluidas las esposas de ambos, ya que el tata fisco estableció que giraron boletas de honorarios “maliciosamente falsas” a la sociedad Penta III. De acuerdo a lo informado por el SII, las mujeres facilitaron la comisión del delito.

A los anteriores siguen el contador de Penta Marcos Bravo y Samuel Irarrázaval Larraín, representantes legales de Inversiones Penta III e Inmobiliaria Los Estancieros.

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