Caso Hermosilla: indagatoria al exfiscal Guerra revela archivos desconocidos de causas contra Ponce Lerou, Penta, Dominga y senador Ossandón

La investigación sobre las actuaciones del exfiscal Manuel Guerra abrió una ventana para analizar la forma en que el Ministerio Público resolvió indagatorias sobre personas, empresas y clanes familiares que forman parte del club del poder en Chile.

Manuel Guerra está en el foco de una de las aristas más importantes del Caso Hermosilla, luego de que reportajes de Ciper y The Clinic revelaran parte de sus chats con Luis Hermosilla. Allí, el expersecutor coordina diligencias y entrega información delicada, mientras en paralelo le solicita trabajo al abogado penalista que hoy está en prisión preventiva, acusado de delitos tributarios y de corrupción.

El Fiscal Regional de Arica, Mario Carrera -a cargo de la causa sobre Guerra-, ya realiza diligencias que lo tienen reconstruyendo el paso a paso de investigaciones relevantes, como el Caso Cascadas, donde quien ha sido el controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, estuvo siempre al borde de la formalización, pero zafó de tener que enfrentar a un tribunal.

Entre los archivos que desempolvó Carrera, y que ya tiene a su disposición, se cuentan decenas de correos electrónicos que mostrarían cómo Ponce Lerou -quien según Forbes está en el top five de las personas más ricas de Chile, con una fortuna estimada en US$3 mil millones-, participa del esquema defraudatorio que terminó perjudicando a inversionistas de la cascada de SQM, como los fondos de pensiones.

Carrera también tiene sobre su escritorio las minutas y los informes que elaboraron distintas unidades del Ministerio Público, y que sirvieron como insumos en las indagatorias del financiamiento ilegal de la política por parte de Penta; las que tenían como protagonista al Presidente Sebastián Piñera -Pesquera Exalmar y Minera Dominga-; la que revisó delitos de corrupción en la Municipalidad de La Florida; y la que investigó por tráfico de influencias al senador Manuel José Ossandón.

Las pistas sobre las posibles irregularidades en la resolución de esas causas, que terminaron con bajas o nulas sanciones a los involucrados, fueron entregándolas abogados querellantes y fiscales que ya declararon ante el Fiscal Regional de Arica.

También está bajo revisión la actuación de Guerra en la causa que investiga al exdirector general de la PDI, Héctor Espinoza, por delitos de corrupción. Esto, porque en los chats entre Guerra y Luis Hermosilla hay constancia de que el exfiscal Oriente asesoró al abogado penalista, quien entonces defendía al jefe máximo de la policía (vea reportaje “Corrupción en Vitacura y estallido social: los antecedentes confidenciales que el exfiscal Guerra le entregó a Luis Hermosilla”).

El fiscal Mario Carrera solicitó la información que le permitirá investigar las causas donde Guerra tuvo algún grado de participación, a través de dos correos electrónicos -enviados el 7 y el 21 de octubre- dirigidos a la Unidad Anticorrupción (UNAC) y a la Unidad de Delitos Económicos y Lavado de Activos (Uldecco), de la Fiscalía Nacional. En esos emails, Carrera pidió “todos los rucs vinculados a las causas, Dominga, Penta, Exalmar, incluiría caso Municipalidad de La Florida, caso Ossandon y caso Cascadas en lo que dice relación a la denuncia efectuada por uno de los jueces del TOP (Tribunal Oral en lo Penal)”. También requirió que le enviaran “cualquier informe de la unidad elaborado a propósito de dichas causas”.

Las respuestas ya están en su poder, y en el equipo del fiscal Carrera están revisando los informes y las minutas que dan cuenta de cómo se resolvieron esas investigaciones.

Sobre el Caso Cascadas, se indaga qué ocurrió con la denuncia que realizó el juez Cristián Soto, quien acusó que durante el juicio que absolvió a Aldo Motta -ejecutivo de confianza de Ponce Lerou-, una de sus pares, la magistrada Laura Assef, habría sostenido comunicaciones impropias con la defensa de Motta, a cargo del staff de abogados de Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik. La indagatoria por esa denuncia estuvo en manos de la Fiscalía Oriente cuando Guerra estaba a cargo, y donde se estimó que la denuncia no tenía pruebas.

Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik han sido abogados cercanos a Luis Hermosilla. Al menos hasta hace unos meses, formaban un grupo afiatado que coordinaba defensas y que cosechó una extrema cercanía durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Hoy hay voces que dicen que la relación se quebró (vea reportaje de The Clinic “La influencia de Luis Hermosilla en el Congreso: los chats con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik”).

En todo caso, sobre la denuncia del juez Cristián Soto no se enviaron informes al fiscal Mario Carrera. La Uldecco señaló que “fue competencia de UNAC” (Unidad Anticorrupción), mientras que en esa unidad le dijeron al fiscal que “no tratándose de una investigación de la especialidad de UNAC, no tuvimos relación con esa causa, la que fue asesorada por Uldecco”.

El poder de Ponce Lerou

El Caso Cascadas fue un escándalo bursátil donde el entonces controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, creó un esquema de compraventa de acciones entre sociedades relacionadas que lo benefició a él y perjudicó a los accionistas minoritarios, incluidas las AFP. Hasta hoy se discuten en la justicia las distintas aristas relacionadas.

Si bien las unidades de la Fiscalía Nacional no se ponen de acuerdo sobre quién asesoró a la Fiscalía Oriente en la indagatoria por la denuncia del juez Cristián Soto, quien sí declaró al respecto fue el abogado Mauricio Daza, quien en Cascadas representó a uno de los accionistas minoritarios, junto a Valentina Horvath (su esposa) y el fallecido penalista Miguel Soto Piñeiro. Daza, actualmente, es abogado querellante en la causa contra Manuel Guerra.

“La investigación penal de esta denuncia estuvo a cargo del fiscal Manuel Guerra, quien rápidamente pidió el sobreseimiento del caso sin hacer ningún tipo de diligencia útil ni efectiva para determinar la verdad de lo sucedido. Esto en un contexto donde después nos enteramos, a partir de la revelación pública de chats de Luis Hermosilla, que habían reuniones entre Guerra cuando era fiscal regional metropolitano oriente, y el encargado legal de SQM, Matías Astaburuaga, en la oficina de Hermosilla”, declaró Daza ante el fiscal Carrera el pasado 26 de septiembre.

En uno de los chats entre Hermosilla y una de sus secretarias, el abogado penalista hace referencia a esa reunión: “El viernes a las 14 horas vienen a almorzar Manuel Guerra y Matias Astaburuaga, conmigo a La Oficina”. En todo caso, ese chat es del 22 de mayo de 2017, tres años antes de que se presentara la denuncia del juez Cristián Soto.

Fuentes de The Clinic en el Ministerio Público señalaron que la denuncia del juez Soto no tenía ninguna prueba que la respaldara, y que en la tramitación de esa causa no hubo irregularidades.

En todo caso, las unidades de la Fiscalía Nacional sí enviaron información a la indagatoria que comanda la Fiscalía de Arica sobre otras aristas del Caso Cascadas, incluída la principal.

El 22 de octubre pasado Mauricio Fernández, director de la Uldecco, le envió a Carrera una serie de minutas preparadas por su unidad cuando se indagaba el Caso Cascadas. Esas minutas incluyen correos electrónicos entre Julio Ponce Lerou y los ejecutivos más relevantes de SQM. Aunque esa investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Centro Norte -donde Manuel Guerra no tuvo ninguna participación-, son antecedentes que hoy forman parte de la indagatoria del Fiscal Regional de Arica.

Una de esas minutas da cuenta de hechos ocurridos entre 2009 y 2011, cuando Ponce Lerou veía amenazado el control que ejercía sobre SQM, al mismo tiempo que enfrentaba falta de liquidez. Por ello, habría optado por un mecanismo para generar artificialmente recursos que le permitieran mantenerse a flote:

“Claro está, JPL (Julio Ponce Lerou) incumplió su palabra dos veces: el año 2009 y el año 2011, ganando tiempo para reestructurar sus pasivos. Agobiado por las deudas y decidido a no deshacerse del control de SQM, su ‘plan de negocios’ incluyó el hacerse de liquidez por medio de la expropiación de recursos a los minoritarios: esto es, por medio de transacciones fraudulentas”, indica la minuta del 14 de octubre de 2019, cuando el Ministerio Público se preparaba para el juicio contra Aldo Motta, gerente general de las cascadas.

En 2008, Ponce Lerou llegó a acuerdo con Yara, una empresa noruega que estaba en SQM y cuyas acciones fueron compradas por Ponce en US$200 millones, asegurándose así el control sobre la minera. Los emails dan cuenta de que luego el empresario chileno dejó de pagar la deuda a los noruegos.

Un correo electrónico del 29 de enero de 2010, enviado por Ponce Lerou a Patricio De Solminihac -entonces subgerente general de SQM-, es claro en ese punto. En esa fecha, SQM y Yara renegociaban la deuda del empresario chileno, a través de reuniones realizadas en Oslo y en Santiago. “Que bueno que yara junte plata ya que en abril no va a recibir un ingreso de chile”, escribe Ponce Lerou en el email (ver aquí).

Las minutas y los correos entregados por la Uldecco apuntan a demostrar que Julio Ponce Lerou tenía absoluto control sobre las decisiones que se tomaban en SQM, ya sea la compraventa de acciones, o pagar o dejar de pagar una deuda. Hasta el día de hoy el empresario no ha sido formalizado por la justicia. La multa por US$62 millones que le fue impuesta por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (actual CMF), luego fue rebajada a US$3 millones en la Corte Suprema.

Los acuerdos en Penta

En los chats entre Manuel Guerra y Luis Hermosilla destacan los mensajes donde se alude a una supuesta coordinación para darle una salida al Caso Penta, donde el Ministerio Público investigó a la empresa controlada por Carlos Délano y Carlos Lavín, la que financió ilegalmente a políticos.

El 21 de septiembre de 2016 Guerra le escribió a Hermosilla a través de WhatsApp: “Lucho le escribí a Andrés ya que me preocupa los escasos avances destinados a ir terminando las situaciones relativas a gente de la UDI en Penta así como lo relativo a Stgo Valdes”.

Cuando habla de Andrés, se refiere a Andrés Chadwick, histórico líder de la UDI y exministro del Interior. Santiago Valdés fue administrador electoral de una de las campañas presidenciales de Sebastián Piñera, y estaba como imputado en la investigación del financiamiento ilegal de la política (vea reportaje “Chats del exfiscal Guerra con Luis Hermosilla: coordinación con Chadwick durante el Caso Penta y solicitud de trabajo mientras estaba en la fiscalía”).

Esta es una de las causas más sensibles que actualmente revisa el Fiscal Regional de Arica. Lo es porque el historial de Manuel Guerra está manchado por las decisiones que tomó en la indagatoria, como excluir el delito de soborno contra Délano y Lavín -lo que redundó en que los empresarios fueran condenados a pagar una multa y asistir a clases de ética-, o evitar llevar a juicio al senador Iván Moreira, quien había reconocido el financiamiento ilegal desde Penta.

El 22 de octubre pasado el fiscal Mario Carrera recibió 14 minutas, correos electrónicos y sentencias desde la Fiscalía Nacional, documentos utilizados como apoyo a la investigación de la Fiscalía Oriente respecto de Penta entre 2014 y 2018. Entre esos archivos está el informe donde la Uldecco se opuso a que la investigación sobre Délano, Lavín y Pablo Wagner -exsubsecretario de Minería que había recibido pagos desde Penta-, terminara con un juicio abreviado.

En un informe de 18 páginas, la Uldecco entregó sus argumentos de porqué el entonces fiscal Guerra no debía acceder a un juicio abreviado para Délano, Lavín y Wagner. A pesar de esa recomendación, Guerra igualmente le otorgó esa salida a los empresarios. El informe finaliza así: “Al menos en los términos actuales en que se encuentra establecida la propuesta de los abogados defensores se sugiere al Fiscal Regional que consulta, no acceder a dicha proposición” (revise aquí el informe completo).

El fiscal Carrera también solicitó a la Fiscalía Oriente el expediente completo del Caso Penta, y todas las solicitudes que se hayan realizado por los intervinientes en el sistema interno del Ministerio Público.

La cláusula de la venta de Dominga

La compraventa de la Minera Dominga fue investigada por primera vez por el entonces fiscal Manuel Guerra en 2017. En esa indagatoria el Presidente Sebastián Piñera fue sobreseído, luego de que Guerra consideró que no existían ilícitos. En el negocio participaba la familia Piñera Morel, quienes eran aportantes mayoritarios del fondo que le vendió el proyecto a la familia de Carlos Délano, amigo de Piñera.

Cuatro años después, la investigación periodística de los Pandora Papers -que dio cuenta de una filtración de millones de archivos relacionados con actividades en paraísos fiscales-, destapó públicamente la existencia de una cláusula donde se condicionaba una parte del pago por Dominga a que la zona en que se iba a desarrollar no fuera protegida ambientalmente. El contrato se firmó durante el primer gobierno de Piñera (vea aquí el reportaje de Ciper y La Bot).

Esa cláusula fue conocida por el fiscal Guerra, pero nunca fue expuesta al tribunal que revisó la decisión de cerrar la causa de 2017. La revelación contenida en los Pandora Papers gatilló que el Ministerio Público volviera a investigar la compraventa de Dominga, ahora a cargo de la Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich. La nueva indagatoria tampoco llegó a puerto. En enero pasado, antes del fallecimiento de Piñera, la fiscalía solicitó el cierre de la investigación.

Ahora, el fiscal Mario Carrera tiene en su escritorio informes y minutas que sirvieron de apoyo durante el desarrollo de la causa. Entre esos documentos aparece uno firmado por la Uldecco en octubre de 2021, donde se establece que el Presidente de la República sí tiene facultades para decretar la protección ambiental de ciertos territorios. Eso es importante porque significa que Piñera pudo haber influido en que la zona donde iba a operar Dominga no fuera protegida ambientalmente y así liberar el camino para la última cuota del pago.

“Se ha podido constatar que la concesión de protección ambiental de determinadas zonas geográficas del país constituye una facultad que cae dentro de la esfera de competencia del Presidente de la República. Si bien el proceso de evaluación de impacto ambiental (y por lo tanto, la concesión de autorizaciones ambientales) constituye un ámbito donde no interviene directamente la institución de la presidencia de la República, también es posible constatar los estrechos vínculos de dependencia funcional y política que ligan a la figura presidencial con los tomadores de decisiones que aparecen como pertinentes para los efectos del presente análisis”, indica la minuta de la Uldecco (vea la minuta completa aquí).    

En los documentos enviados por la Fiscalía Nacional al fiscal Mario Carrera, se incluyó un email donde se propone un borrador que sería enviado al Servicio de Impuestos Internos (SII), cuando se reabrió la causa por la compraventa de Dominga en 2021. En ese borrador se solicitaba al SII que iniciara un proceso de recopilación de antecedentes, fundado en que la mayor parte del negocio se había finiquitado en una jurisdicción de baja o nula tributación.

Una parte de ese archivo, menciona: “En relación con el reportaje publicado por los medios de comunicación CIPER y LaBot, denominado “Pandora Papers: Familias Piñera y Délano sellaron compraventa de Minera Dominga en Islas Vírgenes Británicas”, se informe si el esquema descrito en aquél guarda similitudes en cuanto a su estructura al Caso 19 incorporado en el “Catálogo de Esquemas Tributarios” elaborado por este Servicio” (vea aquí el borrador).

El “caso 19” incluído en los esquemas tributarios que el SII define como fórmulas para obtener ventajas tributarias indebidas, considera la opción de que un Fondo de Inversión Privado (FIP) sea utilizado para lograr mejores condiciones tributarias en beneficio de un grupo empresarial. Fue justamente un FIP (“Mediterráneo”) el vehículo con el que la familia Piñera participaba en la propiedad de la Minera Dominga. Y también a través de un FIP (“Rucapangui”), la familia Délano compró la parte de Dominga que se transó en Chile.

No hay claridad de si finalmente la fiscalía solicitó al SII que iniciara un proceso de recopilación de antecedentes. Lo que sí sabemos, es que en el segundo gobierno de Piñera existía extrema preocupación respecto de la arista tributaria de la compraventa de Dominga. Cuando en noviembre de 2021 el Congreso iba a votar la acusación constitucional contra el entonces mandatario, la que se activó luego de la revelación periodística de los Pandora Papers, en La Moneda insistieron en que el pago de impuestos estaba en regla.

Recién en marzo de 2022, Ciper tuvo acceso a un documento reservado del SII donde se estableció que los US$140 millones que se pagaron por Dominga en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, no pagaron impuestos cuando se enviaron y distribuyeron en Chile. La norma tributaria vigente en la época (2010), permitía que los tributos no se pagaran hasta que los beneficiarios finales del negocio retiraran las utilidades (vea reportaje).

ARCHIVOS BAJO REVISIÓN

En los chats entre Manuel Guerra y Hermosilla -revelados por The Clinic-, existen mensajes donde el entonces fiscal y el abogado conversan sobre una causa por tráfico de influencias que pesaba sobre el senador Manuel José Ossandón (RN). En ella se acusaba al parlamentario de intervenir en una decisión de la Municipalidad de Pirque en beneficio de una empresa en la que era socio su hijo, y que ejecutaba un negocio en el Río Maipo.

Chat de junio de 2020:

Guerra: Para tu conocimiento e información de tus amigos del gobierno.

Guerra: Pronto formalizaremos a Ossandon por tráfico de influencias.

Hermosilla: Tema Pirque?

Guerra: Si.

Guerra: Lo estamos invitando a declarar y con eso estaremos ok para pedir audiencia de formalización.

El 11 de agosto de 2020 vuelven sobre el tema:

Guerra: Tú me puedes averiguar qué quiere el gobierno respecto de Ossandon?

Hermosilla: Yes.

Hermosilla: Te aviso.

Luego de que se conocieran esos chats, el senador Ossandón declaró a The Clinic que “esta era una operación política que venía del corazón de La Moneda, estoy seguro”. El senador presentó una denuncia contra Guerra y Hermosilla.

En esa causa Ossandón fue formalizado por tráfico de influencias en agosto de 2020, y luego sobreseído a inicios de 2022, luego de que la Fiscalía no consiguiera su desafuero.

Entre los antecedentes que desde la Fiscalía Nacional le enviaron al fiscal Carrera respecto de esta causa, se cuenta un correo electrónico donde la Unidad Anticorrupción informa el apoyo que prestó en la indagatoria. El correo es del 21 de octubre pasado:

“Fue asesorada desde la perspectiva del área de análisis, colaborando con levantamientos patrimoniales y revisiones de pericias. Se realizó un informe sobre el delito de tráfico de influencia y se revisó el escrito de desafuero, el cual fue rechazado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Asimismo, se asesoró en la inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de la procedencia del recurso de apelación por parte del Ministerio Público cuando el recurso fuere rechazado. La norma respectiva se declaró inaplicable”.

Además, se allegaron a la investigación de Carrera una serie de correos electrónicos enviados en el transcurso de esa causa al entonces Fiscal Regional Manuel Guerra.

Lo mismo ocurrió respecto de la indagatoria sobre delitos de corrupción en la Municipalidad de La Florida. Allí, un informe de la Contraloría detectó irregularidades en el manejo de recursos por parte de la corporación municipal. La causa, que estuvo a cargo de la Fiscalía Oriente cuando Guerra estaba al mando, no llegó a puerto, y se cerró con la decisión de no perseverar.

En 2023, cuando ya había renunciado al Ministerio Público, Manuel Guerra arribó al municipio de La Florida contratado por el alcalde Rodolfo Carter como “defensor de la gente”. Renunció a la municipalidad cuando se revelaron sus chats con Luis Hermosilla.

Un informe enviado a Carrera por la Unidad Anticorrupción, dio cuenta de que la causa de La Florida estuvo a cargo de seis fiscales distintos entre 2018 y 2021.

Entre las diligencias pendientes de la investigación del fiscal Carrera, se cuenta la declaración que deberá prestar el amigo y socio histórico de Hermosilla, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, quien aparece en los chats alojados en el celular del abogado penalista. Allí se lo nombra como partícipe de reuniones con el exFiscal Regional Oriente, las mismas que habrían servido para darle una salida a causas como la del financiamiento ilegal de Penta a la política.