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Opinión

18 de Octubre de 2014

Más Estado en el financiamiento de la política

Cabe destacar que el financiamiento público no consiste simplemente en entregar más recursos a los políticos para su uso y goce a discreción, sino por el contrario, se trata de ser consecuentes con el objetivo de promover el bien común y el interés general por sobre los intereses particulares de sectores económicos.

Alvaro Castañón
Alvaro Castañón
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El señor del maletín es probablemente uno de los más grandes propulsores de cambios en nuestra política. A él le debemos el “Caso Penta”, y mucho antes, el caso MOP-Gate que en el año 2003 llevó al histórico acuerdo entre Insulza y Longueira, en el cual se pactó nuestra actual regulación de la relación entre Dinero y Política: la Ley 19.884 sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral.

Según prensa de la época, la Ley 19.884 tuvo su origen en la necesidad de los candidatos y partidos de contar con un financiamiento estatal mínimo y no sólo privado, así como en instaurar mecanismos de control del financiamiento a cargo del Servel. Fue así como se nos dijo que el señor del maletín se iba para siempre.

Sin embargo, los problemas se tornarían evidentes. Los aportes estatales que consagró la ley en el año 2003 no vinieron a contrarrestar la presencia de los aportes privados en el financiamiento de la política, y de esta forma, el trabajo realizado por el señor del maletín siguió siendo una necesidad con actividades menos transparentes a ojos de los ciudadanos.

Con el paso del tiempo, las malas prácticas y la vulneración de la ley se han hecho evidentes. Por lo mismo, hoy parece urgente – aunque bastante impopular – promover que la inversión de privados sea asumida por el Estado, dotando de mayor financiamiento público a la actividad política y reduciendo la relevancia que hoy tienen las empresas en el éxito de determinadas campañas.

Cabe destacar que el financiamiento público no consiste simplemente en entregar más recursos a los políticos para su uso y goce a discreción, sino por el contrario, se trata de ser consecuentes con el objetivo de promover el bien común y el interés general por sobre los intereses particulares de sectores económicos.

En un sistema donde el Estado realiza aportes significativos a las campañas, se puede exigir a los partidos y centros de formación política mayores cuotas de transparencia, apertura de canales de acceso a la información, garantías de mayor participación y democracia interna; triangulando los actores que están habilitados para recibir financiamiento, y disminuyendo las posibilidades de que ingresen donaciones indirectas y que intentan capturar la actividad política.

Los beneficios de aumentar el financiamiento público son variados: en la esfera política, donde los candidatos tendrán un piso mínimo de financiamiento con el cual podrán operar sin tener en continuo peligro su existencia o independencia de intereses particulares. En materia de competencia gana la igualdad, pues veremos como se empareja la cancha para competir en las distintas elecciones, fomentando la creación de partidos políticos como vía institucional para generar los cambios. Y finalmente, en materia de transparencia, se apunta a una mejor detección de los eventuales conflictos de interés y malas prácticas, generando un incentivo virtuoso a no cometerlas.

El caso MOP-Gate nos llevó por un camino de reforma donde los acuerdos políticos hicieron perpetuar un sistema peligroso. Hoy, con el “Caso Penta” vemos en primera plana los efectos de una legislación que quedó corta. Una reforma a nuestro sistema de financiamiento de la política es urgente, pero ahora es nuestra misión contener los intereses políticos y promover una reforma donde se consagre un compromiso por parte del Estado que fortalezca las confianzas y proteja nuestra democracia frente a las realidades con las que opera el señor del maletín.

* Coordinador Legislativo,
Fundación Ciudadano Inteligente
@ciudadanoi

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