La tormentosa discusión que dejó coja la Reforma Educacional

A pesar de la alegría que podría generar la aprobación del primer proyecto de ley de la Reforma Educacional que impulsa el Gobierno, pocos celebraron ayer en el Congreso. Tras una dura votación, en la que la Nueva Mayoría sacó a relucir sus diferencias sobre puntos clave del proyecto que pone fin al copago, lucro y selección, el resultado estuvo lejos de ser una victoria para el oficialismo. Dividido ante indicaciones que redefinían el diseño propuesto por el Mineduc, el rechazo a las penas de cárcel para los sostenedores que lucren con fondos públicos y posteriormente permitir el arriendo de establecimientos educacionales a sostenedores que no fueran dueños del inmueble, dispersó al extremo a las huestes del oficialismo. Sobre todo con respecto al arriendo de establecimientos, una indicación ingresada por el Ejecutivo luego de intensas negociaciones con los sectores más conservadores del conglomerado, especialmente con la DC y su presidente, Ignacio Walker, quien ahora tendrá un rol preponderante en el trámite del proyecto en la Comisión de Educación del Senado.

Furia en la Nueva Mayoría

Apenas terminada la votación, el diputado Fuad Chahín salió de la sala de la Cámara y se dirigió al también DC Andrés Palma, Secretario Ejecutivo de la Reforma Educacional. “Fuimos el único partido que votó el proyecto tal como lo presentó el Gobierno”, le dijo el parlamentario. A esa hora, recién rechazada la indicación sobre arriendos para sostenedores, los ánimos estaban muy caldeados. El propio ministro Nicolás Eyzaguirre, visiblemente ofuscado tras el resultado, estuvo a punto de no hacer un punto de prensa, poco después que el diputado Fidel Espinoza (PS) lo acusara de “mirar al techo” cuando se debía aprobar la indicación de cárcel al lucro. Considerada como la verdadera herramienta para espantar el lucro en el sistema educativo, la indicación quedó fuera del proyecto final por apenas tres votos, lo que impidió consignar en el cuerpo legal que la malversación de recursos públicos destinados a establecimientos educacionales puedan condenar a los sostenedores a un presidio menor.

Fueron 56 votos a favor versus 51 en contra y ocho abstenciones que echaron por tierra las pretensiones de los integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara. Aunque el mismo Espinoza lo vaticinó horas antes de la votación, la abstención de los PPD Pepe Auth (PPD), Jorge Tarud, Marco Antonio Núñez, Joaquín Tuma, Daniel Farcas y los DC Ricardo Rincón, Iván Flores y Fuad Chahín, caló hondo. Tanto así, que posterior al rechazo a esa indicación los parlamentarios cumplieron la amenaza de no aprobar la indicación de arriendo de colegios, revelando el desorden que provocó la libertad de acción que las bancadas de la DC, PRSD y el PPD resolvieron sobre ese tema.

Lo anterior, anunciado por Giorgio Jackson y los parlamentarios de la Nueva Mayoría que impulsaban esa indicación, como Cristina Girardi, Rodrigo González el propio Espinoza y las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, motivó el enojo de la DC, generando un nuevo capítulo de confrontación entre los sectores más distantes al interior del oficialismo. “El lucro con fondos públicos en educación sí tendrá sanciones, desde multas hasta la pérdida del reconocimiento. Seamos serios”, dijo el jefe de bancada falangista, Matías Walker, poco después de terminada la votación.

“Tal como muchos de nosotros hemos opinado a favor de despenalizar el consumo de marihuana o el aborto en caso de violación, es legítimo plantear también que hayan otras sanciones, que en este caso pueden ser muy fuertes. Pasar de un día para otro de la institucionalización del lucro a la penalización con cárcel nos parecía un exceso y por eso se decretó libertad de acción”, señaló el parlamentario DC.

A sus críticas se sumaron las del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara, Mario Venegas, quien acusó como una “rabieta de algunos” la pérdida de la indicación ingresada al proyecto por el Ejecutivo. Sus palabras tuvieron eco inmediato en el PS Fidel Espinoza, quien disparó con todo diciendo que consideraba lamentable que 14 parlamentarios de la Nueva Mayoría no lo quisieron. “Cuando nos piden lealtad en la comisión de Educación, actuamos lealmente y votamos todas las indicaciones, pero eso tiene que ser hasta el final, no solo cuando nos conviene”. Además, Espinoza criticó a la DC diciendo que esa tienda pidió aprobar la indicación que saca el lucro de las Agencias de Asistencia Técnica Educacional (ATE), pero no apoyó el de cárcel al lucro. “Era un acuerdo político y lo votamos a favor porque nosotros los socialistas, a diferencia del señor Walker, respetamos los acuerdos políticos, no hacemos acuerdos en la cocina de alguien en particular, como él está acostumbrado con su familia” y agregó “aquí hay miedo, hay diputados que también tienen familiares que están seguramente con colegios particulares subvencionados y que han lucrado”.

El enredo en el Senado y el rol de Walker

El problema de la tramitación del proyecto ahora se devuelve al Mineduc, que deberá reingresar la indicación que posibilita el arriendo en la Comisión del Senado, donde se augura que la labor de Ignacio Walker terminará inclinando la balanza para uno u otro sector. El punto no es menor, considerando que ha sido el principal crítico al diseño propuesto por Eyzaguirre, quien anteriormente incluso consideró que la compra de inmuebles por parte del Estado sería un derroche de dinero en fiscal “en fierros”.

Eso sí, el senador no tendrá libre acción para proponer modificaciones al proyecto, ya que es de exclusiva competencia del Estado ingresar indicaciones que comprometan recursos estatales. Algo que no ocurre con la indicación de cárcel al lucro, que podría perfectamente ser reingresada por los otros senadores de la Nueva Mayoría en la Comisión: Fulvio Rossi (PS) y Jaime Quintana (PPD).

Con todo, en el Mineduc intentaron destacar la aprobación en general del proyecto y restarle importancia a las diferencias, aunque fuentes desde esa cartera reconocieron que no estaba contemplado “perder” en esa votación y que el nuevo escenario tendrá por delante un duro escollo en la Cámara Alta. “Ya tenemos la mitad de este proyecto, que aunque suene abstracto es absolutamente central, porque es el que permite que efectivamente sean las familias las que elijan los colegios y no sea su condición cultural, económica o cualquier discriminación de las que pudieran ser objeto de los que decidan las oportunidades de nuestros niños”, destacó el titular del Mineduc.

Sin embargo, Eyzaguirre señaló que no les correspondía hablar de triunfo o derrota política, porque tanto a él como a la Presidenta les preocupaba el bienestar de los niños. “Yo he insistido, no quiero tener un tono confrontacional, nunca ha sido mi estilo, que nosotros procuraremos dar todas las garantías del Estado para que los sostenedores particulares subvencionados que tengan una vocación educacional fuerte, que son la inmensa mayoría, puedan continuar con su emprendimiento sin contratiempo alguno”, agregó.

Junto a eso, el ministro desestimó las críticas del diputado Espinoza y señaló sobre la indicación de cárcel al lucro que era un tema “sobre el cual debemos ahondar en exceso, porque marcará una línea divisoria”. “Es un tema que tenemos que discutir en el Senado. Desgraciadamente como he señalado, esta es una vía plausible, digna de estudio, no obstante, el problema es que no existen muchos precedentes en el orden judicial. Lo que puedo decirle a todos los diputados que apoyaron el proyecto de la Nueva Mayoría es que el lucro no va a quedar sin sanción, la sanción será suficientemente fuerte para que nadie ose de estar haciendo malversaciones”, aclaró.

Donde sí hubo celebración en la Nueva Mayoría fue en la aprobación de la norma introducida por la diputada y ex ministra de Educación Yasna Provoste, que establece que las Agencias de Asistencia Técnica Educativa (ATE) deberán estar constituidas como sociedades sin fines de lucro. Este artículado se aprobó por 60 votos a favor, 42 en contra y 11 abstenciones. Respecto de la selección, el proyecto también pone fin a la selección y regula los procesos de postulación y admisión de los estudiantes, a través de un sistema que garantice los principios de transparencia, equidad, no discriminación arbitraria -con la inclusión de la “Ley Zamudio” en la Reforma-, educación inclusiva y accesibilidad universal, tal como lo precisa su cuerpo legal. Además, las indicaciones que aseguran que en el proceso de postulación los padres podrán directamente postular a los establecimientos a través de un registro público, prohibiéndose expresamente la realización de entrevistas o la solicitud de antecedentes como condiciones socioeconómicas o el pago de algún cobro por la postulación.

Acá el detalle de la votación de la indicación de cárcel al lucro: