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Hasta hoy han transcurrido 4 meses y 18 días desde que Hugo Bravo, el ex director de Penta, fue despedido del holding el 14 de julio, luego que se conocieran sus relaciones con el fallecido martillero Jorge Valdivia, quien logró que el ejecutivo recibiera devoluciones ilegales del FUT por 260 millones.

Así se desprende de la contestación de los controladores del grupo, Carlos Alberto “choclo” Délano y Carlos Eugenio Lavín, a la demanda laboral interpuesta por Bravo en el Segundo Juzgado del ramo, donde exige $ 2.300 millones por despido injustificado, entre otros conceptos. Sin embargo, poco se conoce de la interna antes de su despido.

En el documento que publica The Clinic Online, Délano y Lavín -a través de sus abogados- entregan su versión de cómo paulatinamente Bravo fue cayendo en desgracia hasta que el fiscal oriente Carlos Gajardo le incautó su computador y la contabilidad de dos sociedades a fines de julio. Esto, luego que Valdivia, unos días antes de morir decidiera contar su verdad.

Según “los Carlos” todo comenzó el pasado 11 de abril cuando el diario La Segunda publicó que la fiscalía había descubierto al reclutador de “clientes” para defraudar el fisco con las devoluciones del FUT. Era nada menos que Jorge Valdivia.

Según la presentación, Délano y Lavín quedaron espantados. Valdivia era el sujeto a quien veían cotidianamente en las oficinas de Penta. El vespertino daba cuenta de sus vínculos con la CNI y de su condena por el porte de una granada de guerra en la Fiscalía Militar, entre otros detalles.

Ahí, aseguran, cayeron en la cuenta que Bravo había incumplido la orden: prohibirle la entrada a Valdivia al edificio ubicado en el Bosque Norte.

Bravo, según la versión de “los Carlos”, reconoció el vínculo con Valdivia; que le pagaba con platas de Penta por razones humanitarias y que el grupo no estaba vinculado en la investigación de la fiscalía.

El 15 de abril -sigue el relato legal- hubo una nueva reunión. En el encuentro -a través de una carta- Bravo reconoce nuevamente su relación con Valdivia.

Transcurrieron casi tres meses. Bravo seguía trabajando en Penta, cuando el 8 de julio el contador del grupo, Marcos Castro fue citado a declarar por el fiscal Gajardo. Este último resolvió realizar la diligencia no sólo por los dichos de Valdivia, sino también por el testimonio del ex fiscalizador del SII y cerebro del fraude al FUT, Iván Álvarez, preso desde diciembre de 2013. Este último aseguró que las platas que le pagó Penta por sus asesorías, unos $ 4 millones, los retiró en las oficinas de la empresa y se los entregó Castro.

Castro acompañado de un abogado del estudio Alcaíno, que trabaja para Penta, no tuvo cómo desmentir los hechos frente al fiscal.

Estrés inimaginable

La presentación no lo dice, pero se desprende que en Penta se había preparado un detallado informe con lo que sabía el fiscal y los alcances de los vínculos de Bravo. Por esta razón, al día siguiente, el 9 de julio, se produce una nueva reunión. A ésta concurren Bravo, Lavín, Délano y el ex canciller Alfredo Moreno, quien funge como director en el holding.

Debido a la serie de publicaciones sobre el caso FUT, Bravo tuvo que reconocer en dicho encuentro que había recibido 260 millones a través de las sociedades Santa Sarella y Challico. Paralelamente la investigación de la fiscalía avanzaba a pasos agigantados.

El 10 de julio Lavín -de acuerdo a su versión- se reunió con Bravo donde le planteó que con todos los hechos que ya se conocían había una seria incompatibilidad con las normas de la empresa. Allí se resuelve echarlo con viento fresco, pero se buscó “la forma de salir de esto de la mejor manera”.

“Su despido no tuvo formas humillantes e indignas, todo lo contrario, se buscó, y él estuvo de acuerdo, con la fórmula más elegante, por decirlo de alguna manera, para realizar su desvinculación (…) y se comunicó a terceros su retiro por motivos de salud, en lugar de hacer una declaración pública señalando el verdadero motivo de su separación”, dice el libelo. La fórmula usada, también se ejecutó para no empeorar su situación procesal “y para evitar enlodar la imagen del demandante y no perjudicarlo con su defensa”, revela el escrito.

Cuatro días más tarde, el 14 de julio se produce una nueva reunión. En esa oportunidad, se lee en la presentación, Bravo es formalmente despedido y se coordina el pago de 45 millones de pesos, que le había pagado a Valdivia desde la sociedad Penta III. Igualmente, Bravo firmó un pagaré por poco más de $ 62 millones, los que cancelaría en 12 cuotas de $ 5 millones 209 mil pesos, aunque el libelo no detalla a título de qué.

Sin embargo, Lavín, Délano y sus abogados olvidaron un detalle: si bien Bravo renunciaba a todos sus cargos de director en distintas sociedades del grupo, olvidaron dejar por escrito el despido respecto de su empleador, es decir, Penta III Limitada.

“Sin embargo, pese a las renuncias a los directorios y la separación efectiva del señor Bravo de las empresas del grupo, incluida la demandada (Penta III), pasó inadvertido el hecho que no se había dejado constancia por escrito el despido del demandante respecto de su empleador Inversiones Penta II Limitada. Este hecho que podría parecer a primera vista un error grueso, a la luz de los años que prestó servicios el señor Bravo a las distintas empresas del grupo Penta y la jerarquía que detentaba en él, no es una demostración más de la buena fe de nuestra representada ha actuado en este asunto confiando más en las conversaciones ‘entre caballeros’”, escribieron los abogados de Lavín y Délano.

Hecho no común

Volviendo al relato principal, el 17 de julio el gerente de administración y finanzas de Penta, Óscar Buzeta emite un comunicado, señalando que Bravo había decidido retirarse, toda vez que agradecían los años trabajados, previo informe a las superintendencias de Bancos y la de Valores. El hecho provocó sorpresa en el mercado, atendida la fama de Bravo en el medio y la cercanía con “los Carlos”.

Al día siguiente, el 18 de julio, Bravo presenta una licencia médica, hecho del que se enteraron tardíamente Lavín y Delano. Diez días más tarde, se produce una nueva reunión. Esta vez en el estudio de abogados Alcaíno. Allí se firma un finiquito por $ 29.750.000 que correspondía al tiempo trabajado desde 2010 a 2014 en Penta, porque los otros 23 años los laboró en otras empresas del grupo. Para formalizar el asunto, el 29 de julio el notario Patricio Raby en persona -hecho poco común- concurre a la casa de Bravo en San Damián, donde se formaliza el documento. Allí, según “los Penta” aceptó todos y cada uno de los documentos y su contenido, cuestionando que haya actuado bajo un estado de inestabilidad mental.

Coincidencia o no, ese mismo día el SII, durante la mañana, denunció a Bravo por fraude tributario en el Ministerio Público Oriente. La presentación era lo que necesitaba Gajardo para indagarlo por delito impositivo. El fiscal allanó el mismo día las oficinas de Penta durante la mañana y requisó la contabilidad de 60 ó 70 sociedades pequeñas, publicó en su oportunidad La Segunda.

De allí en adelante comenzó la caída no sólo para Bravo, sino también para Lavín, Délano, y las esposas de los dos primeros. Y esto porque el SII -el 26 de agosto- los denunció por fraude tributario, ya que giraron boletas de honorarios a nombre de sus cónyuges por trabajos no realizados, provocando un perjuicio fiscal superior a los $ 400 millones.

Lea la contestación completa de “los Carlos”