Pentagate: Golborne optaría a salida alternativa que implica reconocimiento parcial de los hechos y fin de la investigación

A fines de octubre, antes de partir a un viaje familiar a Estados Unidos, el ex candidato UDI, Laurence Golborne, acudió a declarar ante el fiscal Carlos Gajardo. Lo hizo, consignan fuentes cercanas al otrora ministro, en compañía del abogado Juan Pablo Kinast (exfiscal jefe de la Región del Maule) y de forma voluntaria, aunque en calidad de imputado.

Esto debido a que su nombre se ha vinculado al caso Penta a raíz de que Vox Comunicaciones, empresa que fundó en septiembre de 2009 y de la que se desligó al ingresar al Gobierno, para reintegrarse en 2014, habría entregado facturas al holding Penta durante el año 2013 cuyo destino habría sido la fallida precampaña presidencial de Golborne. El personero negó estas imputaciones ante Gajardo y precisó que él, como persona natural, y Vox como empresa, prestaron asesorías a Penta, lo que explicaría los pagos.

En paralelo, sin embargo, el ingeniero civil industrial está en conversaciones junto a Kinast -que también tiene la representación de Vox y que conoce a Gajardo desde el periodo en que ambos eran fiscales en el Maule-  para una “suspensión condicionada del procedimiento” que, afirman fuentes del caso, consiste en un reconocimiento parcial de los hechos que caen en la categoría de falta tributaria, no de delito, y que tiene beneficios para quien está siendo indagado.

El acuerdo se traduce en que el fiscal Gajardo, una vez formalizado Golborne y los ejecutivos de Vox, procede a ofrecer suspender la investigación en curso si los implicados aceptan someterse a ciertas condiciones, entre ellas, por ejemplo, el pago de una multa si existió algún perjuicio al Estado. Luego de un periodo determinado, de uno a tres años, y  si se cumple con las condiciones impuestas, -que podrían implicar, por ejemplo, trabajo comunitario-, y no existe una nueva investigación en contra de los imputados, se termina la acción penal.

La negociación debe ser aprobada por un Juez de Garantía, que es quien impone las condiciones, y sólo procede cuando no hay antecedentes criminales y si la pena a la que se exponen quienes se acogen a este beneficio no supera los tres años y un día.

Este punto es crucial, detallan fuentes de la causa, por cuanto implica que Gajardo estaría admitiendo, en los hechos, que no tiene pruebas suficientes como para sostener una acusación en caso de formalizar a Golborne y los ejecutivos de Vox ya que, apuntan, no habría, como en otros casos, correos electrónicos comprometedores.

Consultado por la situación, Golborne prefirió no referirse al tema.

POCA VERGÜENZA
Ayer el diario La Tercera publicó la transcripción de una grabación entre el exgerente de Penta, Hugo Bravo y uno de los dueños de la empresa, Carlos Eugenio Lavín, que fue valida en el juicio laboral que enfrenta a Bravo con quienes por años fueron sus empleadores. En ella, Bravo afirma “le pagué $ 100 millones a Pablo Longueira, en efectivo. Otro tanto a (Laurence) Golborne y a un monton de (personas)”.

Sobre Golborne asegura que se entregó dinero “contra boletas” a una “sociedad de él, (que está) afuera. Y se le pagó antes y después, como $ 400 millones”, hecho que ha sido categóricamente desmentido por el exministro a sus cercanos.

En la conversación también relata que a “Ena von Baer, se le pagó cuando era precandidata acá, cuando era candidata acá y después en el sur” y que estos fondos fueron “contra boletas de terceros. Y yo creo que tiene que haber alguna boleta de Jovino Novoa metida. En efectivo fue a Pablo Longueira, antes y después, deben haber sido $ 140 o $ 150 millones. Que los millones los cobraba en efectivo y los sacaba del Banco Penta. Ningún otro banco me entrega $ 50 millones (en billetes) sin preguntar”.

También agrega que “(giré) cheques míos a (Iván) Moreira. (…) Y Zalaquett, que nos pidió en efectivo, que nos pidió (Carmen) ‘Coca’ de Castro. No me acuerdo de los otros candidatos. Algo le pasó el ‘choclo’ (Délano) a Ernesto Silva, en efectivo”.

Ante estos antecedentes, la UDI en pleno salió a responder: Silva negó cualquier aporte irregular a su campaña; Moreira destacó que no ha cometido ningún delito; Von Baer dijo que “todo el financiamiento de mi campaña se hizo absolutamente ceñido a la ley”; y Zalaquett arguyó que “jamás he recibido ningún dinero en efectivo ni lo he solicitado, tanto quien habla como mi jefa de campaña, al grupo Penta”.

En el almuerzo de bancada en Valparaíso, el tema fue abordado en profundidad. Silva explicó que consideró relevante precisar su situación, que el tema se ha sustentado en “filtraciones de alguien que está siendo requerido por la ley” y que el peso de la prueba no recae en la UDI, sino en Bravo. El diputado José Antonio Kast, en tanto, se refirió a la “poca vergüenza” de la Nueva Mayoría en la relación a que “si existe un problema de financiamiento de la política es transversal, no es un tema sólo de la UDI y ellos lo saben”.

En esta línea, altas fuentes del gremialismo aseguran que más allá de los pasos que siga Gajardo en el caso, en algún momento, “va ser necesario un acuerdo político con el gobierno”.