Carlos Peña culpa al Gobierno por malestar ante alza de aranceles: “No debiera desentenderse de los vientos que sembró al prometer gratuidad”

El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, se refirió a la polémica por el alza en los aranceles de las instituciones privadas de educación superior, asegurando que la realidad “choca hoy con las expectativas de gratuidad y, en cualquier caso, de menores costos que el gobierno ha sembrado entre los estudiantes”.

“En general, los costos de las universidades, que se concentran mayoritariamente en sus recursos humanos, se encuentran indexados a la variación que experimente el IPC. Esta circunstancia, por supuesto, no exime a las universidades de hacer esfuerzos para no encarecer sus aranceles; pero ciertamente les impide rebajarlos. Si lo hicieran, ello sería, tarde o temprano -no vale la pena engañarse-, al costo de reducir sus plantas académicas, sus funcionarios o sus proyectos de investigación”, explica en una carta enviada al director de El Mercurio.

“El resultado hasta ahora es el peor de todos: los estudiantes se sienten defraudados en las expectativas de gratuidad que se esparcieron entre ellos, y demandan entonces su cumplimiento, siquiera parcial, a las instituciones a las que pertenecen. Pero estas son, justamente, las que no pueden satisfacerlas. ¿Cómo podrían hacerlo sin disminuir sus plantas académicas y deteriorar el conjunto de su quehacer? La situación afecta, desgraciadamente, a las instituciones que han hecho más esfuerzos por hacer más plural y diversa su población estudiantil. Y es que los sectores medios recién incorporados a la educación superior son los que más resienten la inconsistencia entre la gratuidad prometida por el Gobierno, por una parte, y la realidad de la economía política de las instituciones de las que forman parte, por la otra”, asegura el abogado.

Si bien para Peña “por supuesto que no está en las manos del Gobierno resolver de una plumada esta situación, y quizá tampoco sería correcto o justo que lo hiciera de manera uniforme y para todas las instituciones sin considerar su índole estatal o no, sus niveles de transparencia o su complejidad; pero en cualquier caso, el Gobierno no debiera desentenderse de los vientos que ha sembrado al prometer gratuidad como si ello estuviera a la vuelta de la esquina”.

“Una manera en que el Gobierno podría ponerse a la altura del problema sería que explicara, siquiera en sus líneas básicas, de qué forma satisfará la promesa de gratuidad que formuló. Así, se sustituiría una promesa que es hasta ahora un rostro sin facciones, por una directriz de política pública que ordenaría las expectativas y favorecería el escrutinio por parte de los ciudadanos”, propone el académico.

“No hay nada peor en política que agitar las expectativas sin preocuparse y sin explicar, como cosa previa, de cuándo, cómo y a qué ritmo podrán satisfacerse. Los resultados de no hacerlo ya se están viendo en el sistema universitario. Las promesas de gratuidad han deteriorado la legitimidad del cobro de aranceles sin que la economía política de las instituciones, estatales o no, se haya modificado en lo más mínimo. Las instituciones parecen así obligadas a soportar las frustraciones de sus estudiantes, sin tener ninguna posibilidad de resolverlas”, sentencia Peña.