Niños Migrantes colegio A1

Con una votación de 6 contra 4, la comisión unida de Educación y Hacienda resolvió aprobar una indicación que fortalece la inclusión de la Ley Anti Discriminación (también llamada Ley Zamudio) y despejar uno de los puntos en conflicto entre los senadores de la Nueva Mayoría y DC en el proyecto de inclusión.

A comienzos de esta semana, cuando correspondía votar esta misma indicación, los senadores acordaron postergar la votación para negociar y buscar un consenso que incluyera la posición de lo acordado en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y lo propuesto por la DC, sacando la parte del texto emanado por los diputados que dejaba fuera como única excepción la libertad de enseñanza.

De esa forma, los colegios podrían seleccionar con criterios como el proyecto educativo. La idea se enredaba aún más con el apoyo de los senadores de la Alianza, liderados por Andrés Allamand, que buscaban mantener a la libertad de enseñanza por sobre el cuerpo legal anti discriminación. Esto, dado que la naturaleza de la actual Ley Zamudio así lo permite.

Pero tras la votación de ayer, el proyecto de ley robusteció una de las premisas de no selección que lleva adelante el primer proyecto de la Reforma Educacional impulsada por el actual Gobierno. La inclusión de este acápite fue celebrada por los senadores de la Nueva Mayoría de ambas comisiones, así como organizaciones anti discriminación como la Fundación Iguales, quienes alertaron sobre lo que se jugaba en esta indicación y se asistieron estas semanas en el Congreso buscando convencer a los parlamentarios.

El senador PS y presidente de la comisión conjunta, Fulvio Rossi, dijo al terminar la sesión de ayer que con la mejora de ese cuerpo legal “establecemos con claridad que la libertad de enseñanza nunca podrá ser utilizada como argumento o fundamento para vulnerar derechos humanos de los niñas y niños o discriminar a un niño en razón de su origen, apariencia física, de su raza, de su orientación sexual o de su identidad de género se precisa mucho mejor y fortalece los alcances de la Ley contra la Discriminación o Ley Zamudio”.

Junto a eso, la sesión de hoy zanjó otros dos temas complejos que incluía el proyecto que busca ponerle fin a la selección, lucro y copago. El primero, que los recursos que entregue el Estado a los respectivos sostenedores seguirá teniendo el carácter de “recurso público”, algo que no estaba estipulado en la ley actual.

De esta forma, cuando los sostenedores -municipales o privados- reciban aportes del Estado tendrán que administrarlos para fines educativos y precisar en qué se van a ocupar, según explicó Rossi.

Además, el Senado también apoyó la indicación ingresada originalmente por la diputada Provoste, con respecto a que los sostenedores no podrán contratar agencias de Asesorías Técnicas Educativas (ATE) con personas relacionadas. Así, sólo existirá la opción de que sean contratadas si sus servicios son certificados por el Mineduc y hayan sido adjudicados a través de una licitación o concurso público.

Comisión Mixta

Tras la aprobación, que dejó conformes tanto a los senadores de la Nueva Mayoría como a los miembros de la Comisión de Educación de la Cámara, el Ejecutivo despejó uno de los reparos dentro de la colectividad con respecto a esta votación. Pero no todos.

Desde hoy, la comisión intentará votar todas las indicaciones que faltan en sesiones maratónicas, que incluirían trabajo hasta el sábado por la mañana, para llegar a la votación de la ley en sala el próximo martes o miércoles.

Sin embargo, entre ellas se encuentran algunas de las más importantes, como las referentes a la eliminación del copago, uno de los puntos más complejos dada la irrupción en el debate de organizaciones que supuestamente representan a padres y apoderados, como la Confepa.

Pero el problema mayor está en que varios de los diputados, incluidos los ex dirigentes estudiantiles Camila Vallejo (PC) y Giorgio Jackson (RD), ya no hay conformidad con el texto que saldrá de la Cámara Alta. Además, otros parlamentarios como Yasna Provoste (DC) o los PPD Cristina Girardi y Roberto González también han señalado que obligarán ir a la comisión mixta.

Para algunos de ellos, en la votación de los próximos días se decidirá la suerte de una reforma, como había sido anunciada en un principio por el Ejecutivo, o de una “reformita”.

Fuentes del ministerio de Educación señalan que las últimas gestiones han estado enfocadas en evitar esa instancia y cumplir con la agenda autoimpuesta de despachar el primer proyecto de Ley de la Reforma Educacional antes de febrero.

Sin embargo, el escenario con comisión mixta es el más probable y, aunque confían en que en esa instancia igual saldrán airosos, la idea es comenzar en marzo con los dos nuevos desafíos que tendrán por delante: Carrera Docente, donde deberán convencer a los profesores descolgados de la conducción del magisterio; y Educación Superior, quizás el ítem más grande e importante de los compromisos en educación que contempla el programa presidencial.