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Nacional

28 de Enero de 2015

Iglesia acusa apresuramiento y falta de prolijidad en proyecto de inclusión escolar

"Lamentamos que, no obstante nuestros esfuerzos, como el de los más diversos sectores gremiales, políticos, religiosos, de sostenedores y de padres de familia, incluidas personalidades y centros expertos en Educación, no se logró que el Proyecto incluyera temas relacionados directamente con la calidad de la educación", dice el documento del Area Educación de la Conferencia Episcopal.

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hector vargas A1

“Lamentamos que, no obstante nuestros esfuerzos, como el de los más diversos sectores gremiales, políticos, religiosos, de sostenedores y de padres de familia, incluidas personalidades y centros expertos en Educación, no se logró que el Proyecto incluyera temas relacionados directamente con la calidad de la educación”, planteó la Iglesia en un documento que publicó en su sitio web, donde critica el proyecto de inclusión escolar que acaba de aprobar el Congreso, luego de que saltará la valla de su último trámite legislativo el lunes pasado en el Cámara de Diputados.

En la declaración, firmada por Monseñor Héctor Vargas Bastidas, encargado del Área Educación de la Conferencia Episcopal, la Iglesa parte diciendo que desde un inicio “hemos mirado con empatía el propósito de una reforma educacional que prometía promover el derecho a una educación de calidad y equidad para todos”, pero que una vez conocido el proyecto, “y no obstante un tiempo previo de mucho diálogo por parte de distintos sectores, nos encontramos con un texto cuyos contenidos no eran en términos globales, lo que muchos esperábamos fuese la expresión y el camino educativo para el logro de sus fines”.

El texto agrega que “la inmensa mayoría de las comunidades educativas vio en ellos una serie de normas que en su conjunto ponía en riesgo la libertad de enseñanza, expresada en la pluralidad de proyectos educativos, la libertad de los padres de familia a elegir la educación de sus hijos, la autonomía de gestión y los derechos patrimoniales. Estamos convencidos de que una adecuada regulación en los temas más sensibles de la presente Ley, basados por de pronto en la vasta normativa ya disponible y acompañada de una eficiente supervisión de los organismos competentes, habría sido suficiente para el logro de lo que se buscaba”.

Se perdió una gran oportunidad

A juicio de la Iglesia chilena, probablemente hubo falta de espacios para analizar la iniciativa con más profundidad.

“Lamentamos que, no obstante nuestros esfuerzos, como el de los más diversos sectores gremiales, políticos, religiosos, de sostenedores y de padres de familia, incluidas personalidades y centros expertos en Educación, no se logró que el Proyecto incluyera temas relacionados directamente con la calidad de la educación. Tal vez porque no se generaron los necesarios espacios para una reflexión seria y profunda acerca de la naturaleza, principios y valores propios de una auténtica educación. En este sentido, habrá que despejar las dudas acerca de si esta Ley contribuirá en modo sustantivo a mejorar la educación chilena. Creemos que el país ha perdido una gran oportunidad al respecto”, sostienen.

La Vicaría de la Educación además se refirió a uno de los aspectos que criticó la derecha y algunos sectores de la DC, quienes sostenían que la reforma atenta contra la libertad de enseñanza.

“Se percibió un grave desconocimiento de la riqueza y variada realidad de la educación particular subvencionada, acompañado de un diagnóstico en deuda con la prolijidad que requiere una iniciativa tan delicada como ésta, que involucrará a millones de personas, y a ratos percibida no exenta de sesgo y prejuicio. De este modo, no hubo en el texto lugar para algún reconocimiento al enorme servicio de una educación particular que ha sido elegida por la gran mayoría de la familia chilena. Es una Ley que ha terminado centrándose en modo tal en el tema fin al lucro, que con tal de evitar que este pueda producirse en lo más mínimo, se ha sobre regulado la gestión de los colegios, agregando nuevas sanciones, incluso penales”.

La Iglesia además sostiene que “el cuestionable apresuramiento legislativo, ha hecho que algunos temas no se hayan reflexionado con la profundidad requerida, ni resuelto completamente; otros deberán esperar tiempos de prueba; otros esperarán varios años por no tener financiamiento. Sólo en el tiempo se podrá en definitiva evaluar qué normas eran pertinentes y adecuadas, y cuáles no, lo que debería derivar más adelante en cambios a esta Ley. De hecho, incluso desde parlamentarios oficialistas y antes de su promulgación, ya se exige hacer cambios. Tal premura legislativa injustificada, y la ausencia por ello de una mayor prolijidad en un tema tan delicado, ha dejado en la Ley vacíos e interrogantes, algunos de los cuales en este momento no tienen una solución adecuada. Si hay un contexto vital a la hora de educar, este debe caracterizarse por orientaciones precisas y normas claras que ofrezcan certidumbre y garantías a todos.. Por ello creemos que la implementación de esta ley será un largo y complejo proceso, tanto para las escuelas como para los funcionarios públicos. Esperamos un atento respeto y acompañamiento por parte de la autoridad hacia los centros educativos, en lo que debería ser una prudente y larga marcha blanca”.

Finalmente, el documento dice que “apreciamos que -aunque insuficientes- haya habido avances y algunas transformaciones del texto en el proceso legislativo. Esperamos que en su posterior Reglamento, aplicación y posibles futuras revisiones, se salvaguarden aquellos principios, libertades y derechos irrenunciables en toda auténtica educación. Es lo que hemos expresado los obispos católicos en el documento “La Educación que queremos para Chile”, de noviembre de 2014.

Los cuestionamientos de la iglesia surgen justo en medio de la arremetida de la derecha, desde donde anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional.

Esta mañana, en conversación con Radio Cooperativa, hizo frente a las críticas y aseguró que el gobierno no estaba dando un paso al vacío, y que el proyecto era el camino correcto.

Dijo que “la idea es que en esta transición todos los colegios permitan que los niños accedan a la universidad y no solamente un puñado de ellos (…) el consenso hoy en día es que no hay calidad sin equidad, y resulta que si los niños son segregados en base a su situación socioeconómica, dado que los talentos están distribuidos en todas partes, los niños que tienen la mala suerte de nacer en hogares vulnerables no tienen nunca la posibilidad de potenciar esos talentos”, sostuvo.

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