Sergio Jara, biógrafo de Julio Ponce Lerou, y reapertura de caso por privatización de SQM: “Habría una verdad judicial que establecería que ese proceso de privatización en Chile fue ilegal”

Sergio Jara recuerda cuando en 2016 llegó a su oficina un grupo de ex trabajadores de SQM (ex Soquimich) a mostrarle una querella que intepondrían contra los hermanos Eugenio y Julio Ponce Lerou. Los acusaban de estafa y apropiación indebida de acciones de Pampa Calichera, que les habían entregado en 1985 como parte del proceso de privatización de la minera no metálica.

En ese entonces trabajaba en la Unidad de Investigación de Bio-Bío y reporteó este último capítulo de la «historia moderna de SQM». Causa que involucra sucesos ocurridos al fin de la dictadura de Pinochet.

«Llegan a mi oficina, me cuentan esta historia y me dicen que han recorrido el país, que han juntado 1.400 extrabajadores de SQM, -de los 4 mil y tantos que eran- que habrían sido perjudicados por esta acción», cuenta Jara. La querella entró al 34° Juzgado del Crimen de Santiago y fue tramitada en la justicia antigua. Sin embargo, el tribunal sobreseyó a los hermanos Ponce Lerou «por prescripción de la acción penal».

Ayer 16 de agosto, el fiscal judicial de la Corte de Santiago, Jorge Norambuena, recomendó reabrir este caso. Según él, dicha prescripción «no puede por ahora sostenerse fehacientemente». De esta forma, si la Corte Suprema ratifica esta sugerencia, el yerno de Pinochet y su hermano podrían volver a ser procesados por la justicia.

Conversamos con Sergio Jara, autor del perfil biográfico «Ponce Lerou, El Padrino» para el libro “Joyitas. Los protagonistas de los mayores escándalos de corrupción en Chile“, para entender las dudas que quedaban del caso privatización de Soquimich y la relevancia de la determinación como antecedente judicial.

¿Proletario a propietario?

En 1983, Corfo (Corporación de Fomento Fabril) era la compañía sostenedora de empresas estatales, entre ellas Soquimich. Ese año comenzó un programa de privatización de empresas implementado por la la dictadura llamado «capitalismo popular». Para el caso de Corfo, era entregar 30% de las acciones a trabajadores y que «pasaran de ser proletarios a propietarios».

Julio Ponce Lerou ejercía como gerente general de Corfo, y a la vez, como presidente de Soquimich.

«En ese año, siendo yerno de Pinochet -porque estaba casado con Verónica- hace toda esta jugada, y crea Pampa Calichera, que es la primera sociedad de Cascadas. Se crea con el fin de que los trabajadores renunciaban a bonos, gratificaciones y otra regalías que tenían de la empresa, accedían a acciones. La figura era “no cobro mis bonos ni mis regalías, pero tú me das acciones de la empresa”, y se hacían propietarios. Ese es como el inicio del caso», explica Jara.

Ahí fue cuando, acusan los trabajadores, se apropiaron indebidamente de sus acciones en 1985, a través de la sociedad que crearon los hermanos Ponce Lerou. Por eso en 2016, tras los escándalos de corrupción de la política, presentaron la querella.

«Este fiscal emana un informe analizando el sobreseimiento de Ponce Lerou (…) entiendo que esta recomendación tiene que ser ratificada por la Corte Suprema, y me comentaban que va a ser ratificada, porque es una opinión bien de peso. Y es porque el delito se mantiene continuado», agrega.

Responsabilidades políticas

El periodista considera que «este es un caso emblemático», porque desde el Gobierno de Aylwin que se prometía revisar las privatización que el Estado había hecho en dictadura «y nunca se hizo en realidad».

A pesar existe vasto archivo de prensa con esos compromisos del mundo político «finalmente no se hizo». Sostiene Sergio Jara que después estas empresas privatizadas se hicieron «muy relevantes» y «dictaban las pautas que el país tenía que seguir en materia económica». Hasta que financiaron irregularmente la política.

«Pareciera que a los políticos les habría dado un poco de espanto, un poco de miedo haber ellos mismos revisado las privatizaciones. Finalmente la justicia, de la mano de una acción de los trabajadores, es la que se inserta en este proceso», explica el periodista de CHV.

Puntualiza Jara que «han pasado 30, 40 años desde que se prometieron revisar las privatizaciones. Desde ese punto de vista, marca un precedente de algo que debieron haber hecho los políticos hace muchos años».

Impunidad y nueva arremetida judicial

Además, del texto de Jara, existen dos libros biografías sobre Julio Ponce Lerou de Víctor Cofré y de Manuel Salazar. El periodista señala que con todo ese material, las personas «ya tienen más o menos clara la película de quién es, cómo opera y cómo se ha hecho de SQM. Lo que pasa es que ahora se sentaría una verdad judicial, que es lo que faltaba».

El ex yerno del dictador Pinochet nunca ha estado preso. «A lo más pagó la multa por el caso Cascadas, pero en términos judiciales salió libre de polvo y paja. Lo mismo en SQM, sus ejecutivos han salidos libre de polvo y paja», agrega.

Sostiene que «la gente ya tiene su opinión, pero ahora habría una verdad judicial que establecería que efectivamente el proceso de privatización en Chile fue ilegal, por lo menos con esta empresa».

Además, Jara concluye que esta determinación «sentaría un precedente para poder al menos echarle un ojo al resto de empresas que fueron privatizadas en la última parte y al término de la dictadura». A raíz de la decisión del fiscal Norambuena sobre la causa de privatización de SQM, sostiene que se «puede abrir toda una nueva arremetida para poder ahora definitivamente -y por fin- investigar bien como fue el proceso de privatización en Chile».