Fries, del Instituto de DDHH, sobre Fuerzas Especiales en Caimanes: “lo que hace es enardecer y generar lesiones en los civiles”

A juicio de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, la compleja situación que hoy se vive en Caimanes, Salamanca y sus alrededores no se soluciona con el envío de efectivos policiales sino que con medidas políticas, y en este caso específico, con el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. “Ya lo vimos en Aysén o en Freirina: cada vez que son enviadas Fuerzas Especiales de Santiago aumenta el clima de violencia”, dice.

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Con más de 100 días esperando el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó a la minera Los Pelambres a “permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro”, la paciencia comienza a agotarse en la zona.

Con presencia policial que incluye helicópteros y zorrillos, desproporcionada según los caimaninos, el miércoles en la noche se agudizaron las movilizaciones, que han incluido el bloqueo de camino para los vehículos y camiones de la minera, lo que incluso obligó a la empresa -de propiedad del Grupo Luksic- a realizar traslados por vía aérea.

Ante esta situación el Instituto Nacional de Derechos Humanos envió una misión de observación a la zona, que estuvo presente ayer durante las horas más complejas y constató que durante la intervención de Carabineros ocho personas terminaron con ocho heridos, uno de ellos -José Pizarro, de 19 años- con la pérdida de la visión de su ojo derecho tras recibir perdigones.

En ese contexto, Lorena Fríes, directora del INDH, criticó la situación que se está viviendo en el valle del Choapa, porque se repite el escenario que se ha vivido en otros conflictos sociales, como los de Aysén en 2011 y Freririna en 2012, que terminaron con civiles lesionados por el actuar de efectivos policiales.

“Lo que se ha sabido sobre la llegada de Fuerzas Especiales a la región, y particularmente los hechos de violencia institucional que se produjeron estos días y anoche, es que estando allá tenemos contabilizadas a ocho personas que fueron objeto de violencia innecesaria de Carabineros. Una de ellas perdió un ojo y ya tenemos el parte médico, etcétera. Por lo tanto, estamos para variar en una situación donde cada vez que llega Carabineros con Fuerzas Especiales a una región del país pareciera ser que eso lo que hace es enardecer y generar lesiones fundamentalmente en los civiles que se están manifestando”, dice Fries.

La misión del INDH, según cuenta su directora, es recoger información y presentar un informe sobre la compleja situación que se vive en el valle del Choapa, en especial sobre el conflicto “que hay entre la minera Los Pelambres y las comunidades aledañas que se ven afectadas eventualmente por el quehacer de la minera. Y por otro lado lo que ha desembocado en términos de movilización en carreteras, etcétera”.

Según uno de los investigadores enviados, Yerko Ljubetic, el contexto actual de las comunidades aledañas a la minera es que Los Pelambres a agravado la situación de sequía que se vive en la zona y lo que intensifica un sentimiento de que la actividad de la empresa genera enormes riquezas para ellos y eso no ha generado mejoras para los habitantes y solo ha generado problemas.

“Acá hay dos situaciones distintas. Una es Caimanes, que es localidad más cercana a Los Vilos, que tiene el problema particular del tranque de relaves El Mauro, que ellos denuncian que ha afectado su derecho en cantidad y calidad al agua potable de la comunidad. Pero además, en Salamanca y las comunidades de Cuncumen, Jorquera, El Tambo y otras cercanas, el problema es sobre el acceso a mejoras y a permitir que los habitantes sean respetados, lo que con la represión policial de estos días ha afectado particularmente a Salamanca, con un despliegue policial muy desproporcionado a la zona”, señala el abogado.

Para Ljubetic, los derechos vulnerados de suministro de agua en cantidad y calidad suficiente, de vivir en un espacio libre de contaminación, porque si bien en diferencia al Estado, las empresas no son directamente responsables, el Estado está obligado a que se haga hacer cumplir la ley, lo que dilatando la ejecución del fallo a aumentado el descontento.

Menos carabineros, más medidas políticas

Para Lorena Fríes, en este caso ha habido mucha dilación sobre el fallo y además se están haciendo estudios con respecto a la contaminación el agua, donde existen versiones encontradas. Pero lo principal es que existe un fallo que todavía no se cumple y ha pasado tiempo y eso está afectando a las comunidades aledañas a la minera.

La aparición de Carabineros, por lo demás, se debe al parecer al comienzo de las manifestaciones y protestas por el incumplimiento del fallo. “Eso significó que la gente que vive en las zonas aledañas interrumpió las carreteras, en particular de los camiones que suben y bajan de la mina -tengo entendido que no de transportes y vehículos normales. Eso habría determinado el envío de fuerzas especiales a esos sectores, pero, como te digo, nosotros ya lo vimos en Aysén o en Freirina: cada vez que son enviadas Fuerzas Especiales de Santiago aumenta el clima de violencia y prácticamente funcionan como un factor de provocación de la ciudadanía, que por lo demás tiene derecho a manifestarse si eso no atenta contra los derechos de las demás personas”.

Por eso, la preocupación hoy para el INDH es que se dé cumplimiento lo antes posible a lo que ordenó la Corte y a buscar soluciones políticas para un conflicto, antes que el envío de mayor dotación policial en estas zonas.

“El problema es que esto puede escalar a mayores y eso es lo que nos preocupa. Entonces, nuestro primer llamado tiene que ver con la autoridad de gobierno, particularmente con el Ministerio del Interior, porque lo hemos dicho sucesivamente: no es bueno enviar a fuerzas especiales a conflictos sociales que requieren medidas políticas para ser resueltos”, señala.

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