Gobierno desestima impacto de allanamiento en casa de Dávalos en la imagen de Bachelet

El gobierno se mantiene firme en su estrategia de aislar lo más posible la imagen de la Presidenta Michelle del Caso Caval, toda vez que su hijo, Sebastián Dávalos, ya lleva casi un mes fuera de la dirección sociocultural de la Moneda.

“El liderazgo de la Presidenta es claro, los chilenos conocen de su trayectoria de servicio público de toda la vida, así que no creo que tenga un impacto sustantivo”, dijo el vocero Alvaro Elizalde al ser consultado por el posible efecto negativo en la Mandataria respecto del allanamiento en casa de Dávalos por la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, que indaga las circunstancias alrededor del negocio que le dejó a la pyme de la nuera de Bachelet una ganancia de 2.500 millones de pesos.

Por otro lado, el ministro aseguró que el gobierno colaborará con la investigación en lo que sea requerido.

“Lo hemos señalado permanentemente, la Fiscalía está haciendo su trabajo y obviamente todas las instituciones deben otorgar la información que la Fiscalía requiera para el avance de la investigación. Así corresponde en un Estado de Derecho”, explicó Elizalde.

Además, Elizalde aprovechó de adelantar que este martes se constituirá el Consejo Asesor Presidencial que elaborará las propuestas para crear una nueva institucionalidad en torno a la relación de los negocios con la política, y de la política con el dinero.

El allanamiento

La diligencia en casa del matrimonio Dávalos-Bachelet, ubicada en la calle Julia Bernstein de la comuna de La Reina, fue realizada por un equipo del OS-9 de Carabineros, liderado por el fiscal regional Luis Toledo con el fin de incautar soportes técnicos y documentos.

Según publicó El Mostrador, el operativo se inició a las 16:00 horas del viernes pasado, tras autorización de entrada y registro, emanada por el juez de Garantía de Rancagua, Luis Barriga.

“La incautación de computadores de escritorio, computador personal, notebook o tablets, soportes técnicos como pendrives y documentación que se mantenga en estos lugares y que digan relación con los hechos investigados. Además se autoriza para abrir correspondencia cerrada, conforme a los artículos 218 y 219 del Código Procesal Penal. Facultando el uso de la fuerza pública, en caso de oposición, con allanamiento y descerrajamiento”, decía el documento.