Caval: fiscalía envía antecedentes al CDE para que analice eventuales delitos cometidos por funcionarios públicos

La Fiscalía Regional de Rancagua envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) los antecedentes de la investigación que sustancia en contra de la empresa Caval, de propiedad de Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Bachelet.

De acuerdo a la información recabada por The Clinic Online el organismo perseguidor, la decisión del fiscal Luis Toledo se basó ante la eventual comisión de delitos por parte de funcionarios públicos, toda vez que existe un instructivo interno en ese sentido.

Hasta ahora la fiscalía indaga una posible negociación incompatible y la revelación de secreto, aunque la figura penal del cohecho y soborno podrían rondar la indagatoria.

La información de Toledo llegó a la procuraduría del CDE en la VI Región, la que ya habría sido enviada a Santiago para que sea analizada por el Comité Penal del organismo.

Hay que recordar que Toledo indaga las presuntas anomalías en la compra de un terreno en Machalí por parte de Caval por la suma de 6.500 millones, gracias a un crédito otorgado por el Banco de Chile, previa reunión de Dávalos y Compagnon con el dueño Andrónico Luksic, un día después de de las elecciones de diciembre de 2013.

Posteriormente, Caval vendió el terreno en 9.500 millones al empresario Hugo Silva lo que le permitió pagar el empréstito con la entidad financiera. Cancelada la deuda, la nuera de Bachelet quedó con una ganancia de 2.500 palos.

A raíz de la investigación que lleva Toledo, Silva se querelló por estafa contra quienes resulten responsables, aduciendo que antes de la compra de los predios le aseguraron que se modificaría el uso de suelo, basándose en informes preparados por una arquitecta.

Hasta ahora se indaga la posibilidad de que Caval haya logrado, además, obtener información reservada de parte de la Municipalidad de Machalí respecto a dicha modificación. Ello, porque entre las investigadas está Cynthia Ross, asesora de la sede comunal, quien redactó un informe para Caval, dando cuenta de las ventajas del terreno y que se modificaría el uso de suelo. Entre otras bondades, que serviría para la conectividad de la zona, lo que era altamente atractivo para Silva, quien es uno de los dueños de la sociedad Ruta 86.

Ross es sobrina y asesora de Patricio Weisner, el dueño de los predios que compró Caval. Weisner debía vender los terrenos, ya que la sociedad familiar a la que pertenecían había quebrado.

El problema que enfrenta Caval para obtener su ganancia es que Silva, al conocer los detalles de la indagatoria, retuvo un cheque por 2.000 millones. En otras palabras, la transacción aún no está terminada.

Hasta ahora, el fiscal Toledo ha realizado una serie de incautaciones, entre ellas la municipalidad antes mencionada, como también en el domicilio en la comuna de La Reina del matrimonio Dávalos-Compagnon, donde se retiraron los computadores. Ello con miras a establecer si existe información que los vincule con algún delito.