La estrategia de SQM que buscó evitar la investigación de la fiscalía que respondió pidiendo allanar la empresa

Cuando el miércoles de la semana pasada el entonces gerente general de Soquimich (SQM) Patricio Contesse presentó una cautela de garantía en el Octavo Juzgado del ramo, distintos penalistas pensaron que su abogado Samuel Donoso había cometido una locura; que el tribunal le rechazaría la petición y que confirmaría que el Ministerio Público contaba con todas las facultades para investigar un delito tributario sin la denuncia previa del Servicio de Impuestos Internos (SII).

La presentación ocurrió temprano, pero con el correr de las horas, SQM apareció desautorizando a Contesse e indicó que tratarían la petición de la fiscalía de entregar la información contable desde 2009 a 2014 el lunes 16 de marzo. Hasta ahí parecía que Contesse estaba peleado con el directorio de la empresa y que había actuado con colores propios.

El Octavo Juzgado de Garantía, donde está incoada la investigación del caso Penta y la arista SQM, le rechazó el escrito a Donoso al día siguiente.

Luego, el profesional pidió una certificación que dejara establecido el instante procesal de la indagatoria. ¿Cuál sería su próximo paso? El Tribunal Constitucional. Es decir, el órgano que determina si el uso de una norma se apega al espíritu y formalidad de la Carta Magna.

Hasta ahí la estrategia de Donoso, como también de SQM parecía errática, pero sin duda buscaba evitar que la información de aportes a campañas políticas en 2009, no llegara a las manos del fiscal nacional Sabas Chahuán. De ser así se destapaba la Caja de Pandora de las platas a partidos de todo el espectro.

Otro detalle que va conformando el cuadro fue el llamado del SII para que cualquier empresa que estuviera fuera de las reglas tributarias o en una situación similar a Penta, pudiera autodenunciarse. Entre líneas, el director del SII Michel Jorrat, dejaba entrever que se buscaba arreglar cualquier problema por la vía administrativa y, eventualmente, evitar querellas por ilícitos impositivos. En otras palabras, determinar un pago con intereses, multas y reajustes que en general supera de cuatro a cinco veces más que lo evadido. Sin embargo, con la autodenuncia y viendo el comportamiento anterior del contribuyente, es posible “rebajar” una parte -a veces importante- del total. Y, si corresponde, evitar una querella. Un traje hecho a la medida para SQM.

El goteo

Pues bien, ayer lunes la empresa, cuyo controlador es Julio Ponce Lerou, comenzó a entregar la información por goteo.

Pasado el mediodía, reveló que el directorio había resuelto no entregar voluntariamente la información contable desde 2009 a 2014 que había requerido la fiscalía.

A eso de las 16.30 SQM informaba vía hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que el directorio también había resuelto despedir a Contesse. Este último de manera paralela había ingresado el esperado recurso al Tribunal Constitucional (TC) en el buzón del órgano como una manera de ganar tiempo.

Como pocas veces, el TC le dio ingreso y le asignó un rol y lo derivó a la Segunda Sala que -coincidentemente- se reúne hoy después del pleno, donde seguramente se analizará la presentación.

En el documento, subido ayer a la página del TC, el abogado de Contesse, Samuel Donoso, pide que el ente se pronuncie respecto a si la fiscalía puede investigar y realizar diligencias en materia tributaria sin la denuncia del tata fisco.

A renglón seguido pide que “cese” cualquier “acto de investigación” en contra de su cliente “o de terceros”. En otras palabras, Donoso busca que el TC paralice al Ministerio Público, antes que se pronuncie sobre el fondo de la norma. En cristiano, si el TC acoge la tesis del profesional, la fiscalía quedaría impedida de incautar e incluso analizar la información y así el SII resolver administrativamente el asunto de SQM.

Sin embargo no era todo. Pasadas las 19.30 CNN informaba que a través de un comunicado, SQM había resuelto entregar la información contable al SII, reconociendo que era el único organismo con la facultad para indagar anomalías impositivas. De esta manera, lo que el miércoles de la semana parecía errático -y lo era hasta el despido de Contesse- comenzó a tomar cuerpo.

Pues bien, el recurso en el TC recayó en la Segunda Sala. Actualmente está compuesta por dos ministros nombrados por el ex Presidente Sebastián Piñera. Se trata de la entonces jefa de asesores de La Moneda María Luisa Brahm y el ex jefe jurídico del Ministerio del Interior Iván Aróstica. Ambos son cercanos a RN. Les sigue el UDI Cristián Letelier, recientemente nombrado por el Senado y quien apareció en los correos electrónicos de Penta pidiendo plata al “choclo” -en prisión por delitos tributarios y soborno- para financiar su campaña a diputado en junio de 2013.

En la misma sala está el DC Gonzalo García Pino, ex subsecretario de Marina durante la anterior administración Bachelet y hombre de la Nueva Mayoría, al igual que el presidente del TC Carlos Carmona, abogado cercano a la falange.

Si la lógica del poder se cumple, significa que la máquina para detener la acción del Ministerio Público ya está aceitada y su mecanismo interno funcionando. Eso, salvo que hoy Chahuán decida incautar la información en SQM. Y eso, es altamente probable: El Ministerio Público pidió ayer a las 20:00 horas al juzgado de garantía una orden de allanamiento para las oficinas de SQM. Se espera que la resolución se tome esta mañana y la fiscalía se apersone en las oficinas de la firma.