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Poder

19 de Marzo de 2015

Fiscalía-SII: cronología de un conflicto cruzado por la relación de Soquimich con políticos

La tensión entre la fiscalía y el jefe del SII Michel Jorratt llegó ayer a su punto máximo. Sabas Chahuán le pidió por la buena la información contable que Soquimich le entregó este lunes. Lo amenazó con llevarlo a la Corte si no cumplía. El SII cedió y aseguró que cumpliría el requerimiento. Aquí la historia de como dos perseguidores que vienen trabajando unidos desde el fraude al FUT, luego en el caso Penta, fue mermándose y los tiene ad portas de enfrentarse en el Tribunal Constitucional.

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La mejor defensa es el ataque. Así podría resumirse la inédita disputa entre la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos (SII) por el botín de guerra en que se ha transformado la información entregada por Soquimich al fisco.

El conflicto, si bien ha alcanzado notoriedad en las últimas semanas, precisamente por la arista Soquimich -una costilla del caso Penta- venía gestándose desde que en 2013 se descubriera el llamado fraude al FUT.

Un abogado del SII reconoce que desde ese año, el fiscal Carlos Gajardo, “cada vez que existían presunciones sobre la comisión de delitos tributarios, enviaba los antecedentes”.

El asunto para el SII no era agradable, asegura el mismo profesional. Y no lo era porque el fisco siempre ha sido una entidad de paciencias largas, cuyos actos procesales o bien los de carácter administrativo, están mediados por la complejidad propia de los delitos tributarios.

“Lo que pasó con Gajardo es que vino a remover las prácticas anquilosadas del servicio”, estima el mismo profesional.

Sospechosos de siempre

Con todo, el tema fue creciendo y en 2014, con la llegada de Michel Jorrat a la testera del organismo, la tensión escaló un peldaño, mas no al lugar de una crisis.

El denuncia del SII en contra de Hugo Bravo en agosto de 2014 -cuando nace el caso Penta- luego en contra del “choclo” Délano, Latín y sus esposas por boletas truchas, hablaba de una relación fluida, pero mediada por los tiempos inmediatos que Gajardo le impone a sus causas.

El cuadro cambió radicalmente el año pasado cuando apareció la arista política, más conocida como el “Pentagate,  gracias a las confesiones de Bravo y del ex contador, Marcos Castro. Ambos están presos por lavado de dinero, soborno y delitos tributarios.

Pues bien, personeros de la derecha, básicamente, adornaron los últimos meses de 2013 en un desfile de políticos en la pasarela judicial. Iván Moreira, Pablo Zalaquett, Jovino Novoa, Laurence Golborne, Ena Von Baer, Ernesto Silva, entre otros, fueron los nombres que se unieron al presidenciable Andrés Velasco. Esto, sobre todo, cuando se conocieron los correos electrónicos para los aportes de campaña.

Sin embargo, la aparición de las boletas del exsubsecretario de Minería Pablo Wagner encendió las alarmas. Este último, formalizado y en prisión preventiva por cohecho, lavado de activos y delito tributario, usaba a su cuñada para que emitiera documentos tributarios. Algunos eran para refrendar pagos que recibía de asesorías y otros provenían de SQM cuyo destino era la campaña parlamentaria 2009 de Joaquín Lavín. Esa que perdió en Valparaíso. Y otras platas de Penta cuando estaba en su cargo y el “choclo” Délano participaba de la minera Doña Dominga.

El verdadero problema comenzó cuando el SII, en enero, presentó la querella en contra de Wagner y pidió la incautación de la información contable de este último. La solicitud que llegó al Octavo Juzgado de Garantía, apuntaba a la contabilidad entre 2009 y 2014. Es decir, incluía dos campañas presidenciales. El libelo llegaba dos meses después de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) hiciera lo propio bajo el delito de cohecho.

Misterio sin resolver

El allanamiento de produjo sin problemas. Salvo por un detalle, ya que por alguna razón que el SII no ha explicado, cambió sobre la marcha las fechas del material a incautar, circunscribiéndola únicamente a julio de 2009 y apuntando sólo a Wagner.

El ánimo en el Ministerio Público, dice un fiscal, cambió del cielo a la tierra y comenzaron a desconfiar del verdadero alcance de la corrección del libelo, porque es sabido que el holding controlado por Julio Ponce Lerou entrega aportes de campañas de manera transversal.

Enero y febrero transcurrieron entre Penta y el caso Caval que involucra a Sebastián Dávalos, el hijo de la Presidenta.

Sin embargo a fines de este último mes y marzo, los listados de pagos de boletas -que estaban en el libro de “retenciones”- revelaron un historial amargo para la nueva mayoría. Esto porque aparecieron documentos girados a favor del hijo del diputado DC Roberto León; misma situación con el embajador de Chile en la República Checa, Marcelo Rozas. Le seguían tres asesores del PS Fulvio Rossi: René Madariaga, según El Mostrador, Mariela Molina y María Martínez. Así las cosas, el conflicto se agudizó, en una cronología llena de misteriosas coincidencias.

Sóplame este ojo

El pasado 11 de marzo ocurrieron dos cosas importantes que comenzaron a subir la temperatura del caso Soquimich. Durante la mañana, el entonces gerente general de SQM Patricio Contesse, presentó una “cautela de garantías” en el Octavo Juzgado.

Su abogado, el PPD y cercano al girardismo, Samuel Donoso, buscaba que el tribunal acotara las facultades del Ministerio Público para indagar a su cliente en materia tributaria, aduciendo que no existía denuncia en su contra.

Pasado el medio día, Soquimich le quitó el piso a Contesse, asegurando que la petición de entrega voluntaria de información contable entre 2009 y 2014 que había sido formulada por la fiscalía sería analizada en el directorio del lunes 16. Ello, previo análisis de dos estudios en derecho. Uno por la parte de Ponce Lerou redactado por Gabriel Zaliasnik -un histórico abogado de la UDI- y el otro por el estudio de Luis Ortiz Quiroga, cercano a la DC en representación de PCS.

No fue todo. El mismo día el SII llamó a una conferencia de prensa, donde dio a conocer una campaña que fiscalizaría a 200 grandes contribuyentes. El mensaje para la fiscalía fue claro, porque Jorrat aseguraba que se privilegiaría la vía administrativa para solucionar los problemas tributarios. El conflicto, entonces, escaló un poco más.

Como era lógico, el tribunal rechazó la presentación de Donoso el 12 de marzo. Y el profesional solicitó la “certificación” del proceso con del fin de recurrir al Tribunal Constitucional.

El fin de semana ya en la fiscalía sabían perfectamente que algo se acercaba. “Un golpe grande de poder político”, reconoce un fiscal.

Y así fue. El lunes, el directorio de Soquimich resolvió despedir a Contesse, quien presentó su requerimiento en el TC a última hora, en el buzón del organismo. Todo de manera paralela.

La presentación fue rápidamente tramitada y derivada a la Segunda Sala, donde actúa como titular el presidente, el cercano a la DC Carlos Carmona. Se necesitaba la unanimidad de cinco votos para que el martes se analizara.

Cazabobos

Sin embargo, faltaba la guinda de la torta. También a última hora de la tarde, SQM informó que había entregado toda la información contable entre 2009 y 2014 al SII. El clima para la fiscalía estaba enrarecido. A eso de las 20 horas del lunes, en la Fiscalía Nacional, Gajardo y el resto del equipo resolvieron pedir el allanamiento a SQM y enviaron la solicitud vía correo electrónico al tribunal de garantía. En la presentación por delitos de cohecho y apropiación indebida, entre otros, entregaron un detalle hasta ahora desconocido, relativo a un matrimonio ligado Ricardo Guzmán Lyon, amigo de Ponce Lerou y creador del sistema de cascada que aparecen emitiendo boletas, al parecer ideológicamente falsas para campañas.

Y aunque con esta petición de última hora el Ministerio Público buscó ganar tiempo, la mañana del martes el TC cerró todas las puertas y paralizó la indagatoria de Chahuán, sólo en lo referido al ámbito tributario. Es decir, no podía efectuar ninguna diligencia de carácter intrusivo, ni participar en audiencias, ni menos indagar a alguien que no estuviera perfectamente denunciado por el fisco. El círculo se había cerrado, pero el SII reconoció que la entrega de datos por parte de SQM era “parcial”.

Así las cosas, este miércoles ardió troya. Por la mañana, tal como lo informó este diario, Chahuán envió un oficio perentorio a Jorratt. En él le otorgaba 48 horas para que entregara la contabilidad que había recibido de SQM. Para evitar entrar en la competencia del TC, la fiscalía usó otros delitos que no fueron los tributarios, sino cohecho, apropiación indebida, entre otros.

Las 48 horas, en todo caso, tenían escondida un cazabobos. Si el SII no cumplía con el requerimiento de información, Chahuán los llevaría a la Corte de Apelaciones, denunciando un desacato institucional. En otras palabras, la crisis llegaría hasta las puertas del Poder Judicial, abriendo un nuevo flanco.

Una fuente del SII, dijo que el oficio fue un golpe al mentón, porque los puso en una situación compleja, ya que había pocos argumentos para negarse.

Por eso ayer, durante la tarde, el jefe jurídico del SII Cristián Vargas aseguró en radio ADN que cumplirían con la solicitud de la fiscalía, íntegramente.

No obstante aprovechó de pasar un mensaje, señalando que todo el trabajo que realiza el SII es serio, analizado en su conjunto, entre otras frases de tono jurídico, insistiendo en que “no actúa para la galería”.

Caida libre

Ayer, la tensión SII-Fiscalía no fue el único foco de la arista SQM.

El holding de Ponce Lerou debió enfrentar el cierre de las transacciones en la bolsa y una feroz caída. La renuncia de los representantes en el directorio de la canadiense PCS, mientras el gobierno buscaba blindar a Jorratt en una crisis que pareciera no tener fin.

Esto sin contar que mañana el comité penal del CDE analizará si se hace parte en los alegatos del TC para el próximo 25 de marzo. Sin duda una situación inédita, toda vez que ambos actúan como querellantes en la misma investigación.

Lo único cierto hasta ahora es que Chahuán se anotó un punto en esta carrera contra el tiempo, no sólo porque en abril prescribirían algunos delitos tributarios indagados, sino además porque a contar de septiembre comienza a dejar el cargo. Y retirarse como un héroe en la lucha contra la corrupción empresarial y política es algo que ningún fiscal rechazaría.

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