Libertad y Desarrollo acusa “persecusión política selectiva” por investigación del Caso Penta

El think tank Libertad y Desarrollo desarrolló un análisis respecto de las investigaciones que ha llevado a cabo en el último tiempo el Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público y el Poder Judicial, señalando que se “ha instalado peligrosamente una dinámica de caza de brujas, donde no existe precisión conceptual en el análisis o un examen de mérito”.

El documento también señala que los casos Penta, Caval y SQM han mostrado un “debilitamiento” del “Estado de Derecho para proteger las libertades de las personas”, según indica El Mercurio.

Incluso agregan que “algunas de las actuaciones de instituciones como SII, el Ministerio Público y el Poder Judicial no han estado a la altura de los requerimientos de un Estado de Derecho en forma”.

Respecto al Caso Penta, indican que ha existido un “tratamiento especial diseñado para algunos personeros específicos del ámbito empresarial y político”, lo que muestra “en el caso del SII (…) poca autonomía respecto del Gobierno, cambiando la interpretación de sus propias facultades y prácticas pasadas”, aseverando que “fue curioso el tratamiento diferente que dio el SII a políticos vinculados a la UDI así como Andrés Velasco en comparación a la de un Ministro del actual gobierno, que se vio involucrado en términos idénticos a los anteriores”.

Este trato para LyD es “vejatorio”, pidiendo una “explicación clara por su actuación distinta en los casos Penta y SQM, dando así paso a la especulación en el sentido que este últio caso se estaría protegiendo a figuras afines al oficialismo”.

Además critican a la Fiscalía en el Caso SQM al dar “un plazo de 48 horas al SII, el que ha anunciado que entregará toda la información requerida, se trata de un precedente peligroso que, en la práctica, desactiva la habilitación expresa del artículo 162, transformándose en una suerte de incautación de facto”.

“Si las investigaciones judiciales en curso se hacen desatendiendo estos elementos, buscando empatizar solamente con el clima de opinión, nuestro Estado de Derecho podría encaminarse a uno no muy distinto al que exiswte en una dictadura que pisotea garantías básicas para luchar contra el ‘terrorismo’ o el que cualquier fin justifica los medios en la ‘guerra contra las drogas’, como hemos conocido en democracias de la región”, sostiene el texto.