Columna: Comisiones anticorrupción

Así las cosas, por más cambios legales que se propongan en el sentido de transparentar instituciones, controlar el ejercicio probo de la acción pública y privada, aumentar penas, crear nuevas instituciones, poca confianza se recuperará si no se dan pasos sustantivos para empoderar a los ciudadanos como los primeros llamados en denunciar los abusos a que se vean sometidos, en lugar de relegarlos a elegir entre un grupo limitado de representantes cada 4 años.

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El mayor costo de la crisis de confianza en que se encuentra actualmente nuestro país es que se ha comprometido su imagen internacional y la visión interna de los ciudadanos respecto al rol que juegan sus representantes frente a los abusos de que son objeto.

Más allá que exista una o más comisiones que aborden la agenda anticorrupción, las cuales indudablemente tendrán un carácter colaborativo, pues es la ciudadanía quien nos exige respuestas y soluciones claras, no sólo frente a la crisis del momento, sino que a sus causas, es el momento de recordar que somos todos los llamados a devolver la dignidad a la vida cívica.

Esta tarea compartida encuentra obstáculos en nuestro actual sistema político y se hace más imprescindible que nunca avanzar en una real democratización, pues son justamente los ciudadanos los esenciales y principales fiscalizadores de la vida pública en cuanto les afectan directamente todos y cada uno de los abusos de que ha dado cuenta la prensa en los últimos meses.

Así las cosas, por más cambios legales que se propongan en el sentido de transparentar instituciones, controlar el ejercicio probo de la acción pública y privada, aumentar penas, crear nuevas instituciones, poca confianza se recuperará si no se dan pasos sustantivos para empoderar a los ciudadanos como los primeros llamados en denunciar los abusos a que se vean sometidos, en lugar de relegarlos a elegir entre un grupo limitado de representantes cada 4 años.

Este empoderamiento, pasa necesariamente por profundos cambios Constitucionales, que son parte de la agenda del gobierno, y que si bien estaban programadas para más adelante, el curso de los hechos obliga a asumir con anticipación.

El empoderamiento ciudadano va desde la iniciativa de Ley al control directo de la actuación de sus autoridades y representantes, pasando por plebiscitos vinculantes.
Para esto es indispensable que los cargos de elección popular estén sujetos a causales de remoción antes de completar su periodo, tanto en el caso de verse envueltos en ilícitos penales, como de infracciones graves a las leyes electorales y de partidos políticos.
Asimismo es urgente dotar a los organismos fiscalizadores de las facultades necesarias para cumplir su misión.

Es necesario, también, que los ejecutivos y directores de organismos privados que manejen u ofrezcan bienes públicos queden sujetos a inhabilidades e incompatibilidades, así como sanciones personales importantes en casos de falta de probidad.

Avanzar en una redefinición de la relación entre sociedad civil y partidos no puede dejarse de lado: tiempo ha pasado desde que los partidos políticos dejaron de ser una estructura de intermediación válida y legítima entre el ciudadano y el Estado, no obstante parafraseando a Nodlinger “lo único peor que malos partidos, es la ausencia de ellos”.

En este escenario, los partidos deben demostrar que son capaces de generar bienes públicos como contribuir en la formación no sólo de sus militantes y dirigentes sino de la ciudadanía en general, ser instituciones transparentes y dar cabida a los segmentos sistemáticamente excluidos de la política nacional como lo son los jóvenes menores de 30 años, las mujeres y los pueblos originarios.

Considerando, por último, que la transparencia es una de las mayores herramientas que permiten el control ciudadano, esta debe ser ampliada tanto en el contenido de las declaraciones de intereses y patrimonio, como en los sujetos obligados a presentarlas, incluyendo a los privados que puedan presentar conflictos de interés o colusión funcional, sin perjuicio de que todas estas declaraciones estén a cargo de una oficina que monitoree las mismas y pueda cruzar la información con otros servicios públicos.

Sólo de esta forma dejaremos de atacar superficial y coyunturalmente esta crisis, para comenzar a ponernos al día con los estándares de la OCDE.

Centro de Estudios Izquierda Ciudadana
Miembros Comisión Anticorrupción Nueva Mayoria

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