Jaime Orpis A1

El Servicio de Impuestos Internos (SII) aplicó la llamada “anotación preventiva” a todas las personas que emitieron boletas a Corpesca, cuyos montos fueron a parar al senador UDI Jaime Orpis y que hasta ahora suman más de $ 230 millones entre 2009 a 2013.

Básicamente, la medida de carácter administrativo basada en una circular del organismo, es la más gravosa para un contribuyente después de la denuncia ante el Ministerio Público, que en general se convierte en querella.

Asimismo, impone una serie de complejidades a la hora de emitir documentos tributarios. Por ejemplo, si alguien busca emitir una boleta de servicios internet, no podrá hacerlo, salvo que las imprima en papel y, eventualmente, se le autorice a timbrarlas. En otras palabras está “casi” bloqueado, con el fin de evitar un mayor perjuicio fiscal.

Lo anterior, en términos procedimentales, implica que pasan al Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet), que actualmente se encuentra indagando a ex asesores y en algunos casos a familiares de estos últimos que emitieron boletas a Corpesca, cuyo objetivo era pagar los gastos de la última campaña de Orpis.

Caras y corazones

Los afectados por la medida son el recién renunciado mayor de Carabineros Alexis Ramírez Quiroz y su hermano Marcelo, este último funcionario civil de la institución. Ambos, según publicó The Clinic Online, abandonaron la legión de hombres de verde la primera quincena de julio. Entre ambos giraron más de 29 palos a la empresa del grupo Angelini.

Se suma Carolina Gacitúa, cónyuge de Alexis Ramírez, quien emitió documentos entre 2010 y 2011 por montos que fluctúan entre 2,2 millones y 5,5 millones. Le sigue René Ludwing Hormazábal Farías, un ex funcionario de la Subsecretaría del Interior en la administración Piñera, que prestó su boleta por 4,4 millones.

María Pilar Plaza Aránguiz, esposa del mayor del Ejército Edgardo Grez, también emitió por una cifra cercana a los 21 millones.

También aparece Bárbara Molina Ellies, hija de Patricia Ellies, quien funge como directora de la fundación del senador, La Esperanza. Hasta ahora, esta última entidad no ha aparecido ligada a la investigación.

A todos los anteriores le siguen los ex asesores Daniel Isaac Ortega Martínez, Rodrigo Ismael Ortega Martínez y Andrea Lorena Lara Saldías. Esta última, solicitó recientemente al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, prestar su declaración en la sala de audiencias del tribunal, luego que presentara una “cautela de garantías”, donde el Ministerio Público le informó que estaba siendo investigada. Según se sabe extraoficialmente, sus documentos tributarios habrían sido usados sin su autorización.

En tanto, entre Muriel Teixido Gratenau, María Cuellar Toro y Lucia Verónica de Lourdes Montenegro Bolados, suman más de 20 millones. El trio, según informó La Tercera, también son familiares de ex asesores de Orpis. Toda una red.

Los hechos ligados a Orpis quedaron al descubierto con la declaración de Francisco Mujica, otrora gerente general de Corpesca. Este último reveló la fórmula de pago a Orpis, quien en ocasiones llevaba personalmente las boletas. En un principio eran pagadas por distintos montos, hasta que se regularizaron en dos millones al mes.

Mujica, en la misma calidad, aportó plata a través de asesorías truchas, a la ex diputada filo RN, Marta Isasi, tal como lo aseguró su ex asesor, el periodista Giorgio Carrillo.

Actualmente, Isasi como Carrillo enfrentan otras dos investigaciones, pero en Valparaíso. Una por fraude al fisco, donde ambos están formalizados, como también otra por lavado de activos. Ambas corres por carriles separados a la que se sustancia en Santiago.

Los dos últimos, además junto a Mujica, enfrentan querellas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y del SII por delitos tributarios en la indagatoria de la capital.

Actualmente, Orpis enfrenta una investigación en la Comisión de Ética de la Cámara Alta.

El senador reconoció que se trató de error y pidió disculpas públicas, reconociendo que seguía endeudado por participar en política y a través de su abogado Sergio Rodríguez Oro, ha dicho que más allá de las anomalías, no hubo cohecho.