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26 de Agosto de 2015

Chequeado: normativa contradice versión de La Moneda sobre información borrada del computador de Dávalos

La normativa que regula la conservación de documentos electrónicos en las reparticiones del Estado, no se condice con la versión que dio el Gobierno sobre la información que fue borrada del computador que usó Sebastián Dávalos, cuando se desempeñó como director sociocultural de La Moneda. Esto porque según el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, es una práctica común borrar la información de los mismos y solo es respaldada cuando es solicitada por el titular.

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La normativa que regula la conservación de documentos electrónicos en las reparticiones del Estado, no se condice con la versión que dio el Gobierno sobre la información que fue borrada del computador que usó Sebastián Dávalos, cuando se desempeñó como director sociocultural de La Moneda. Esto porque según el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, es un procedimiento “regular” borrar la información de los mismos y solo es respaldada cuando es solicitada por el titular.

“Hay un protocolo que no viene de este gobierno, sino que de mucho antes, respecto de lo que ocurre con la información alojada en los computadores mientras estaba al servicio de un determinado funcionario. En general esa información se respalda solo a solicitud del titular y la información que requiere, de lo contrario son borrados y entregados a nuevos funcionarios. No obstante a eso, en este caso hubo un respaldo de todos los correos electrónicos que corresponde, los que fueron entregados a fiscalía”, afirmó el vocero del Ejecutivo.

Según un análisis de la Fundación Jaime Guzmán, a la que tuvo acceso The Clinic Online, el decreto supremo 14 promulgado en enero del 2014, que modifica el decreto 181 de 2005- que contiene el reglamento sobre documentos electrónicos, firma electrónica y deroga los decretos que indica- establece que el manejo de los documentos electrónicos deberá hacerse en conformidad a las normas técnicas sobre seguridad y confidencialidad establecidas en el decreto 83.

“El manejo de los documentos electrónicos deberá hacerse de conformidad a las normas técnicas sobre seguridad y confidencialidad establecidas en el decreto supremo Nº 83, de 2005, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, o las normas que lo reemplacen”, detalla dicho documento.

Dicho decreto, que aprueba la norma técnica para los órganos de la administración del Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos electrónicos, en su artículo 24 plantea en oposición a lo declarado por Díaz que, “en los órganos regidos por la presente norma, deberán realizarse copias de respaldo de la información y las aplicaciones críticas para la misión de la institución en forma periódica, en conformidad con las siguientes reglas: a) La periodicidad con que se realizarán los respaldos de los computadores personales de la institución que estén asignados a usuarios, deberá explicitarse y no podrá ser menor a 1 respaldo anual”.

En ese sentido, la ley obliga a las reparticiones del Estado a respaldar la información electrónica, sin necesidad de que un tercero lo solicite como planteó el ministro.

El decreto además detalla que en el inciso b) del mismo artículo que “la periodicidad con que se realizarán los respaldos de los sistemas informáticos y los equipos no contemplados en el punto anterior, utilizados en el procesamiento o almacenamiento de documentos electrónicos, deberá explicitarse y no podrá ser menor a 1 respaldo mensual” y que “deberá garantizarse la disponibilidad de infraestructura adecuada de respaldo, para asegurar que éstos estén disponibles incluso después de un desastre o la falla de un dispositivo. Las configuraciones de respaldo para los sistemas individuales deberán ser probadas con regularidad, a lo menos cada 2 años, para asegurar que ellas satisfacen los requisitos estipulados en los planes de continuidad institucionales”.

Recordemos que el computador de Dávalos fue periciado por el OS-9 de Carabineros, por instrucción del fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, en el marco de la investigación por el denominado caso Caval.

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