El día clave de las platas políticas: Los caminos que abre el fallo sobre Eguiluz

La sala tributaria de la Corte de Apelaciones de Santiago leerá hoy el fallo que podría dar un espaldarazo a la fiscalía o bien echar por tierra la tesis de que es posible formalizar por delitos impositivos con la sola denuncia del Servicio de Impuestos Internos.

El tema no es menor para la continuidad de la investigación que lleva el Fiscal Nacional Sabas Chahuán en los casos Penta y SQM porque si el tribunal de alzada capitalino acoge la tesis del abogado Marcelo Torres, quien patrocina a Claudio Eguiluz (RN), destruiría toda la arquitectura de persecución que hasta ahora ha levantado el Ministerio Público.

Sucede que Eguiluz está imputado en la causa SQM por boletas ideológicamente falsas que suman más de $ 112 millones y otras de cercanos que le recaudaron fondos, hecho que la fiscalía estima fueron aportes políticos al margen de la ley, tal como se ha acusado en otros casos que involucran a distintos sectores políticos.

Todo partió el pasado 27 de julio, cuando la jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Ema Tapia, dejó al fiscal Emiliano Arias y al abogado del Servicio de Impuestos Internos, Benjamín Ríos, con cara de sorpresa, cuando señaló que de no existir querella, ambos órganos perseguidores no podían imputar cargos.

Dicha audiencia de control de garantías fue sin duda un punto a favor para Eguiluz y Torres. Este último al igual que el Ministerio Público y el fisco recurrieron a la Corte. Torres a través de un recurso de hecho que fue rechazado en todas sus partes y los otros dos actores de este caso apostaron para que la sala especializada en materia impositiva zanjara definitivamente cuál es el criterio procesal. Eso sí, la fiscalía cuenta con un elemento que les permite sostener que se puede dar curso a la formalización. Y esto porque el 29 de julio el SII se querelló en contra de Eguiluz.

Fuentes de la fiscalía aseguran que existe jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a que la sola denuncia del SII permite investigar y por extensión formalizar. “De lo contrario, la tradicional figura procesal de ‘en contra de quienes resulten responsables’ dejaría de existir. Además, cuando el Ministerio Público investiga los delitos, estos se van estableciendo durante el transcurso de la investigación, por lo que la querella es sólo un paso posterior”, se indicó.

En su recurso ante la Corte presentado por Torres, planteó que bastaba con que la jueza hubiera revocado la intención de los organismos perseguidores para que la Corte confirmara dicho criterio. Esto con el fin de que la fiscalía y el SII quedaran imposibilitados de alegar.

El tribunal de alzada señaló en esa oportunidad que son apelables los dictámenes del juez de garantía cuando pueden poner término a un caso que hiciera imposible “su prosecución”.

Dentro de las chances del fallo que dictará hoy la Corte, aseguran fuentes judiciales, está la posibilidad de que los tres magistrados no entren al fondo del asunto y determinen que se trata de una materia a discutir en la audiencia de preparación del juicio oral. También podrían sostener que los argumentos de la fiscalía son válidos, en cuanto a que el mismo Octavo Juzgado de Garantía ha acogido en diversas oportunidades formalizaciones de este tipo, estimando que no es posible revocar todas las imputaciones por el criterio de un solo juez en un caso en particular, atendida la magnitud de la investigación. Y además, cuando al menos cuatro magistrados han confirmado que la fiscalía es la que tiene el monopolio de la investigación penal.

Otra posibilidad es que podrían fallar acogiendo la tesis de Torres, con lo que la fiscalía quedaría imposibilitada de ahora en adelante para formalizar en casos en los que el SII no presente querella. En todo caso Eguiluz, independiente de si la resolución de la Corte es desfavorable al Ministerio Público será formalizado sí o sí, ya que existe un libelo posterior del SII.

Así, las nuevas autoridades que recién asumieron en el SII, el director Fernando Barraza y el jefe jurídico Bernardo Lara, podrían aplicar un nuevo criterio: las platas políticas ya no son delitos sino faltas tributarias que se arreglan por un proceso administrativo que es secreto.

Por lo pronto, los aportes que indaga Chahuán penden de un hilo, aunque la fiscalía cree tener la razón ya que SQM rectificó ante el SII dineros de asesorías que no tenían refrendación de que los servicios fueron efectivamente prestados, entre los cuales está Eguiluz. Es decir, SQM pagó todos los impuestos que debía al fisco por un actuar irregular que les permitió rebajar tributos.