La semana pasada se cerró el plazo para que los postulantes a suceder al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, presentaran sus postulaciones a la Corte Suprema. De los once candidatos que entregaron sus credenciales, cinco son parte del Ministerio Público: Jorge Abott, director administrativo de la Fiscalía Nacional y el ungido de Chahuán; José Morales, fiscal de alta complejidad de la zona metropolitana centro norte; Raúl Guzmán, fiscal jede de la zona sur de Santiago; Luis Toledo, fiscal regional de Rancagua que investiga el caso Caval; y Rafael Mera, fiscal regional de Valdivia.

Los otros seis son conocidos en el mundo judicial: Juan Enrique Vargas, decano de Derecho de la Universidad Diego Portales; José Luis Pérez, ex fiscal de la Región de O’Higgins; y los abogados Hilda Cerda; Juan Carlos Manríquez; Iván Pavlov Peric, y y Jaime Jansana, abogado y consultor en medioambiente.

El proceso implica que cada uno de los postulantes exponga al pleno de la Corte Suprema para que los magistrados emitan tres preferencias. Luego de ello, los cinco abogados con mayor votación integrarán una quina propuesta a la Presidenta Michelle Bachelet, quien debe elegir un nombre que debe ser ratificado por 2/3 de los senadores.

Aquí es donde la investigación en curso sobre el financiamiento irregular de las campañas políticas cobra relevancia, ya que varios integrantes de la Cámara Alta están involucrados en la indagación sobre financiamiento irregular de campañas políticas y han sido indagados por la Fiscalía. Los rostros más visibles son Fulvio Rossi, Iván Moreira y Jaime Orpis. Pero también figuran declarando o mencionados en la causa personeros como Ena Von Baer por Penta y Jorge Pizarro por las asesorías verbales de sus hijos a Soquimich. Eugenio Tuma también ha sido cuestionado, pero sólo Carlos Bianchi, que está desaforado y enfrenta en estos meses un juicio oral bajo los cargos de negociación incompatible y fraude al fisco en Punta Arenas, está inhabilitado para participar de la votación del sucesor de Chahuán.

Sobre este tema, The Clinic Online consultó formalmente a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado. Se preguntó específicamente si “habrá una sugerencia de abstención de votar a los parlamentarios que estén formalizados por alguna causa como el Caso Penta o Soquimich y, de ser así, si tal recomendación se extenderá a senadores de los que Fiscalía haya requerido información de asesores y cercanos involucrados en la causa”.

A través de un correo electrónico, José Luis Alliende Leiva, Secretario de la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara Alta aseveró que la entidad no tiene facultades para solicitar que los implicados declinen participar del debate respecto del personero que heredará la investigación que los implica y que ello se está intentando subsanar en un proyecto de ley que, pese a los plazos que establecen que la nominación del Fiscal Nacional se hará en las próximas semanas, recibió el carácter de “simple urgencia” por el Ejecutivo. Es decir, tiene treinta días para ser discutido, lo que significa que es improbable que esté vigente antes de que la jefa de Estado envié el nombre del elegido al Senado.

Alliende Leiva explica en su escrito que la “Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en su inciso segundo, señala que los impedimentos para promover o votar determinados asuntos que recaen sobre los parlamentarios no rigen ‘en aquellas materias que importen el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara’. En atención a que este punto está resuelto en forma expresa por la ley, no corresponde que la Comisión imparta instrucciones o entregue sugerencias o recomendaciones sobre la materia”.

Agrega que “sin perjuicio de ello, como una apreciación de carácter general, es necesario precisar que la Comisión estima que debe perfeccionarse tanto la regulación del impedimento como de las excepciones al mismo. Así se hace en el nuevo artículo 11 E, que propone para regular esta materia el proyecto de ley presentado en el mes de agosto por el señor Presidente del Senado, con la firma de cuatro miembros de la Comisión, el cual modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a probidad y transparencia y que ha recibido calificación de Simple Urgencia por el Supremo Gobierno. En dicha norma se elimina la aludida excepción al impedimento, haciendo aplicable este último, en consecuencia, aunque se trate de ejercer alguna de las atribuciones exclusivas de la respectiva Cámara”.

El proyecto al que hace mención Alliende Leiva es el que fue presentado en forma conjunta por el Senado y la Cámara de Diputados y que establece la prohibición de uso de información privilegiada por parte de los parlamentarios, amplía las multas por las ausencias injustificadas al Senado y prohíbe la contratación de familiares y personas jurídicas relacionadas con los parlamentarios.

Además, se fortalecen las comisiones de ética, el sistema de sanciones se crea una Dirección de Ética y Transparencia y se establece un Código de Conductas Parlamentarias con atribuciones que hoy no existen.

Uno de los senadores indagados por Chahuán, y que estaría facultado hoy para elegir al sucesor del Fiscal, dijo a este medio que se ha conversado durante semanas en pasillos el asunto. Lo más probable, afirma, es que el personero que nomine la Presidenta se un nombre de consenso entre Alianza y la Nueva Mayoría y que ello facilita que los complicados simplemente se ausenten de la sala el día de la votación.