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29 de Octubre de 2015Se rompe el pacto de silencio en el Milicogate
La investigación por los millonarios desfalcos con la Ley Reservada del Cobre comenzó a trizar el cerco de lealtades que dificultaron por meses las pesquisas de la fiscal militar Paola Jofré. El suboficial Claudio González Palominos ya admitió la existencia de una red de involucrados, precisando los primeros nombres y operaciones. Otros procesados alistan sus confesiones.
El silencio comenzó a romperse el 5 de octubre. Ese día el suboficial Claudio González Palominos fue citado por tercera vez a la VI Fiscalía Militar, para ser interrogado sobre las defraudaciones por diez millones de dólares cometidas en el Ejército con los fondos de la Ley Reservada del Cobre.
“Quiero declarar en secreto”, dijo el militar esa mañana, cuando le presentaron las evidencias de su participación en los hechos que involucran pagos supuestamente irregulares a través de 2.500 facturas emitidas por al menos seis empresas entre 2011 y 2014.
Tras escuchar su confesión, la fiscal militar Paola Jofré abrió el Cuaderno Secreto “A”, agregando nuevos antecedentes a una causa que destapó desde el traspaso de fondos a las familias de ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI) hasta el gasto de millones de dólares en los tragamonedas del casino Monticello.
Inmediatamente después, la fiscal Jofré citó a la sargento Millaray Simunovic y el suboficial Miguel Escobar, hoy detenidos en el Regimiento de Policía Militar en la precordillerana comuna de Peñalolén.
El 6 de octubre la paracaidista Simunovic rechazó las declaraciones de González Palominos y negó cualquier vinculación con el masivo desfalco investigado desde abril de 2014. “Me enteré del caso por el The Clinic”, aseguró en la Fiscalía Militar.
El suboficial Escobar, exfuncionario del Comando de Apoyo a la Fuerza (CAF), unidad a cargo de procesar los pagos con la Ley Reservada del Cobre, admitió su amistad con González Palominos y el cabo Juan Carlos Cruz, detenido hace 16 meses por esta causa.
“También conozco a la sargento (Liliana) Villagrán y al suboficial (Luis) Meléndez”, agregó en alusión a los colegas del cabo Cruz en el CAF, también investigados en la causa.
La fiscal Jofré, quien tiene en su poder unas 20.000 fojas de antecedentes, ordenó en ese momento requisar los teléfonos de todos estos militares. Sin pausa, dictaminó además el careo urgente de los sospechosos.
En esa diligencia, el suboficial González Palominos reiteró su culpa en los ilícitos y apuntó nuevamente que sus socios en la operación eran la sargento Simunovic y el suboficial Escobar. En todo momento, González Palominos evitó involucrar a un oficial superior en los acontecimientos.
“Yo le entregaba al suboficial Escobar, en el Mall Maipú y otras partes, el dinero que cobraba con el proveedor en el banco”, aseguró González, quien ratificó las sospechas de la policía civil sobre el modus operandi que usaron los funcionarios del Ejército implicados en el caso.
En síntesis, dijo que un militar conseguía una factura ideológicamente falsa con un proveedor y que otro falsificaba las firmas, timbres y cotizaciones en la División de Mantenimiento. Luego apuntó que los documentos eran tramitados en el Comando de Apoyo a la Fuerza, la unidad a cargo de procesar los pagos de la Ley Reservada del Cobre. Finalmente, Tesorería del Ejército pagaba lo solicitado.
En medio de esta avalancha de confesiones, la perito documental Andrea Saavedra emitió desde la PDI un informe dactilográfico de seis páginas en que confirmó que la sargento Simunovic falsificó las firmas de 86 órdenes de pedido, “asociadas a facturas emitidas por Raúl Fuentes Quintanilla e Inversiones y Comercio Capellán”.
La información disponible sugiere, sin embargo, que existían distintos grupos de oficiales y suboficiales que de forma independiente cometieron desfalcos con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Sumando militares y civiles, los procesados y sospechosos bordean ya las dos decenas de personas. Toda una red de corrupción que operó al menos desde 2011.
Entre los proveedores, que son investigados por la Justicia civil, las dudas apuntan a los comerciantes de repuestos de vehículos Francisco Huincahue, Raúl Fuentes Quintanilla, Waldo Pinto, Pedro Salinas y César Fuentes, principalmente. También a las empresas Tajamar y Repuestos Automotrices Limitada.
Sin embargo, un informe enviado en diciembre de 2014 por el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, al titular de Defensa de la época, Jorge Burgos, reconoce que existen otras firmas que presentaron documentos con irregularidades al Ejército para pagar servicios asociados a los fondos del cobre.
NUEVAS DUDAS
El modus operandi descrito por González ante la fiscal Paola Jofré es similar al reseñado por el coronel Clovis Montero, quien reconoció en abril de 2014 su participación en dos operaciones de defraudación con fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Según él, la entrega de dinero fue en esa ocasión en fajos de billetes en un lugar público. En su caso, los estacionamientos del Club Hípico.
Por cierto, el empresario Francisco Huincahue confirmó los hechos a la Justicia. “El dinero se lo entregué al coronel Montero en forma física, millón por millón, estando yo sentado en el asiento del copiloto de su auto”, subrayó.
Pero no es todo. El modelo de defraudación es también similar al utilizado por el propio suboficial González Palominos en 2011, cuando una operación idéntica fue descubierta y evitada en la División de Mantenimiento, gracias a la denuncia del cabo Felipe Balbontín. En esa ocasión, el empresario Raúl Fuentes Quintanilla también figuró involucrado.
Los sucesos de 2011, que alertaron sobre los fallos de seguridad en el sistema contable del Ejército, quedaron contenidos con detalle en el informe que preparó el coronel de inteligencia Miguel Cantallops.
Sin embargo, las recomendaciones del oficial Cantallops fueron ignoradas parcialmente por los superiores de González Palominos. Es decir, el suboficial recibió dos días de arresto como castigo, pero siguió gozando de la confianza irrestricta del mando.
Aún más, en los meses y años siguientes a ese incidente los superiores del suboficial González Palominos no escatimaron elogios hacia él. “Se destaca notoriamente por su sentido de la lealtad”, quedó anotado en su hoja de vida militar, firmada por el propio general Héctor Ureta. Sus evaluadores destacaron en 2012 también que sus cualidades eran un ejemplo “para quienes forman parte de la División (de Mantenimiento)”.
En 2013, nuevamente el general Héctor Ureta y el coronel Juan Guerra, ascendido a general este año, volvieron a felicitar a González Palominos. “Es muy leal”, subrayaron ambos. La nota final del suboficial ese período fue un destacado 6,38. En los años anteriores, otra de las virtudes reconocidas al hoy encarcelado suboficial González fue su estilo “reservado”.
González Palominos, ayudante del general Ureta en la División de Mantenimiento, mantuvo así toda la confianza y privilegios que gozaba y que le permitieron incluso en 2014 trabajar en el mantenimiento de la Auditoría General del Ejército, la misma repartición que irónicamente hoy debería velar por su procesamiento.
EFECTO COLATERAL
Hasta ahora el ministro de Interior, Jorge Burgos, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, y el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, rechazaron responder cualquier pregunta de The Clinic, pese a las reiteradas solicitudes efectuadas en algunos casos desde hace meses.
En medio del estricto silencio oficial, el mayor impacto público del caso hasta ahora es el consenso transversal en el oficialismo y la oposición para impulsar una comisión investigadora en el Congreso.
“Esta instancia debiera analizar las causas de estos hechos y las responsabilidades que pudieran existir, para finalmente proponer los cambios necesarios para que esto no vuelva a ocurrir”, explicó a The Clinic el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja, el diputado demócrata cristiano Jaime Pilowsky.
Coincidentemente, trascendió desde las filas castrenses que el presupuesto para Defensa y el Ejército será reducido para 2016, aunque no más allá de un uno por ciento, afectando en especial la contratación de personal a honorarios.
En ese marco, otra situación que atravesó la vorágine de hechos fue que la Justicia Militar abrió un proceso en su IV Fiscalía (rol 1920-2015) para investigar el origen de las filtraciones a The Clinic. Hasta ahora fueron citados a declarar el dueño y representante legal del medio, Pablo Dittborn, el director de la publicación, Patricio Fernández y la editora, Andrea Moletto.
A todos se les consultó cuál fue la fuente que reveló a The Clinic los decretos secretos sobre las compras de armas en el país. Por cierto, esta información no fue entregada a la Justicia.
