GUERRA

El fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra Fuenzalida, es uno de los candidatos a los que el Fiscal Nacional Sabas Chahuán ha mirado con buenos ojos para ocupar el sillón de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Si Chahuán elige a Guerra, en caso de que éste quede en la terna que debe confeccionar la Corte de Apelaciones de Santiago y de San Miguel el próximo 6 de noviembre, el jefe del Ministerio Público cerrará con un broche de oro su retiro, luego de que el Congreso ratificara al actual Director Ejecutivo del Ministerio Público, Jorge Abbott (su candidato) para encabezar la institución por los próximos ocho años.

El posible nombramiento de Guerra significará también, en los hechos, el control de otro de sus cercanos en una de las más importantes investigaciones a la clase política de los últimos años, pues Guerra podría eventualmente asumir las causas de Penta-SQM que actualmente tramita el propio Chahuán. Abbott, quien debería haber tomado estas investigaciones, ya anunció su inhabilidad en Penta por su parentesco con Alfredo Moreno, el ex canciller que hoy preside ese grupo económico.

Si es elegido, Guerra se enfrentará a una situación similar a la de Abbott y a la del fiscal Alberto Ayala, quien se inhabilitó en enero de este año por “razones de transparencia” atendido el vínculo laboral que lo unió a SQM por más de 12 años.

Pues bien, según el Diario Oficial, la esposa de Guerra, María Fernanda Martínez Saldías, quien es directora regional del Sernageomin en Tarapacá desde julio de 2014, mantiene vigente la sociedad inmobiliaria “Alcyon” con un grupo de abogados dentro de los cuales se encuentran dos juristas que han litigado causas en favor de Soquimich en el norte. Se trata de Gonzalo Ramírez Águila y Gonzalo Ruiz Requena (quien participa en Alcyon a través de Recor, otra sociedad).

El nombramiento de Martínez en el Sernageomin, aseguran fuentes del organismo estatal, generó molestia en la zona y hace unos meses la Contraloría Regional recibió dos denuncias acogidas a la reserva de identidad en que se le acusaba de irregularidades.

En lo central, se hizo alusión a los intereses comerciales de la profesional en la empresa Alcyon Limitada y se consultó al organismo fiscalizador si se había abstenido en los procesos administrativos vinculados a la compañía donde tiene participación.

En julio pasado, la Contraloría se pronunció sobre estos hechos. Desestimó las imputaciones con una excepción: “Cabe señalar que en cuanto a la declaración de patrimonio de la citada servidora, donde, de conformidad a los antecedentes en poder de este órgano de Control, se constató el incumplimiento del plazo legal de treinta días corridos para su presentación, la jefatura superior de esa entidad deberá adoptar las medidas pertinentes a fin de esclarecer las circunstancias que dieron origen al hecho observado, y en caso que proceda, aplicar las respectivas sanciones”, consignó el documento.

Respecto de este punto, desde Sernageomin aseguran que la abogada entregó a tiempo su declaración y que el Departamento de Desarrollo de Personas envió el oficio un día después de recepcionado, por lo que se realizó un sumario en este servicio.

La esposa de Guerra es subalterna y cercana al director nacional de Sernageomin, Rodrigo Álvarez (fueron compañeros en la Universidad La República), quien figura en la denuncia del Servicio de Impuestos Internos por una boleta de $ 5 millones emitida a SQM. Al respecto el personero explicó en abril de este año que se trató de un “estudio sobre el panorama minero” que realizó a principios de 2012. “A la fecha de la prestación del servicio ejercía mi profesión de abogado y no desempeñaba cargo público alguno”, argumentó en la época.

Guerra conoce a Álvarez desde los tiempos en que ambos militaban en las juventudes radicales. El actual director del Sernageomin hoy es PPD. “La inhabilidad regiría para el fiscal”, explica una fuente de Sernageomin.

LO QUE DICE LA LEY

MANUEL GUERRA

La ley orgánica constitucional del Ministerio Público establece las inhabilidades de los fiscales en su artículo 55, en una serie de incisos como el 1 y 2: 1º. Tener el fiscal parte o interés en el caso de cuya investigación se trate; 2º. Ser el fiscal cónyuge, conviviente civil, o pariente por consanguinidad o afinidad en cualquiera de los grados de la línea recta y en la colateral por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, de alguna de las partes, de sus representantes legales o de sus abogados”.

Pero los fiscales están obligados también, según la legislación, a observar la ley de bases de administración del Estado. En ella, en su artículo 64, se establece el hecho de “intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”.

Aunque las causas litigadas por estos juristas, que incluyen casos de este año, no están relacionadas con las investigaciones por platas políticas, al menos Guerra debería informarlo.

Consultado por The Clinic Online, Guerra explicó lo siguiente: “Siento que no estoy en ninguna de la situaciones del artículo 55. Creo que no se configura ninguna respecto de mi. Si uno llega a ser electo, uno le puede plantear este tema al Fiscal Nacional y él verá en su momento las decisiones que toma. No me siento inhabilitado, creo que las inhabilidades tienen que analizarse estrictamente, pero entiendo que han habido situaciones donde otras personas, sin que se concrete una causal legal específica, han preferido inhabilitarse por otro tipo de razones. Yo no siento que me afecte ninguna, pero eso obviamente es resorte en su momento de decisiones que tiene que tomar el Fiscal Nacional, que es quien conoce las inhabilidades que afectan a los fiscales regionales”.

Sobre la sociedad, la esposa del fiscal dijo a este medio que fue creada en el 2013, tal como lo dice el Diario Oficial, para efectos de adquirir una oficina con un grupo de abogados, dentro de los cuales están los juristas antes mencionados. En el grupo de socios, hay abogados que trabajan de manera independiente y otros, como es el caso de Martínez, lo hacen para el Estado. La funcionaria del Sernageomin precisó que ella no es parte de la administración de la sociedad y que no acude físicamente a la oficina. Aclaró además que está casada bajo el régimen de separación de bienes con el fiscal Guerra.

NEXOS POLÍTICOS
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Quienes conocen a Guerra lo describen como un tipo hábil y con muñeca política. Aunque renunció a su militancia cuando ingresó al Ministerio Público, en su juventud formó parte del partido Radical y en esos tiempos, comenta un antiguo militante de esa tienda, se identificaba dentro del lote de jóvenes que eran cercanos al influyente abogado Isidro Solís.

Sus contactos políticos también se extienden a otro de los hombres importantes dentro del PR: fue asesor en la subsecretaría de Justicia cuando el actual Ministro de Defensa, José Antonio Gómez, encabezaba esa repartición en el gobierno de Eduardo Frei.

Según su curriculum, fue abogado auxiliar del Consultorio del Centro Penitenciario Femenino en Santiago. También representó al controvertido narcotraficante de Coronel, Manuel Hernández Delgado, alias “El Mañungo”. En medio de las investigaciones, se supo que Hernández mantenía relaciones con la policía local y fue implicado falsamente por su ex pareja en la desaparición de Jorge Matute Johns.

Consultado por este medio, Guerra explica que su actuación en este caso se centró en la obtención de la libertad condicional de Hernández, quien era acusado de asociación ilícita. Posteriormente, Hernández fue detenido con un kilo de cocaína.

Respecto a su cercanía con Chahuán, el actual jefe de la Fiscalía Nacional lo conoció cuando era fiscal Metropolitano Occidente. Luego el mismo Chahuán, ya siendo jefe del Ministerio Público, lo nombraría como director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilítico de Drogas de la Fiscalía Nacional y posteriormente como fiscal regional en Tarapacá.

Dentro de los competidores más fuertes que tendrá Guerra, se encuentra el temido fiscal Carlos Gajardo, quien ha sido la piedra en el zapato para la clase política en los últimos meses.

LA PELEA CON MUÑOZ
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En el 2011, el juez de Iquique Carlos Cosma Inojosa fue detenido por manejo en estado de ebriedad. La alcoholemia marcó 1.9 gramos de alcohol por litro de sangre y la Suprema requería antecedentes para sancionarlo.

Tanto el entonces ministro Rubén Ballesteros como el actual presidente de la Corte Sergio Muñoz, enviaron oficios al fiscal Guerra para tener los antecedentes y proceder con las sanciones. Pero el persecutor tardó ocho meses en entregarlos.

Frente a la nula respuesta, Muñoz -conocido por su carácter estricto- en el verano de 2014 solicitó su remoción del Ministerio Público.

El presidente de la Suprema le informó al Ejecutivo que el Pleno del Máximo Tribunal no había podido juzgar en su real dimensión a Cosma Inojosa porque carecía de los antecedentes que se habían pedido a la fiscalía.

Finalmente, la sanción que se acordó fue una “amonestación por escrito”. La información que se conoció en ese entonces fue que desde el 28 de marzo al 17 de mayo de 2013, la Suprema le envió 12 oficios a la fiscalía dirigida por Guerra. El juez Cosma, según una publicación de La Segunda, fue acusado por la fiscalía dos años y medio después de que fuera detenido en el 2011.

En su defensa, Guerra ha dicho que en la fiscalía hubo problemas de naturaleza administrativa, que muchas oficios nunca le llegaron y que se realizó un sumario del cual fue sobreseído.

INVESTIGACIÓN A AYALA Y A CHAHUÁN
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El pasado lunes 26 de octubre, el fiscal Guerra sobreseyó la investigación que llevaba en contra del ex fiscal de la Oriente, Alberto Ayala. La causa, una de las más relevantes que le ha tocado en el último tiempo, la recibió por encargo directo de Chahuán. La investigación debía determinar si efectivamente Ayala había filtrado información sobre el caso Penta-SQM al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, quién prestó servicios a la empresa Asesorías y Negocios del operador Giorgio Martelli.

La indagatoria se abrió luego de la caída de Michell Jorratt y Cristián Vargas de la cúpula del Servicio de Impuestos Internos. El punto era saber, tal como lo había declarado Vargas, si había sido a través de Ayala que Peñailillo se había enterado de los avances de las indagatorias de Carlos Gajardo en el caso.

Finalmente Guerra no acreditó delitos en la investigación, según la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. La noticia se conoció el 26 de octubre, el mismo día en que postuló formalmente al cargo que dejó vacante Ayala.

Cuatro años antes, en el 2011, producto del azar, fue escogido para indagar una denuncia en contra del Fiscal Nacional Sabas Chahuán, a quien dos ex carabineros lo responsabilizaron por una supuesta obstrucción en el caso de escuchas telefónicas que se habrían hecho en la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar). La investigación también fue sobreseída.