La lucha de los padres por eximir a sus hijos de religión

Cuando Claudio Poblete fue a matricular a su hijo el año pasado, le preguntaron si prefería clases de religión católica o evangélica. El matrimonio profesa la religión musulmana y dijeron que no querían que el niño asistiera a ninguna, convirtiéndolo en el único de los 300 alumnos de la Escuela Rural F-134 de Ninquihue, en la Región del Bíobío, en estar eximido de religión.

Meses después le preguntaron qué hacía durante ese tiempo y el niño, que a los 12 años se declara ateo, les dijo que lo obligaban a ir a las clases de religión católica. Los problemas se acentuaron luego del paro de profesores de este año. Para recuperar el tiempo, la profesora amenazó a los alumnos con que las pruebas de Religión iban a ir con nota al libro. Claudio y su esposa sabían que eso era imposible, ya que la ley establece que las notas del ramo no se consideran en el promedio.

A esto se sumaron otras amenazas contra su hijo por parte de la profesora y de la jefa de UTP: lo iban a anotar al libro, iban a llamar a sus papás, iba a repetir el curso, lo iban a echar del colegio. Pronto su hijo empezó a somatizar la angustia, le salía sangre de nariz y tenían que retirarlo de clases porque se sentía enfermo.

Los padres hicieron un reclamo en la Municipalidad de San Carlos y una denuncia en la Superintendencia de Educación. “La religión no se hereda, tiene que pasar por el intelecto y el corazón”, dice la madre. “No vamos a permitir que vengan otras personas a imponerle una religión”.

EL DECRETO DE PINOCHET

Todo se remonta al 12 de septiembre de 1983, cuando se promulgó el decreto 924, que reglamentó las clases de religión. La iniciativa fue liderada por Mónica Madariaga, prima de Augusto Pinochet y ministra de Educación en el momento. Antes fue ministra de Justicia y ya había participado de otro decreto: la Ley de Amnistía.

El documento está firmado por Pinochet, Madariaga y por Juan Enrique Froemel, capitán de fragata y subsecretario de Educación Pública en el momento. Hoy es el único que sigue vivo y se desempeña como prorrector de la Universidad Autónoma. “Quien vio ese tema fue la ministra. Era un tema político y esos temas no los manejan los subsecretarios. Yo firmé y di fe de lo que se estaba escribiendo”, dice. Asegura que fueron consultados todos los credos: la comunidad judía, las iglesias protestantes, la Iglesia católica e incluso la Fe Bahá’í. Los representantes que participaron están todos muertos.

El decreto parte con una premisa: la persona tiene una “dimensión espiritual que informa su existencia”. Luego habla de las características del gobierno: “los principios que inspiran las líneas de acción se basan en valores morales y espirituales”. Por último, interpela a los colegios: la educación tiene como objetivo alcanzar “el desarrollo del hombre en plenitud”.
Lo que establece es que todos los colegios municipales y particulares subvencionados tienen la obligación de impartir dos horas semanales de religión en horario oficial. Se puede enseñar cualquier credo que no atente contra la moral y las buenas costumbres y la asistencia a las clases no es obligatoria: si los padres quieren, pueden eximir a sus hijos.

El ex ministro de Educación de Ricardo Lagos, Sergio Bitar, recuerda que en su época el decreto ya les daba problemas. “Yo creo que se debería cambiar. Había otro decreto reciente que negaba a los alumnos de las universidades tener centro de estudiantes. Las cosas han cambiado radicalmente y en esta materia hay que respetar la conciencia de cada cual. Yo creo que ese decreto está obsoleto”, dice Bitar. Alejandro Araya, abogado de la Sociedad Atea, reafirma lo absurdo de este: “Es un resabio de la dictadura. Choca abiertamente con todo el desarrollo que ha venido después de eso: con las reformas constitucionales, con los tratados internacionales”.

Sobre el actual decreto, el ministerio de Educación se limitó a especificar a The Clinic, a través de un comunicado, que los contenidos establecidos para la asignatura de religión no son definidos por ellos, como sí sucede para ciencias o matemáticas, sino por las autoridades nacionales de las distintas religiones que se imparten. El ministerio solamente aprueba, a través de la Unidad de Normativa de la División de Educación General, los programas de estudio que cada credo elabore. “Alrededor de 15 credos religiosos ya recibieron aprobación de sus programas de estudio, por lo que la Unidad de Normativa dejó de recibir nuevas propuestas hace algún tiempo”, agregan.

Sobre el certificado de idoneidad de los profesores, el ministerio afirma que existen procesos regulares de acreditación, que son diseñados y realizados por la autoridad religiosa que corresponda. De acuerdo a la ley, los requisitos son dos: ser docente, sin importar la asignatura de especialización, y tener la autorización religiosa antes mencionada.

En los casos en que los padres decidan eximir a sus hijos de las clases de religión, el decreto 924 no se pronuncia. Fue la Superintendencia de Educación la que estableció que los colegios deben ofrecer una alternativa educacional para los demás alumnos, con un profesor o un asistente y en otro lugar físico. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los niños permanecen en la sala escuchando una formación religiosa que sus papás no quieren.

“QUIEREN QUE SEA CATÓLICO”

Úrsula Eggers se sorprendió cuando en el colegio Mercedes Marín del Solar de Providencia le preguntaron si su hijo de siete años iba a cursar o no religión. Creía que por ser un colegio municipal y laico, esa clase no existía. Su hijo pasó a formar parte de los 137 alumnos eximidos de religión en ese colegio. En toda la comuna, el porcentaje alcanza el 41%. Pese al alto número de niños en su misma situación, le dijeron que su hijo iba a tener que quedarse en la sala porque no había recursos para hacer otra actividad. El compromiso fue que no se le iba a evaluar.

Pero meses después, su hijo llegó con una guía de catequesis y más tarde, con la pregunta de cómo Dios había creado el mundo. Ella le habló de la teoría del Big Bang y le mandó una comunicación a la profesora para exigirle que respetara la decisión familiar de no enseñarle religión. Ella le contestó que no se preocupara, que no estaba siendo evaluado. “Para mí es un tema ideológico, no tiene que ver con la nota”, explica la madre. Se reunió con la profesora y recuerda que le dijo que estaba desilusionada de ella por ser tan intolerante y no permitir que su hijo abriera la mente a otros conocimientos.

Desde ese día las condiciones cambiaron: durante la clase el niño casi nunca podía hacer nada, salvo la vez en que le pidieron elaborar una lista identificando a los compañeros que se portaban mal. Los niños fueron anotados en el libro y después lo insultaron con garabatos. El momento más crítico vino un día de junio, cuando el niño llegó afectado del colegio. Venía enojado. Entró pateando cosas, dando portazos, negándose a comer. Después estalló en llanto y le dijo que no podía respirar. Ella le pidió que le explicara.

-No quiero contarte porque te vas a enojar.

Empezó a hablar. Una mujer, que él no conocía, lo había sacado de clases para llevarlo a una sala a puertas cerradas. Recordaba muchas preguntas, todas referentes a la religión: cuál profesaban en su casa y por qué su mamá no quería que participara de las clases. Además le preguntó si quería seguir con el ramo. “Un niño de siete años obviamente quiere estar con su curso, no estar segregado y sentirse como un bicho raro, entonces le dijo que sí quería hacer religión. Pero esto no es un asunto que deba decidir él, somos nosotros los que elegimos. Más a esa edad, cuando el niño es una esponja que absorbe todo por osmosis”, afirma Úrsula. Lo que vino después fue lo que lo descompensó: la profesora dijo que su mamá “era mala” por no dejarlo hacer religión.

Para la clase siguiente lo retiró, pero al final del día tuvo que llevarlo al SAPU. De nuevo estaba con una crisis nerviosa que no lo dejaba respirar. Entonces dijo basta. Recurrió a la Sociedad Atea y al concejal Jaime Parada y a los dos días su hijo estaba entrando al liceo José Victorino Lastarria. Allí los alumnos de media pueden optar entre religión o filosofía, pero los de básica se quedan en la misma sala. Todo iba bien hasta que la semana pasada lo obligaron a rezar y a escribir sobre la Biblia. Como se negó, la profesora lo anotó en la pizarra. En la casa le dijo a su mamá llorando:

-Me da rabia, porque yo no soy católico y quieren que sea católico.
“Él ya sabe cuáles son sus derechos y cuándo lo están pasando a llevar”, dice la madre. “Está asociando que el colegio es un lugar poco seguro. Yo le digo que esté tranquilo hasta que yo pueda resolver esto de alguna forma”.

CHILE: ¿ESTADO LAICO?

Para Cristóbal Bellolio, autor del libro “Ateos fuera del clóset”, Chile no cumple con las bases de un Estado laico. Para estar separado de la Iglesia, un Estado debe cumplir con tres principios fundamentales: libertad religiosa, igualdad y neutralidad. “Chile respeta el primer principio: todos pueden desarrollar su fe como estimen conveniente, pero el catolicismo todavía goza de privilegios”, explica.

El principio de neutralidad establece que las instituciones estatales no deben priorizar la religión por sobre la no religión. “Lo que ocurre con el decreto es justamente una violación de este principio. Parte de la base de que por defecto los colegios municipales, que son instituciones del Estado, van a promover una determinada visión religiosa”, agrega Bellolio.

Para Carlos Calvo, académico de Educación en la Universidad de La Serena, la enseñanza de la religión está tan equivocada como la enseñanza de otras asignaturas, que educan a los niños, genuinamente curiosos y llenos de preguntas, a través de las respuestas. “Como hay temas éticos nos resulta más fuerte, pero se cometen exactamente los mismos errores en una clase de matemáticas: nos centramos mucho en el producto del aprendizaje de la persona y no el proceso mediante el cual esa persona deviene libre”, agrega. Para el educador, el Estado debe dar una educación que genere libertades y esto solo se aprende ejerciéndola, permitiéndole a los niños esa opción. “Además los valores no solo se aprenden dentro del seno de una Iglesia y, en este último tiempo, las Iglesias han probado que no son la mejor fuente para el aprendizaje de los valores”, agrega.

Para Bellolio, el decreto promueve que los compañeros discriminen y excluyan a los otros: “Los mismos niños se preguntan: ‘¿Por qué lo sacan de la clase?’ ‘¿No cree en lo mismo que nosotros creemos?’ ‘¿Se puede invitar a la casa después del colegio al compañero que no va a religión?’ Ese niño es el distinto, el raro”.

DEL DICHO AL HECHO…

Una apoderada del colegio República de Siria, ubicado en la comuna de Ñuñoa, leyó en la lista de útiles escolares que su hija necesitaba un cuaderno de religión. Como estaba eximida de la asignatura, la niña llegó a la escuela con un cuaderno menos, lo que empezó a traerle problemas. Sus padres partieron al colegio a resolver el asunto y ahí les pidieron “darle una oportunidad” a la clase. Dijeron que se trataba de una asignatura inclusiva, enfocada en los valores y no en la evangelización. Días después, la niña llegó con un dibujo y una frase, “Jesús me ama”. Su madre empezó a ir a buscarla antes al colegio, ya que la clase de religión era la última del día. Al año siguiente pasó a dictarse en las primeras horas. “Pensé en llevarla más tarde, pero me dijeron que no se podía porque iba a quedar ausente y si ella no iba se quedaban sin su subvención”, relata.
A su hijo menor, también eximido de religión, la profesora jefe los hace rezar en la mañana. El padre conversó con ella, pero le dijo que lo iba a seguir haciendo porque no le hacía mal a los niños. “El colegio al enseñar religión se mete en un ámbito familiar. Si no se cumple la ley, seguimos siendo hipócritas, porque estamos diciendo en el papel que es opcional y en la realidad no lo es”, dice la madre.

Después de cambiar a su hijo de establecimiento y con la ayuda del abogado Alejandro Araya, Úrsula Eggers denunció al colegio Mercedes Marín ante la Superintendencia de Educación. La sanción fue de 54 UTM, que corresponde a cerca de dos millones y medio de pesos. Además de ella, en lo que va del año otros 17 apoderados han denunciado ante la superintendencia que sus hijos fueron obligados a asistir a clases de religión pese a estar eximidos. Entre 2013 y 2014, la cifra alcanzó los 45.
Los apoderados se están organizando. Úrsula creó una página de Facebook llamada “Educación Laica para nuestros niños” donde ha reunido más de 2.500 firmas para derogar el decreto 924. Además participa en la agrupación “Apoderados por la Educación Laica”, que quiere obtener personalidad jurídica pronto.

“La pelea no es con las Iglesias, sino con la idea de tener una enseñanza religiosa en los colegios públicos, que financiamos todos y que deberían ser un lugar de encuentro de la diversidad cultural, ideológica y étnica”, plantea el abogado Alejandro Araya.

“Los principios que están detrás del decreto juegan a favor de la religión, violando los principios de un Estado laico y quitándole a los niños la oportunidad de que tengan una visión más amplia de los problemas religiosos”, dice Cristóbal Bellolio. “Lo que queremos no es un adoctrinamiento cerrado donde les digan que solo es cierto lo que les dice la Biblia o el cura del colegio”.