educacion no se vende

La gratuidad en la educación superior para el año 2016 parece pender de un hilo. La propuesta ha sido criticada por anticiparse a la discusión de una reforma profunda en el nivel, cayendo en un apuro e improvisación que imposibilitarían legislar de manera adecuada.

Algunos parlamentarios han propuesto modificar la glosa presentada por el Gobierno, aumentando el número de instituciones beneficiadas (estableciendo como requisito principal la acreditación), y redestinando los recursos a través de becas completas (que financien el 100% del arancel). El argumento es que “no podemos discriminar a estudiantes de un mismo nivel socioeconómico”.

El escenario es a todas luces complejo y, por sobre todo, peligroso.

Es cierto que la gratuidad para el año 2016 ha generado una tensión innecesaria, poniendo “la carreta delante de los bueyes” y comprometiendo recursos antes de que se realice el necesario saneamiento del sistema.

Pero también es cierto que la salida propuesta por algunos parlamentarios es un remedio peor que la enfermedad. El principal logro de la propuesta del Ejecutivo es que por vez primera se establecen exigencias más serias para la entrega de recursos, un primer paso para la regulación de un sistema marcado por el libertinaje de mercado. Reducir estas exigencias y mantener el sistema de becas no es otra cosa que profundizar la crisis en el sistema.

Porque, ¿sabía usted que apenas el 45% y el 35% de los IPs y CFTs, respectivamente, está acreditado? ¿Sabía que, en promedio, ningún tipo de institución (incluyendo a las universidades) logra que el 20% de sus carreras estén acreditadas? ¿Sabía que el 30% de las y los estudiantes que ingresan a la educación superior abandona la carrera en el primer año?

Y hay más: ¿sabía usted que Chile tiene los aranceles más caros entre todos los países de la OCDE? ¿Sabía que Chile posee además la mayor proporción de gasto privado en educación superior de todos los países de la OCDE? ¿Sabía que el aporte directo del Estado a las universidades públicas no alcanza el 50%? ¿Sabía que el aporte directo del Estado a CFTs e IPs es inferior al 6%?

Digámoslo con todas sus letras: una cosa es criticar el apuro con el que se busca implementar la gratuidad, y otra bien distinta es utilizar ese argumento para mantener un modelo que hace agua por todas partes.

Inyectar recursos manteniendo el actual sistema de becas, sin regular el crecimiento de la matrícula y los aranceles, y reduciendo las exigencias de calidad a las instituciones, seguramente terminará financiando a más estudiantes vulnerables, pero en instituciones que no aseguran un piso mínimo de calidad y funcionamiento. ¿Queremos como país financiar los aranceles en instituciones tipo Universidad del Mar? ¿Financiar estudios en instituciones de este tipo es una medida no discriminatoria o un pase directo a una experiencia que tiene mucho de estafa y poco de desarrollo profesional?

Para terminar, un último “pelo en la sopa”.

La Ley de Presupuestos mantiene intactos los 36 millones de dólares que el Estado entrega a través del AFI, es decir, recursos para las instituciones que matriculan a las y los estudiantes con mejores resultados en la PSU. ¿Por qué mencionamos esto? Porque si queremos modificar el sistema hagámoslo de verdad, y eliminemos de una vez por todas un incentivo económico que atenta contra la inclusión en la educación superior.

La glosa de gratuidad no es una reforma estructural, pero sí puede ser el primer paso para no seguir profundizando un sistema que está en crisis, y cuyos principales afectados son los y las estudiantes más vulnerables.

*Manuel Sepúlveda es director de Política Educativa de Educación 2020.