cardenal errázuriz

Un documento firmado por la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y enviado al Senado el pasado 30 de octubre, propone eliminar dos temas puntuales del artículo 361, todo esto en torno al nuevo Código de Procedimiento Civil en el que trabaja el Gobierno y que está en segundo trámite en el Congreso.

Los cambios afectarían de una u otra manera a todos los religiosos que están siendo investigados o llamados a declarar como testigos en causas de abusos sexuales en la Iglesia.

Una de estas modificaciones apunta a que actualmente se informa que “podrán declarar en el domicilio que fijen dentro del territorio jurisdiccional del tribunal: el Presidente de la República, los ministros de Estado, los senadores y diputados, los subsecretarios (…) el arzobispo y los obispos, los vicarios generales, los provisores, los vicarios y provicarios capitulares; y los párrocos, dentro del territorio de la parroquia a su cargo”.

Cabe precisar que hace algunas semanas el cardenal Francisco Javier Errázuriz hizo uso de este beneficio y declaró en su domicilio en Providencia en la demanda civil contra la Iglesia que presentaron las víctimas del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, acusándole de actuar negligente en los abusos sexuales del religioso.

Pues bien, de acuerdo a La Tercera, la modificación del Gobierno señala que “en concreto, y por lo que respecta a la consulta formulada, la nueva regulación no contempla el beneficio de excepción de comparecencia al tribunal en favor de representantes eclesiásticos, toda vez que han sido eliminadas las referencias contenidas en el numeral 1° del artículo 361 del Código de Procedimiento Civil”,

La Moneda también busca cambiar el numeral 3 del artículo antes mencionado y que habla de “los religiosos, incluso los nocivos”.

La ex presidenta y actual consejera del Colegio de Abogados, Olga Feliú sostuvo que antes la norma tenía un fundamento: “La actividad de un párroco o un religioso, no es conciliable con una ida a un tribunal en cualquier día y hora. Lo que está malo es que esta medida no se extienda a otros credos religiosos”.

En esa línea la profe de Derecho Canónico de la Universidad de Los Andes, Anastasia Assimakópulos indicó que que hay que considerar que “hay una separación de la Iglesia con el Estado. Por lo tanto, el Estado es el que verá lo que hace respecto a quiénes le da la posibilidad de declarar fuera de los tribunales. Es algo sobre lo que la Iglesia no puede decir ‘me están quitando o dando derechos’”.

Desde la Iglesia Pentecostal Reformada, el obispo y presidente de la Mesa Ampliada de Entidades Evangélicas, Emiliano Soto, comentó que “todas las personas somos iguales ante la ley. El trato debe ser igualitario para todos, no solamente para los ciudadanos que cumplen un rol religioso o de autoridad política, sino que todos somos igualmente ciudadanos ante la ley y frente a la sociedad”.

La Tercera detalló que desde la Conferencia Episcopal declinaron entregar su versión de este documento hasta conocerlo totalmente.