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20 de Noviembre de 2015Caso Factoring: CDE amplía querella a “falsedad militar” y denuncia corrupción en proyecto informático del Ejército
La acción legal apunta también a los delitos de cohecho agravado y negociación incompatible. El libelo detalla que hubo actos de corrupción en dos licitaciones para la construcción de softwares para mejorar los sistemas administrativos del Comando de Bienestar del Ejército. De esta manera, la investigación que partió por el delito de estafa ahora se amplía a estos nuevos ilícitos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió la querella en el llamado “Factoring-gate” que lleva la Fiscalía Centro Norte, apuntando esta vez a pagos millonarios en proyectos informáticos para el Ejército.
El libelo se dirige en contra del exmayor y jefe computacional del Comando de Bienestar, Mauricio Lazcano, a quien se le imputa haber cometido los delitos de cohecho agravado, negociación incompatible y falsedad militar.
Según el CDE, Lazcano intervino en dos licitaciones para proveer el desarrollo de softwares administrativos. Lo habría hecho como miembro de la comisión evaluadora, creando también las bases, y manipulando la opinión de otros militares que debieron intervenir en la decisión. Ambos concursos fueron ganados por Poweri. Esta firma es de propiedad de Eduardo Olmedo, ex oficial del ejército, y de Claudia Marín.
A su vez, estos tres últimos están formalizados por el delito de estafa en este mismo caso, ya que habrían usado facturas ideológicamente falsas para factorizarlas en al menos cinco bancos de la plaza.
En la nueva querella del CDE, tanto Marín como Olmedo son imputados por el delito de soborno.
Los hechos en que se fundamenta el libelo comenzaron en 2013. En la oportunidad Olmedo y Marín le ofrecen a Lazcano que intervenga en una licitación para desarrollar un software para el Comando de Bienestar por un monto de 117 millones de pesos. El ofrecimiento lo hace Olmedo en un hotel capitalino donde se compromete a pagarle casi 8 millones mensuales por el lapso que dura la ejecución del servicio licitado.
Los pagos a Lazcano los realizó Poweri, recibiendo 9 boletas de honorarios entre 2013 y 2014. En dicho concurso sólo participó esta firma.
Llegado el momento de diseñar el software, Lazcano ocupa a funcionarios del Ejército como también a trabajadores de la empresa Silva Computadores LTDA., de la cual es dueña su madre y su hermano.
De acuerdo al escrito, Lazcano recibió sólo por esta licitacion más de 83 millones de pesos.
Otro grupo de hechos lo constituyen una segunda licitación también para programas informáticos, esta vez para mejorar los procesos administrativos de la jefatura habitacional.
En esta oportunidad no solo participó Poweri, sino que también la Universidad Católica de Valparaíso.
Aun cuando la oferta de la UCV era económicamente mejor que la de Poweri, “Lazcano influyó en los demás miembros del comité de evaluación para que éstos escogieran a la empresa Poweri”.
El monto del proyecto era de 59 millones de pesos. De esos, Lazcano se habría quedado con $18 millones.
Para el CDE, la conducta del exmayor implicó un perjuicio fiscal, ya que habría omitido ejercer los deberes de su cargo para beneficio personal.
Al respecto, la semana pasada la Corte Suprema nombró como ministro en visita al magistrado de la Corte Marcial, Omar Astudillo, para que indague los hechos.
En tanto, el abogado Ángel Valencia, patrocinante de Lazcano, aseveró a este medio que su cliente ha colaborado y que continuará haciéndolo ante cualquier solicitud de la Fiscalía.
