Paipote

A principios de mes, el diputado Alberto Robles (PR) sostuvo una reunión con el titular de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), Cristian Franz. Durante el encuentro, el parlamentario presentó nuevamente una denuncia en contra de la empresa SOLENOR para indagar las posibles irregularidades que denunció este medio. La empresa sólo cuenta con permisos para procesar y almacenar residuos peligrosos, sin embargo habría estado triturando baterías para extraer pasta de plomo sin las autorizaciones correspondientes.

El diputado Robles explicó que su principal preocupación es que la empresa, con un largo historial de irregularidades y de propiedad de Gonzalo Izquierdo Menéndez, se ubica en terrrenos inundables y eso reviste un grave peligro para la población de Paipote, donde funciona la planta de residuos: “Me preocupa que esta industria está en terreno inundable, como quedó demostrado en el aluvión recién pasado. Cualquier instalación de residuos peligrosos en una zona inundable, se convierte en un peligro extraordinariamente serio para la población. Debería hacerse un estudio de impacto ambiental que reevalúe su localización”, planteó.

El parlamentario por la región de Atacama resaltó que SMA debe investigar a la empresa y cumplir las funciones que la ley le compete. El organismo fiscalizador tiene 60 días hábiles para realizar el examen de admisibilidad de la denuncia. Tras ese período, debe pronunciarse si acepta la denuncia del diputado. Anteriormente, en 2013, Robles presentó una primera denuncia contra SOLENOR ante la SMA, pero no obtuvo respuesta del organismo fiscalizador.

En caso que la acción sea aceptada, la SMA inicia la investigación y emite un informe fiscalizador, que luego es estudiado por la división de sanciones, área que procesa los hallazgos y si hay infracciones a la normativa, se formulan los cargos y se abre un proceso sancionatorio.

Si se comprueban las irregularidades, SOLENOR puede acatar las exigencias de la SMA y tiene 10 días para presentar un programa de cumplimiento con montos de inversión y plazos acotados. De no aceptar las medidas, la empresa puede presentar sus descargos, pero si son rechazados por la SMA, se aplican las sanciones ambientales que van desde 1 Unidad Tributaria Anual (UTA), equivalente a $539.000, hasta 10 mil UTA, o en caso de extrema gravedad, la clausura y prohibición de funcionamiento.

Además, la también diputada por la región de Atacama, Daniella Cicardini (PS), envió oficios a las autoridades correspondientes para solicitar información sobre la empresa. Las respuestas fueron recibidas esta semana y serán analizadas por sus asesores legislativos.

Al respecto, la diputada Cicardini planteó que seguirá investigando para esclarecer si SOLENOR ha incurrido en irregularidades ambientales y advirtió que en caso de ser efectivas: “se tomarán las medidas necesarias para que existan sanciones contra la empresa. No podemos seguir exponiendo a Atacama a más contaminación, ya hemos tenido los casos de Freirina, Pascualama y Chañaral. Hemos expuesto a nuestra región como zona de sacrificio, pero no estamos dispuestos a seguir exponiendo a la ciudadanía a más problemas ambientales. Queremos desarrollo, pero sustentable, las personas tienen derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”.

Terrenos cuestionados

El terreno de 42 hectáreas ubicado en la quebrada de Paipote, donde actualmente funciona la empresa, es propiedad del Estado y fue arrendado por el Ministerio de Bienes Nacionales a SOLENOR. El contrato se celebró el 01 de agosto del 2012 y está vigente hasta el 31 de julio del 2017. Los firmantes son Daniel Huencho Morales, el ex Seremi de Bienes Nacionales de Atacama y Andrés Palma, el ex gerente de SOLENOR y actualmente secretario ejecutivo de la Reforma Educacional. El costo del arriendo es de $956.025 mensuales y reajustables.

En el cuarto capítulo del contrato, se estipula que “el inmueble arrendado será destinado única y exclusivamente para seguir desarrollando el proyecto ‘Disposición final de residuos’”. Además, en el sexto capítulo se establece que SOLENOR no podrá ejecutar obras que modifiquen o transformen el inmueble fiscal sin previa autorización por escrito de la Seremi de Bienes Nacionales y tiene prohibido ejercer actividades ilícitas en la propiedad.

Pese aquello, desde el Ministerio de Bienes Nacionales informaron que la empresa cuenta con la RCA correspondiente para disposición de los residuos peligrosos, y que si no reciben una denuncia formal sobre el incumplimiento de las cláusulas del contrato de arriendo, no pueden fiscalizar.

Revisa la denuncia: