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Nacional

21 de Diciembre de 2015

Adriana Delpiano, ministra de Educación: “Cualquier trato discriminatorio a las estatales sienta un precedente muy funesto”

En la semana clave para definir para la gratuidad universitaria en 2016, la ministra Adriana Delpiano se niega a comentar un error del Gobierno en la nueva formación del TC y dice que se debe abocar a cumplir la ley y la constitución, aunque señala que es muy complejo su rol ante las otras reformas que vienen. Además dice que, con todas las dificultades, la glosa se transformó en una especie de "globo sonda" y que terminó corriendo el cerco respecto al tema de la gratuidad. "O sea, que hoy la derecha sea la que pelea más gratuidad para más alumnos era algo impensable hace un año atrás", dice.

Ricardo Ahumada
Ricardo Ahumada
Por

Delpiano A1

“Este país es el reino del sacrificio y del sufrimiento. Como digo yo: nada es tan malo que no pueda empeorar”. Son pasadas las nueve de la mañana del viernes 18 de diciembre y la ministra de Educación, Adriana Delpiano, da un pequeño discurso a alumnos chilenos, peruanos y dominicanos de distintas edades en la biblioteca del Liceo Gabriela Mistral, en Independencia.

Es el término de una semana compleja, en la que la filtración del supuesto mecanismo que baraja el Gobierno para ejecutar la glosa de gratuidad en 2016 generó una dura respuesta de rectores, estudiantes y parlamentarios del ala progresista de la Nueva Mayoría tras revelarse que podrían quedar fuera tres universidades estatales de dicha política pública.

Aún sin acceder al texto completo con la sentencia del TC que alegó discriminación arbitraria, la ministra insiste en la obligación que tiene su cartera de tratar a colegios y universidades estatales con una diferenciación por el sólo hecho de que el propietario es el Estado.

Y a pesar de los días complejos, la titular del Mineduc se da un tiempo para presentar un documento sobre la nueva política de convivencia escolar que impulsa el ministerio y conversar con unas estudiantes gemelas del liceo, antes de volver a responder si el Ejecutivo dejará a la Universidad Arturo Prat, UTEM y De Los Lagos fuera de la lista de instituciones que podrán optar al beneficio. Y apuntar a que si la derecha vuelve a recurrir al TC, deberá dar cuenta al país sobre las razones que tiene “para poder impedir que un número importante de alumnos pueda ingresar a la gratuidad el próximo año”.

¿Qué precedentes marca la discusión sobre la gratuidad para el 2016 en la Ley de Educación Superior y con qué fuerza se podrían impulsar criterios para un sistema con nuevas reglas? ¿Qué tanto influye lo que pase hoy en una política pública que se pretende a largo plazo?

Yo creo que en el momento en que se cayó en el Tribunal Constitucional la impugnación de haber hecho una política pública en la glosa, eso no fue aceptado por el TC como una anomalía. Una de las razones, y a lo que apostó la derecha, era decir que no se podía hacer política pública por una glosa presupuestaria. Eso no fue tema para el TC. Por lo tanto, la política que se define, que es parcial, es por un año mientras se define una política definitiva de educación superior. Tenemos muchos aspectos que están en esa glosa que se aceptan, sobreviven y que seguramente a raíz del fallo vamos a ver reforzadas o no tocadas. Entonces, el fallo tiene un impacto, pero entendiendo que no actúa de oficio, que alguien tiene que llevar una impugnación, yo señalaría que para mi gusto el mismo fallo nos está dibujando con más fuerza lo que teníamos antes: justamente este tema de la responsabilidad del Estado sobre las universidades públicas. Que si bien todo el mundo te lo puede decir al minuto que se busca generar una cuña o hacerlas iguales-iguales a cualquier otro tipo de institución, aparece un factor que es distinto, que de alguna manera es algo cuando el legislador aprueba tener recursos especiales para fortalecer la educación pública escolar, también está haciendo un reconocimiento de que el país tiene que tener una educación pública. Que no es exclusiva, que se ha definido como mixta, pero que claramente el Estado tiene una obligación sobre las instituciones que le pertenecen distinto y diferenciado del resto.

¿Se reflejará en la Ley de Educación Superior?

Aquí hay un tema que yo espero que quede bien dibujado en la Ley de Educación Superior y es el equilibrio entre la institución que tú ofreces y los derechos del alumno. Yo creo que esta dicotomía, de que me da lo mismo una o me da lo mismo la otra, o sea tener superinstituciones, pensar que solo importa el alumno y da lo mismo donde estudie, si se lucra o no se lucra, si duran 7 años las carreras o 3 o 4, y nadie vele por eso, yo creo que es muy complejo y por eso es tan necesaria una ley larga que regule todos estos aspectos. O sea, sin esa institucionalidad estamos a merced de que un sistema que es muy heterogéneo, con centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades; con lucro, sin lucro, otras que no pueden pero que hemos encontrado que tienen formas de sacar dinero por otro lado, etcétera. Por lo tanto, creo que la glosa, si bien es una ley por un año, ha significado una especie de ‘globo sonda’ de poder ver dónde están las percepciones que los distintos sectores del país tienen sobre esto.

¿Cree que eso reveló el debate de esta semana?

Es que hay un tema que no es menor que es la fe pública. La señora que con tanto esfuerzo junta plata para pagar el copago del crédito o beca para pagar el IP o CFT de sus hijos o hijas, ella tiene la sensación de que alguien veló porque ese instituto sea bueno. Es lo mismo que cuando tú te metes a un restauran a comer. Es verdad que el Instituto de Salud Pública no está todos los días porque hay una autorregulación. Pero eso se ve reforzada porque cada cierto tiempo viene alguien y revisa la refrigeración o la cadena de frío, y eso hace que funcione. Si eso nunca sucede, pasan otras cosas, como eso de reetiquetar pollos lo vimos en los lugares más conspicuos de este país. Entonces, en la glosa hay un adelanto en la reacción de los distintos actores, en la percepción de estos temas que están, que va a ser muy valioso de la discusión que viene adelante.

¿Desde qué minuto ustedes evaluaron o sintieron que el TC podía ser un impedimento para llevar adelante esto desde marzo? La nueva composición del tribunal se zanjó en agosto y mucha gente cree que fue un error de cálculo del Gobierno.

Viene más bien desde que la UDI anuncia que va a impugnar esto ante el tribunal. Porque más que la conducta del tribunal, es la decisión de la UDI de una cosa que está perdiendo en el Parlamento. Que, como en todas las leyes, hay mayorías y minorías, hay artículos que pierdes o ganas; eso es parte de la discusión cotidiana. Desde el primer minuto la vieron pesada y decidieron ir al tribunal. Pero no es sino hasta el fallo que yo pensé que se podía caer el criterio de participación estudiantil y se podía, eventualmente, caer la glosa. Pero por un lado, el hecho de que se ha usado la glosa en muchos gobiernos y habían muchos antecedentes del gobierno del Presidente Piñera, hacía discutible esa discusión. Y después la defensa de la propia Paulina Veloso fue muy fuerte en ese punto, y en los otros. Yo no me atrevo hoy día a decirte, sin conocer el fallo -porque el fallo tal como lo señaló el secretario ese día, es una cuestión muy vaga, muy general, que no te da muchas pistas concretas- de qué es lo que te van a considerar. Y en ese sentido, ir al TC no era sólo un cálculo aritmético de cómo iban a votar los ministros porque no habíamos tenido una votación de este tipo, con estos miembros del tribunal.

¿Usted considera como una especie de triunfo de la derecha que se haya acogido esta discriminación arbitraria? Ellos dijeron eso desde un principio y el tribunal les dio razón.

Mira, nosotros dimos muchas razones, conversamos con ellos, con Bellolio en particular, que fue el que llevó esto, en términos de que son muchas políticas públicas que no pueden salir con todo y lo que importa es que los criterios sean válidos. El argumento que ellos daban es que se estaba discriminando a unas instituciones respecto de otras, concretamente de las del Estado. Y aquí hay un tema mucho más de fondo, que no tiene que ver con la discriminación: cuando la Presidenta anuncia que la gratuidad va a partir por el Consejo de Rectores (Cruch), eso fue lo primero y después se abrió a otras instituciones con determinados criterios. El Cruch es una estructura que existe por ley, que hoy tiene fondos distintos al resto. Hay fondos basales que son sólo para las estatales y otros que son solo para el G-9. Pinochet las dejó dibujadas distintas, para decirlo correctamente, en el año 81. Entonces, no es que nosotros estuviéramos inventando un espacio discriminador, sino que el Cruch ha existido y existe hoy en la ley con una característica distinta. Como no tenemos superintendencia y subsecretaría aún, dijimos ‘partamos por esas instituciones que le dan garantías históricamente al país, tienen respaldo del Estado detrás, que nadie se va a echar la plata al bolsillo, que los recursos van a funcionar’. Ese fue el criterio. Siempre se abrió para aquellas otras que quisiesen postular, que tuvieran acreditación de más de 4 años. Nunca pensamos en este tema, sino porque el Cruch era un paquete cerrado.

¿Entonces la distinción debe ser entre las instituciones estatales y privadas o el Cruch y el resto?

Lo que pasa es que el Cruch, todas las otras del Cruch, cumplen con los requisitos que se le pusieron a cualquier otra privada.

¿Y no son requisitos antojadizos?

No, mira. Dado como es la acreditación hoy día, que hay que mejorarla, evidentemente que cuatro años de acreditación en una institución, tiene mejores estándares que una que tiene 2 años u otra que no está acreditada. Pero también hay mucho paño que trabajar y cortar y eso va a venir en la ley larga. Pero el mínimo de 4 años de acreditación es para que den alguna garantía. Por otro lado está que los recursos no alcanzan para todos. Los criterios de calidad por cada institución va aparejado al número de estudiantes por el que se puede partir, que son aproximadamente 200 mil alumnos del país. ¿Son todos los alumnos vulnerables del país? Por supuesto que no. Incluso se puso en otra glosa y se discutió en el Parlamento el poner una ‘Beca Milenio 2’ para los CFT e IP hasta el quinto decil.

Valdés Delpiano A1

¿Qué le diría a esas personas que hoy día básicamente no tienen certeza de qué es lo que va a ocurrir con ellos? Hace unos meses usted misma daba como ejemplo a las universidades Arturo Prat y de Los Lagos como una de las instituciones con altísimo porcentaje de estudiantes vulnerables.

Mira, la que más cumple lejos es la Universidad Católica de Temuco, a decir verdad. En proporción es la que tiene más vulnerabilidad, pero ellos también tienen un número importante. En medio de este debate, del camino a seguir, efectivamente nosotros le señalamos a los rectores, yo conversé con los rectores, el tema de que cualquiera fuera la solución nosotros íbamos a garantizarles vía fondos basales el acceso a la gratuidad de sus alumnos. Y aquí surge un tema interesante, que no es menor. Es que la defensa del rector Vivaldi, del rector Valle y otras, me lo dijo con todas sus letras el rector de la Unap, es que para ellos el tema no es la gratuidad.

¿Cuál es?

El tema es el derecho del Estado a tratar a sus universidades distintas al resto. Entonces, no es un tema de por dónde tú les pasas la plata, es si es que tú le haces un distingo entre unas y otras. Porque como dice el rector Vivaldi, tiene razón, llevado al extremo te permitiría que el Estado te financie un conjunto de universidades privadas, muchas de la cota mil, por decirlo de alguna manera, y no le des financiamiento, se auto infrinja el no financiamiento a las universidades de Estado. Claramente -se lo dije al rector- esto no es voluntad del Ejecutivo, es un escenario posible que se te abre desde el Tribunal Constitucional. No es que el Estado quiere hacer eso. Ante una eventualidad de obligatoriedad y de no encontrar una salida que no signifique volver a ir al TC, estaba esa alternativa. Pero yo, pensándolo efectivamente, le encuentro razón en términos de que cualquier trato discriminatorio, que no tiene que ver con plata para los alumnos, porque eso se salva, pero cualquier trato discriminatorio a las estatales sienta un precedente muy funesto para adelante. No es sólo ahora en esta política que te paso plata por fondos basales. Es que estoy no aceptando que las universidades del Estado puedan tener un tratamiento distinto. Si tú me dices: Correos de Chile no está funcionando bien entonces déjelo fuera y financie DHL porque es mucho más rápido, más eficiente. No. Mi tarea es que, si fuera verdad que DHL es más eficiente o más no sé qué, mi tarea es cómo mejoro Correos de Chile. No puedo tratar distinto a Correos de Chile porque no está dando el estándar una institución que tiene otras reglas del juego, otro peso, otra historia. Otra cosa es que el Estado definiera el día de mañana que no va a tener más Correos de Chile, como lo hizo tantas veces de definir privatizaciones y sólo vamos a funcionar los chilenos con DHL o algo parecido. Esa es una decisión distinta. Pero mientras yo tengo Correos de Chile yo tengo que darle un trato para garantizar que sea más eficiente, más que la competencia.

¿Qué cree que pasó finalmente con la glosa?

Yo creo que lo que pasó con la glosa es que permitió correr el cerco. Con todo lo complejo, enredado, etcétera que se vea, ha corrido el cerco respecto al tema de la gratuidad. O sea, que hoy la derecha sea la que pelea más gratuidad para más alumnos era algo impensable hace un año atrás. Impensable. Gratuidad en la educación superior para darle plata a los ricos’, etcétera, etcétera. Y además, no necesariamente vía becas, que era como la otra forma. Que la beca es como ‘ya, te voy a dar un pedacito de lo que te falta’, pero no es tú derecho a la gratuidad. Hay una diferencia. ‘Yo te doy un apoyo, te pongo platita pa que no te salga tan salao’. El concepto de la Presidenta era no, avanzar a la gratuidad como un derecho garantizado que parte por los deciles más bajos.

¿El fallo además marca precedente?

Lo segundo es también eso, un estado de perplejidad, por decirlo de alguna manera, de qué rol va a jugar el Tribunal Constitucional, no en esta ley sino que en las futuras leyes. O sea, esto va a ser el refugio que va a encontrar la derecha. Muchas leyes tienen aspectos que en algún sentido modifican leyes que tú podrías interpretar. Ese tema de la acción preventiva del TC es algo muy complejo. Muy complejo.

Pero también logró que todo el bloque defendiera el derecho del Estado con sus universidades.

Es que ante los temas más de fondo, le dio una cohesión fuerte a la Nueva Mayoría. Puede haber desacuerdo en si salimos por aquí o por acá, pero lo que nos están cuestionando dio un remezón fuerte. Yo lo he conversado con todos los partidos y todos de acuerdo a que hay derecho del Estado con las universidades del Estado.

Pero insisto en que el Gobierno no fue precavido. Fue poco pillo. Porque la antigua Concertación, la Nueva Mayoría hoy día, años atrás tenía otros topes. ¿Cómo se puede enfrentar las pretensiones del Gobierno ahora ante una ‘tercera cámara’? La gente no entiende que una vez más haya otra excusa para que sucedan estas cuestiones.

Yo creo que nosotros, el Gobierno, tiene que gobernar apegado a la Ley y a la Constitución. Otra cosa es el planteamiento que la Presidenta ha hecho de ir a cambios constitucionales, que el gobierno ha hecho suyos y ha decidido impulsarlos. Pero tú no puedes gobernar al margen de la Constitución y la ley, por irracional o aunque no estemos de acuerdo con ella. Por lo tanto, yo como ministra es muy difícil que me pronuncie sobre lo que estás señalando, porque para mi es un marco nomás. No me cuestiono el tema. Obviamente uno desea que todas las instituciones… las instituciones cumplen un rol de equilibrar el poder. Por eso como alguien ha dicho ‘una democracia reguleque es mejor cualquier otro sistema político’ porque tiene equilibrios de poder. Nadie es absoluto. A mi lo que me parece complejo en este caso -esta es una opinión muy personal- es que el tribunal y cualquier fallo de ellos es inapelable, de última instancia siempre. O sea, si tienes una fallo de la Corte de Apelaciones ta vas donde éste, o puedes tener hasta acusaciones constitucionales. Tienes maneras de enfrentarlo. Acá tienes una decisión que no la vamos a comentar, la vamos a acatar. Por lo tanto, qué pasó o cómo se constituyó el tribunal, no me corresponde a mi comentarlo. Y lo que sí creo es que dado que es para ver si una cosa se apega o no se apega a la Constitución, porque para eso existen los tribunales constitucionales, pero su comportamiento es para ver si está de acuerdo a la constitución o no. Esa es su razón de verlo y por lo tanto, lo que muchas veces se ha señalado es esta cosa media preventiva. O sea, que todo reglamento, toda cosa más compleja se vaya a impugnar al TC como práctica, me parece que es una cosa muy complicada.

Probablemente va a pasar con otras reformas.

Es que muy complicada para un proceso democrático. De hecho esta glosa fue discutida hasta la saciedad, diría yo. Hubo comisión de presupuesto, después comisión mixta, después fue a la Cámara, al Senado. Hubo acuerdos, desacuerdos, fue muy discutida. Finalmente se votó complejamente, pero sale. Eso es parte del proceso democrático. El Ejecutivo hace un planteamiento, el Congreso lo discute, etcétera, etcétera. ¿No me gustó como salió y me voy a impugnarlo? Es complejo como mecanismo. Aunque fallara a favor el TC, el que todo tenga que pasar por ahí, a mi me parece que alarga el proceso y además le quita validez al Congreso.

Hoy tenemos un escenario político complejo. Usted hablaba de los extremos y dentro de la misma coalición de gobierno los hay. ¿Cómo ve usted ese escenario porque el Congreso está súper desacreditada por la gente, pero cada uno quiere defender su parcela y va ganando un poquito?

Mira, yo creo que hay distintas cosas que te suman o te restan para esto. En primer lugar, la gente votó por una Presidenta de la República y un programa y yo creo que es bueno volver siempre a eso independientemente de las dificultades que hayan en el camino. Es un punto, es razón necesaria, pero no suficiente. Yo diría que las formas de pasar por esto evidentemente es el Parlamento. Creo que nos obliga doblemente en un momento donde la gente está muy desconfiada, no cree en las instituciones, creo que los grados de confianza que uno pueda dar, sus equipos, la gente. El trabajo es arduo.

¿Hay que recordarle a los parlamentarios de vez en cuando lo que dice el programa?

Yo creo que la coalición vive, porque esto no es un acto electoral. Esto es una coalición que decidió gobernar junta, no un pacto electora. Llevó una Presidenta y llevó un programa. Los programas no son la biblia, pero son un lineamiento que te conduce a algo. O sea, yo elegí este gobierno para que haga estos cambios, para que avancemos en este sentido. Y yo creo que cada cierto tiempo hay que decir ‘ok, está en la página 8 del programa lo que estamos haciendo’. Yo no creo en eso tan así, pero hay lineamientos claros que tienen que permanentemente estarse activando. Porque es lo único que le da fuerza a la coalición. Y creo que lo que ha pasado con la glosa, al menos en algunos puntos, la coalición como tal ha concordado ciertos elementos importantes.

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