Carlos Peña explica por qué adherir a la gratuidad en ningún caso es dejar de criticar los errores del proyecto

Ayer, la Universidad Diego Portales (UDP) confirmó que por unanimidad de los miembros del Consejo Directivo había decidido sumarse al proyecto de gratuidad que impulsa el gobierno a través de una ley corta. En los hechos, la casa de estudios se convirtió en la primera privada no tradicional en adherir a la iniciativa. Este miércoles, su rector, Carlos Peña, explica los alcances que tendrá para el plantel esta decisión y por qué se puede seguir siendo crítico.

“La adhesión de la UDP -como la adhesión de cualquier otra universidad- no ha de interpretarse, desde luego, como una aceptación apresurada de los proyectos de reforma a la educación superior que el Gobierno dará a conocer recién a fines de este mes”, escribe Peña en una columna en El Mercurio.

En ese aspecto, dice que el deber de cualquier establecimiento “es tomar conocimiento de esos proyectos, someterlos al escrutinio racional y formular las críticas que merezca. No ha de confundirse, entonces, la adhesión inmediata a una medida que corrige desventajas obvias con una adhesión acrítica.

“En una frase: la adhesión al programa de gratuidad que se ha anunciado (y cuya fisonomía final aún está pendiente) no es, no puede ser, una adhesión al proyecto gubernamental de reforma”, insiste.

El rector del plantel privado explica que “al adherir a ese programa la UDP se muestra simplemente de acuerdo con un principio general en torno al que la sociedad chilena ha ido convergiendo: el ingreso a la educación superior debe ser independiente del origen socioeconómico de los estudiantes. Una sociedad que trata con justicia a sus miembros debe tratar a todos ellos con igual consideración y respeto y ello exige remover las desventajas inmerecidas, esas que no se deben a la decisión o al esfuerzo de quien las experimenta”.

Esa frase, recuerda parte del fallo del TC, en el que se leyó que “de conformidad con lo razonado previamente y habiéndose establecido que la Glosa 05 discrimina arbitrariamente entre los propios estudiantes provenientes de los hogares pertenecientes a los cinco primeros deciles de menores ingresos del país, pues les impone requisitos adicionales 95 a su condición personal -ya de por sí vulnerable-, cuyo cumplimiento no depende en absoluto de ellos. Estos criterios de diferenciación no guardan ninguna relación con el fin que persigue el destino de los recursos contemplados, cual es, el de garantizar el derecho social a la educación a aquellos titulares del mismo que se encuentran en igual condición de vulnerabilidad. No resulta razonable, entonces, que para el ejercicio de ese derecho, cuya titularidad solo puede corresponder a las personas universalmente consideradas, se exija el cumplimiento de requisitos que escapan a su propia voluntad y a su propia condición personal”.

Según Peña, “hay muchas formas de remover las desventajas inmerecidas -la gratuidad para los primeros deciles es solo una de ellas- y cuando se den a conocer los proyectos de reforma a la educación superior deberá discutirse cuál de todas resulta socialmente adecuada”.

Por otro lado, arguye razones de índole intelectual, como es que “las universidades diversas, que reúnen en sus patios y en sus aulas a personas con distintas trayectorias vitales y sociales, que favorecen en sus estudiantes el cambio de sus grupos de referencia, son mejores universidades: proveen a sus miembros de una experiencia intelectual más rica y más intensa”.

Finalmente, agrega que más allá de las consideraciones expuestas, ninguna “permite borrar los graves defectos que presentan los proyectos que hasta aquí se han discutido”.

“El principal de ellos es, desde luego, la diferencia que se establece entre estudiantes de instituciones técnico-profesionales y universitarias. Tratar distinto a esos estudiantes, a pesar de que experimentan una misma desventaja, no tiene justificación”.