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Durante la jornada de este miércoles el Servicio de Impuestos Iternos (SII) presentó la primera querella por delitos tributarios en torno al bullado caso del Milicogate que The Clinic Online reveló en una serie de notas que dejan en evidencia el millonario robo de fondos a la Ley Reservada del Cobre por parte de algunos integrantes del Ejército y que se llevó a cabo bajo el conocido método de las facturas truchas.

Según consigna Emol, la acción presentada por el SII apunta contra el coronel Clovis Montero y el cabo Cruz Valverde, respecto a declaraciones falsas de impuestos.

El documento que presentó el órgano fiscalizador también mete en el saco a los civiles Francisco Huincahue y Raúl Fuentes, indagados por su papel como proveedores del Ejército.

Cabe decir que el coronel Clovis Montero accedió a responder un cuestionario realizado por The Clinic en el que manifestó que sus más de 15 meses de reclusión en el penal Cordillera tras ser procesado por su rol en este caso ha sido un proceso “largo y doloroso”. Agregó en esa oportunidad que “(estoy) triste por todo lo que ha debido sufrir mi familia”.

En el manuscrito de 11 páginas, escrito en letra imprenta, Montero detalló de manera exclusiva cómo un grupo de generales, coroneles y suboficiales gastaron gigantescos recursos públicos a través de una verdadera máquina fraudulenta. “Hay un aparato de defraudación, yo no me imaginaba lo grande que era y la cantidad de proveedores involucrados”, admitió.

El ex tesorero del Estado Mayor del Ejército y ex miembro de Contraloría de esa institución reveló en su escrito que los principales responsables de lo sucedido “son los jefes de Finanzas del Comando de Apoyo a la Fuerza y los comandantes del Comando de Apoyo a la Fuerza”. “Ellos firmaban minutas y oficios conductores con las facturas (fraudulentas) y son responsables de la ejecución de la Ley (Reservada del Cobre)”, insistió.

Consultado sobre dónde está el dinero defraudado, Montero, sin entrar en mayores detalles, escribió los nombres del cabo Juan Carlos Cruz, el empleado civil Danilo Alarcón, el general Héctor Ureta y los coroneles Jorge Silva, Fernando Grossi y Pedro Ferrer. A renglón seguido precisó que los dineros defraudados habrían sido gastados en “casinos (de juegos), propiedades, caballos y fiestas”.

El coronel, detenido en el Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, aseguró que descubrir a los responsables del ilícito no es una tarea demasiado compleja. “Se puede detectar viendo sus patrimonios y vínculos con proveedores”, aseguró.

Este martes también, tres proveedores del Ejército fueron formalizados por fraude al fisco en más de 2 mil palos en la arista civil del Milicogate.

En la instancia realizada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la fiscal Centro Norte, Ximena Chong apuntó a que un grupo de integrantes del Ejército se arreglaron para defraudar a la institución y que gracias a estos proveedores pudieron meterse al bolsillo lucas que pertenecían a la Ley Reservada del Cobre.

Para Chong, el vendedor de repuestos y mantención de vehículos, Francisco Huincahue, se arregló con Clovis Montero de manera ilegal para repartirse la plata.

En tanto Raúl Fuentes y su hijo César Fuentes facilitaron más de 200 facturas a la institución, conociendo al suboficial César Palominos.