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En diciembre de 2015, la investigación sobre las irregularidades en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) fue asumidad por el jefe regional de la zona metropolitana oriente, Manuel Guerra. El cambio fue ordenado directamente por el fiscal nacional, Jorge Abbott, luego de las revelaciones del Programa Contacto respecto del sobreprecio en más de $5 mil millones en dos tratos directos con las empresas Hendaya y Verfrutti para asumir el servicio de Ferbas, que salió del sistema por incumplimiento.

Pero el antecedente que marcó la ruta de la investigación fue otro, que también dejó en evidencia Contacto, y cuya indagatoria está hoy con carácter de reservado: la relación contractual entre el abogado Carlos Tudela Aroca, lobbista de la Democracia Cristiana, y la quebrada empresa Sercomaule, a la que Tudela le cobraba un porcentaje mensual por asesorías de los cuales no existe, según fuentes consultadas por este medio, respaldo en la empresa.

El costo total de la asesoría de Tudela era de $ 850 millones a pagar en tres años, es decir, el período en que estaba vigente el trato con el organismo estatal por $ 14 mil millones anuales para la entrega de 116 mil raciones diarias que se adjudicó Sercomaule a pesar de una serie de deudas impagas.

El dueño de la empresa, Ricardo Silva, falleció de un ataque cardiaco en agosto del año pasado, pero uno de sus cercanos entregó en declaración ante el fiscal Acuña, quien entonces llevaba la causa, un dato relevante al que el Ministerio Público hizo alusión cuando se solicitó la apertura de las cuentas corrientes del exdirector de la Junaeb, José Miguel Serrano, y sus colaboradores: “En declaración prestada ante este fiscal por don Naguib Elías José Miguel Cumsille Pillo, que fuera asesor externo de esta empresa, éste indicó que don Ricardo Silva, dueño de Sercomaule (ya fallecido), le señaló que para una de las licitaciones que postularían en Junaeb habían recibido una llamada en la cual, asegurándole que le adjudicarían una unidad territorial, él debía entregar a cambio el 3% de la facturación mensual y de ese porcentaje un 1% sería para el entonces director de la época (José Miguel Serrano)”, consignó el documento al que tuvo acceso The Clinic Online.

Serrano sostiene que la informaciónn no es efectiva, y aunque admite conocer a Tudela desde su paso en ProChile y porque ambos son de la DC, asegura que nunca ha tenido una relación cercana con el personero.

Sercomaule, sin embargo, no es la única compañía con contratos con Junaeb que tuvo vínculos con Tudela. En el término del contrato con Ibasa el año pasado, el nombre del abogado volvió a figurar.

LOS MANDATOS DE COBRO DE IBASA

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El 26 de mayo de 2015 , la Dirección Nacional puso término a los servicios entregados por la empresa concesionaria Ibasa en las unidades territoriales asignadas en la Región de Los Ríos: La Unión, Río Bueno, Lago Ranco, Futrono, Panguipulli, Los Lagos y Paillaco.

La decisión se adoptó por una serie de incumplimientos de la compañía que arrastraba desde hace tiempo y que había implicado meses antes el abrupto fin de la sociedad con Delibest, compañía uruguaya con la que se había adjudicado unidades territoriales en Coquimbo y Valparaíso a través de Merkén S.A.

Pues bien, según la información recabada por The Clinic Online con diversas fuentes y según consta en un recurso de protección presentado el 8 de junio de 2015 ante la Corte de Apelaciones de Santiago por Carlos Tornquist Bertrand -que fue rechazado por problemas de competencia en esta instancia-, Serrano y Tudela estuvieron involucrados en el proceso que llevó a que Ibasa dejara de entregar colaciones en el sur del país.

“Sucede que el director nacional de junaeb, en una intervencion pocas veces vista en nuestra historia republicana, durante el mes de abril del presente año intervino reiteradamente en la operación de Ibasa, negociando directamente con otras tres empresas, a saber, Nutriplus Alimentacion y Tecnología S.A., Las Dalias Alimentación S.A. y Delibest Agencia en Chile para que estas se encargaran de atender distintos servicios vinculados a la provisión y distribución de materias primas en los establecimientos atendidos por la empresa que represento, en particular, aquellos ubicados en ia region de Los Ríos, donde efectivamente, en el último tiempo tuvimos algunos problemas operacionales”.

La formula diseñada por Serrano consistió en que las nuevas empresas se encargarían de suministrar materias primas, y a cambio, se suscribiría un “mandato de cobro”, en virtud del cual, las empresas intervinientes tomarian el lugar de Ibasa para efectos del cobro de sus créditos sobre el “pago provisorio mensual” a que tendría derecho esta última en el mes de mayo.

“Pese a la decision manifestada en el articulo cuarto de las Resoluciones N°1101 y 1102, referidas a la suspensión de los pagos a la empresa Ibasa, hemos tornado conocimiento que el pasado día martes 2 de junio la Institución, contraviniendo su propia declaración, pagó una suma de aproximadamente 700 millones de pesos a las empresas proveedoras”, consigna el texto.

En resumen, Serrano decidió revocar parcialmente su decisión “Sin expresión de causa, a objeto de cumplir con las empresas que el mismo invitó a participar de la operación del negocio, privilegiándolas por sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la empresa Ibasa quienes hasta la fecha no reciben el pago de sus remuneraciones”.

Pues bien, en la escritura de “mandato de cobro” inscrito en notaria de Las Dalias y Nutriplus se lee “escritura confeccionada en base a minuta redactada por el abogado Carlos Tudela”.

Y, según un personero que participó en las tratativas, y que pidió reserva de identidad, la aparición del jurista no es casual: Serrano, asegura, sugirió trabajar con Tudela en esta materia porque era experto. “Incluso daba su teléfono”, destaca.

Al respecto, Serrano aseguró que “no, no es así, son las empresas las que contratan a sus asesores o personal. Junaeb no interviene en eso”.

Tudela, en tanto, a través de su abogado, aseguró que no se referirá al tema.

LOS PROBLEMAS CON LA NUEVA LICITACIÓN
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En la actualidad, Junaeb tiene una licitación en curso para 2016 que comprende un tercio de los colegios del país. Del proceso, quedaron fuera 16 empresas, entre ellas Verfrutti, Distal y Delibest, que presentaron una impugnación ante el tribunal de compras contra Junaeb.

Una de las empresas reclamantes es Delibest, empresa que incluso llevó el tema a la embajada de Uruguay -la matriz es desde este país-, acusando trato discriminatorio. La imputación que se hace, y que consta en una carta enviada a Junaeb el 31 de diciembre, y a la que tuvo acceso The Clinic Online, es que la entidad fiscal no ha dado a conocer las razones por las que fueron excluídos y que ello les ha impedido subsanar errores, como sí se hizo, sostienen, con dos compañías que estaban en la misma situación.

Además agregan que dos compañías, “Fuera de Borda SPA” y “Sociedad Servicios de Alimentación S.A” (SOSER)que fueron admitidas tienen el mismo controlador, Inversiones Infinita Limitada, cuya representación legal detenta don Jaime Patricio Rey Cortés, pese a que una postulación así no se ajusta en rigor a la normativa. Desde esta empresa, en tanto, afirman que en 2014 Rey le vendió sus acciones en Fuera de Borda a su hija, Daniela Rey Tirado, por lo que ya no existe incompatibilidad.

Desde la Junaeb, precisan que la postulación aún está en desarrollo y que todos los reclamos y consultas serán respondidos oportunamente.