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La fiscalía decidió pedirle a la Corte de Apelaciones el desafuero del diputado, Christian Urízar, todo esto luego de que en 2015 fuera formalizado por fraude al fisco en lo que respecta al desvío de fondos para campañas políticas desde la Intendencia de Valpo.

Según consigna La Tercera, los persecutores de la Unidad Regional Anticorrupción de la fiscalía de Valparaíso, Patricio Toro y Claudio Rebeco solicitaron también al Tribunal de Garantía de dicha zona que se congele la investigación hasta que se determine con todas sus letras el desafuero del honorable parlamentario.

Desde la otra esquina, el afectado aseguró que “no hay ninguna boleta, ninguna factura, ningún depósito, ningún comprobante, ningún mail, ningún llamado telefónico, nada que me implique a mí, a que hayan ido a parar algún tipo de recursos a mi campaña política o a mi bolsillo o a una cuenta corriente mía”.

Precisó, a modo de crítica, que esta “es una denuncia y una formalización con pruebas de muy bajo nivel”.

“Se está exagerando. La justicia finalmente dirá qué ha pasado. Siento que está muy de moda el tema de la persecución al mundo político, y yo soy parte de este tema. Tendré que asumirlo”, se defendió con uñas y dientes.

En otros pasajes de sus descargos el diputado se dio el tiempo de comparar a los fiscales con los humoristas, indicando que estos últimos que se suben a Viña del Mar y hablan mal de los políticos, se llevan la antorcha. No sé qué le dan a los fiscales, pero, de verdad, perseguir al mundo político produce rentabilidad y visualización mediática. Creo que eso también es parte de este tema”.

Pues bien, de ser exitosa la petición de la fiscalía, la entidad podría pedir cinco años de presidio para el parlamentario, además de solicitar la devolución de la mitad de las lucas defraudadas, lo que equivale a cerca de 30 palos.

Cabe decir que Urízar le pidió a su partido, PS, que suspendiera su militancia mientras dura esta investigación en su contra. Ya a principios de este año dicha colectividad había expresado a sus militantes que “manifestamos con fuerza y convicción que no podrán representar al Partido Socialista en elecciones populares o en algún cargo partidario aquellos que estén involucrados en irregularidades”.