milicogate

El ministro en visita Omar Astudillo, quien investiga la corrupción en el Ejército conocida como el “milicogate”, ordenó al Servicio de Impuestos Internos (SII) que elabore un detallado perfil patrimonial e impositivo de 23 militares que aparecen como procesados e inculpados en la investigación que sustancia por el desfalco a fondos de la Ley Reservada del Cobre, que suman más de US$ 10 millones.

Astudillo, además, busca establecer las rentas, ingresos, los bienes muebles e inmuebles, inversiones (fondos mutuos, por ejemplo) iniciaciones de actividades ante el fisco y las sociedades de las que son parte. Todo lo anterior para determinar si, eventualmente, se apropiaron indebidamente de platas fiscales. El listado de identidades, por ahora, este medio se lo reserva.

En materia investigativa, un informe del SII, con las características solicitadas por el magistrado, dejará en evidencia si existen diferencias -abultadas o menores- entre los bienes y los dineros ganados en los últimos años por los uniformados, que van desde oficiales a suboficiales, algunos en retiro y otros activos, de acuerdo a la información recabada por este diario.

El oficio enviado por Astudillo deberá ser tramitado por la subdirección jurídica del SII, encabezada actualmente por el abogado Bernardo Lara.

Atendido a que existen militares privados de libertad, el SII, dijeron fuentes del organismo, deberán preparar el informe al magistrado con la mayor diligencia.

Los pedidos

En la indagatoria que lleva este ministro en visita civil de la Corte Marcial existen hasta ahora una serie de hechos acreditados a partir de confesiones de ex militares. Entre otros, el pago de coimas de empresas privadas a militares, bajo el uso de facturas ideológica o materialmente falsas.

Existen también otras fórmulas como tramitación de facturas por trabajos no realizados y bienes que nunca fueron adquiridos, tal como lo reveló recientemente la sargento y comando Millaray Simunovic, quien se encuentra detenida y procesada como autora de fraude al fisco en operaciones que generaron un perjuicio para el Estado de más de $ 700 millones. Hay que recordar que fue la petición del abogado Carlos Cortés, el patrocinante de Simunovic, quien logró que el Pleno de la Corte Suprema designara a Astudillo como ministro en visita.

Junto a la anterior se encuentra también tras las rejas en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, Liliana Villagrán, quien el 23 de febrero pasado fue notificada de su “retiro temporal del cuadro permanente” del Ejército por el jefe de Comando de Personal, el general Daniel Aberi, aunque presentó un “recurso jerárquico” para revocar la decisión.

La mujer está encausada por el mismo delito que Simunovic, al que se le agrega la “falsedad militar” por el fraude al fisco de $ 1.400 palos. El ministro Astudillo determinó que Villagrán junto a Pedro Salinas, un privado dueño de la empresa Tecnometal, tramitó al menos 233 facturas falsas.

Salinas, a su vez, está formalizado por la fiscal Centro Norte Ximena Chong, en la arista civil del milicogate, ya que se presume su participación en el fraude al fisco por más de $ 2.000 millones. En la misma situación están los proveedores del Ejército Raúl Fuentes Quintanilla, su hijo César Fuentes Campusano y Francisco Huincahue.

En materia de justicia militar de este caso, también están detenidos y procesados, el coronel en retiro Clovis Montero, los suboficiales y Miguel Escobar Claudio González y el cabo Juan Carlos Cruz.

Cruz, tal como lo informó este diario, se gastó más de 2.400 palos en el casino Monticello entre 2008 a 2014.