ley reservada-a1

El pasado 29 de marzo el Consejo para la Transparencia (CPLT) determinó obligar al gobierno a revelar y entregar contenido de la llamada Ley Reservada del Cobre, todo esto luego de la frustrada petición de Salvador Soto Fortes, quien el 13 de octubre de 2015 pidió una copia del documento.

Según consigna La Segunda, el CPLT acogió el reclamo interpuesto por Soto luego de que esta persona solicitara sin exito a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas el acceso a la información de la Ley Reservada del Cobre y a sus modificaciones si es que existieran.

Para su negativa, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas argumentó que “la divulgación de la información solicitada afectaría a la seguridad nacional, toda vez que, los recursos destinados a través de la referida ley, tratan sobre la adquisición de material bélico y equipamiento militar”.

Vale decir que dicho documento no es de libre acceso, incluso para los honorables parlamentarios. De hecho, publica el vespertino, el diputado DC Jaime Pilowsky contó que cuando una autoridad desa acceder al contenido debe dirigirse a la secretaría de la Cámara para revisarlo en el lugar, sin la posibilidad de divulgarlo ni sacarle copia.

Pues bien, tras un exhaustivo estudio del texto, el Consejo para la Transparencia concluyó que “no se aprecia cómo afectaría a la seguridad nacional la revelación de lo solicitado, de manera que no se justifica alterar la regla general de la publicidad administrativa ni afectar el derecho de acceso a la información administrativa, máxime si ello supone el control social de una contratación pública”.

Fue así como el CPLT le dio la razón a Soto y notificó de su determinación a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas para que esté al tanto. Por su parte, dejó en manos del Gobierno la decisión de escoger si acuden o no a la Corte de Apelaciones para reclamar la resolución.

Sobre este último Punto, Pilowsky aclaró que el ministro de Defensa, José Antonio Gómez le informó que no apelarán.

“Tomando en cuenta que la publicación de la ley no afecta de ningún modo la seguridad de la nación, acudir de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones es conducir al Ejecutivo a una derrota no sólo jurídica sino también comunicacional”, explicó el diputado falangista que preside la comisión que investiga el Fraude en el Ejército con fondos de la Ley Reservada del Cobre.

Pilowsky enfatizó que “queremos que la ley salga de la actual caja fuerte, donde se encuentra resguardada del conocimiento de los ciudadanos para que su texto sea conocido”.

“No hay ninguna norma de esa ley que ponga en riesgo la seguridad de la nación y muchos aspectos fueron recogidos en el Libro de la Defensa en 2010”, sentenció Pilowsky.