De Solminihac

Patricio de Solminihac, gerente general de Soquimich, se refirió a la crisis que ha enfrentado la empresa del ex yerno de Pinochet tras verse envuelta en el caso que investiga, entre otras cosas, el financiamiento irregular de la política.

En entrevista con La Tercera, el sucesor de Patricio Contesse, aseguró no conocer las razones por las que el ex gerente general financió a políticos de todos los sectores. “No sé las razones. Nosotros identificamos gastos que, si bien para el tamaño de nuestra compañía, para los presupuestos que se manejaban, no eran significativos, eran gastos que no tenían respaldos que se justificaran para generar la renta. ¿Por qué se hizo? Yo no lo sé. Lamentablemente, el ex gerente general no colaboró en la investigación y no ha dado sus razones. No puedo especular”, sostuvo.

“Lamentablemente, creo que es un tema que era bastante más común de lo que la gente piensa. Ex post todos tenemos una posición muy crítica.
Pero si uno mira lo que se ha reportado a Impuestos Internos, ¿cuántas empresas hicieron rectificaciones? Estamos hablando de 300 o 350, no lo sé, un número muy grande. Es mucho. Lamentablemente, creo que era una mala práctica. Creo que había un trabajo que quería posicionar a la empresa, hacerla más conocida, poder participar activamente en más cosas, no lo sé… Uno lo mira en el contexto de hoy día y es difícil explicárselo”, agregó.

El empresario también se refirió al denominado “artículo Contesse”, por el cual es ex ministro de la UDI, Pablo Longueira, está siendo investigado por el delito de cohecho. Sobre si SQM pagó sobornos, De Solminihac sostuvo que “definitivamente, nosotros no fuimos favorecidos en nada, y eso lo puedo decir con propiedad. Nunca vi, ni he percibido ni encontrado algún beneficio específico para la empresa en ninguna cosa. Esta compañía ha sido siempre tremendamente auditada”.

Según el gerente de la minera no metálica la Ley del Royalty no benefició en nada a Soquimich y, por el contrario, terminaron “pagando más impuestos que nadie”.

“La invariabilidad no la teníamos. En los primeros tres años pagamos US$ 78 millones, contra US$ 28 millones de los años anteriores. Tuvimos que pagar muchísimo más. La ley de 2005 hablaba de un royalty de entre 0 y 5% y una invariabilidad a la que uno podía optar del 4%. Nosotros en ese momento, en 2005, no éramos muy grandes, el royalty estaba orientado para la industria del cobre y caíamos en el 1,5%-2%%. Pero en 2010 se hace algo distinto, se cambia a entre 5% y 14%, fue bastante más sofisticado. Y lo único que nosotros hicimos ver como compañía, yo no participé directamente, fue decir que si se ofrecía la invariabilidad tenía que ser también para los chilenos y no sólo para los extranjeros. Y eso fue todo. Ahora, la forma es otro problema y yo no voy a entrar en eso. Terminamos pagando mucho más, no hay un beneficio ahí. Y, por otro lado, fue una ley que fue ampliamente discutida. Aquí no hay un señor que haya hecho la ley a la medida. Esta cuestión pasó por el Ministerio de Hacienda, de Economía, pasó finalmente por el Congreso, se analizó en las comisiones y al final todos estuvieron de acuerdo”, agregó.

En relación a si le cree a Julio Ponce Lerou cuando dice que no sabía nada sobre los pagos que hacía Contesse el empresario aseguró “no sé, y no conozco los detalles. Obviamente, tuve participación en reuniones en las que participaban Julio Ponce y Patricio Contesse, pero eran reuniones que tenían que ver directamente con el negocio y con reportes que yo hacía. No sé cuál es la relación que ellos puedan tener”.

Sobre si sería mejor para la empresa la salida de Ponce Lerou como accionista de SQM, el empresario señaló que “no lo sé, no puedo opinar sobre cambios de accionistas. Esta es una compañía que va bastante más allá de un accionista. El 60% de nuestros accionistas es extranjero. La mayoría de los tenedores de bonos son extranjeros. Han creído en este proyecto, han mantenido sus inversiones en esto y no podemos, al final, juzgar a la compañía por un accionista en particular”.

Recordemos que Contesse fue formalizado por uso de boletas ideológicamente falsas, simulación de contratos, infracción a la ley de donaciones y apropiación indebida.