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La fiscal a cargo del caso Corpesca, Ximena Chong, se refirió a la serie de cuestionamientos que ha enfrentado el Ministerio Público en el marco de las investigaciones por los casos de financiamiento ilegal de la política y corrupción.

En ese contexto, en entrevista con CNN Chile, la persecutora se refirió al caso particular del senador Jaime Orpis, quien quedó en prisión preventiva el pasado jueves cuando la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago modificó la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía- que en un principio había dejado al legislador con arraigo y arresto domiciliario- considerándolo como un peligro para la sociedad.

Ante las críticas que despertó este hecho en la oposición, Chong aseguró que la gravedad de los delitos que se le imputan a Orpis (fraude al fisco, cohecho y delito tributario) configuraban, a su entender, la medida cautelar más gravosa.

En ese sentido, la fiscal descartó una especie de animadversión y un trato desigual en contra del desaforado parlamentario, como lo aseguró el propio abogado de Orpis.

“Nosotros queremos descartar que exista una animadversión. Nosotros hemos tomado esta investigación como si se tratara de una respecto de cualquier imputado y de cualquier hecho. Lo que sí, evidentemente nosotros pusimos de relieve en la audiencia en el tribunal de garantía y también en la Corte es nos parecía que era un delito particularmente grave en relación a la investidura de la persona que lo comete”, dijo.

Por otro lado, la persecutora apuntó a que el gremialista podría convertirse en el primer senador de la República en ser condenado a pena privativa de libertad por corrupción. Según el pronostico de Chong, siendo conservadores al analizar la situación, Orpis podría quedar a lo menos con 10 años y un día de prisión.

“La proyección que hace el Ministerio Público y que nosotros hemos planteado en las audiencias es que sí se expone a penas privativas de libertad. Nosotros de los delitos de fraude al fisco por el cual él está formalizado, de los cinco casos, tres delitos tienen penas que parten en cinco años y un día atendido el monto de lo defraudado. Esto significa que tratándose de delitos reiterados la pena debe alzarse en uno o dos grados, dependiendo del número de los delitos. Por tanto si lo alzamos sólo en un grado, siendo conservadores, llegaríamos a la pena de 10 años y un día a 15 años”, afirmó la abogada.