El texto en que Cheyre transmite orden de reemplazar en informes “presos políticos y muertos” por “personal en detención provisoria y bajas”

El 28 de noviembre de 1973, un mes después del paso de la Caravana de la Muerte por La Serena, el excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre Espinosa, transcribió y firmó un orden proveniente del ministerio del Interior en dictadura en que se determinaba que a contar de esa fecha los informes respecto de los presos políticos y muertos en el marco de la represión imperante debían omitir estas referencias y ser abordadas a través del eufemismo de “personal en detención provisoria y bajas”.

Según el documento al que tuvo acceso The Clinic Online, y que aún no ha sido entregado al ministro Mario Carroza -quien sometió a proceso a Cheyre como cómplice de 15 asesinatos en lo que se conoce como el caso “Caravana de la muerte” episodio La Serena- el General (r), como ayudante del jefe de Plaza despachó la orden 283 que “transcribe telegrama del subsecretario de Interior” y que va dirigida al Ejército de Chile, específicamente a La Plaza de la Provincia de Coquimbo y los departamentos de Freirina y Huasco de la Provincia de Atacama y a los encargados de los uniformados en la zona, es decir, el “prefecto de carabineros, prefecto de investigaciones, jefe zonal de prisiones, R.A.M número 2 Arica”.

“Sírvarse us. considerar en los informes que se proporcionen a este ministerio que los términos presos políticos y muertos deben ser reemplazados por los de personal en detención provisoria y bajas, respectivamente. Saluda atentamente a us. por orden del ministro de Interior Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior. Por orden del Jefe de Plaza, a partir de esta fecha se debe dar cumplimientos a los términos que en el documento se establece”, consigna el documento que lleva la rúbrica de Cheyre.

Según el abogado Cristián Cruz, querellante en la causa, “este documento inédito, del que tiene una copia el Ejército y que no ha sido entregado por ellos a tribunales, es brutal y se condice con la actitud que Cheyre tuvo en esos años con el padre de Bernardo Cortés, quien cuando fue a preguntar por su hijo recibió como respuesta ‘ha sido dado de baja’. Si tú te fijas, el Ejército, al ocultar esta información demuestra un nivel increíble de protección a Cheyre”.

Según explican otras fuentes con conocimiento en la causa, el papel echaría por tierra la tesis del general en retiro de que no tuvo conocimiento de las violaciones a los derechos humanos en el Regimiento Arica, toda vez que por escrito se reconoce la existencia de prisioneros políticos y de fallecidos. Todo ello a semanas de los crímenes cometidos por el General de Brigada Sergio Arellano Stark, quien por orden del dictador Augusto Pinochet, recorrió el país “para acelerar los procesos que afectaran a detenidos políticos y en su caso, proceder a su ejecución”, según detalla Carroza en la orden de procesamiento.

En este resolución, Carroza plantea que el día 16 de octubre arribó a la ciudad de La Serena un helicóptero “Puma” del Ejército de Chile con un grupo de militares comandados por Arellano Stark. Éste, tras una reunión con Ariosto Lapostol -otro de los procesados en la causa- procede, “sin derecho ni decreto alguno” a ajusticiar a 15 detenidos, que son “de manera oculta” trasladados a una fosa común en el Cementerio de la ciudad. “Una vez concluida la etapa de desaparición de los cuerpos de las víctimas, las autoridades del Regimiento, Jefatura de Zona, resuelven publicar en los medios de comunicación un Bando Militar donde se informaba a la ciudadanía que se había ejecutado a quince extremistas en cumplimiento de lo resuelto por los tribunales”, cuando en realidad tal sentencia nunca existió.

Por la causa, Carroza procesó en calidad de cómplices a Ariosto Lapostol, Víctor Hugo Alegre, Jaime Manuel Ojeda, Hernán Emilio Baldevenito, Guillermo Oscar Raby Arancibia, Mario Hernando Vargas, Hugo Leiva González y Juan Emilio Cheyre. Y Armando Fernández Larios en calidad de autor de los crímenes.

Hoy Cheyre, quien había sido detenido en el batallón de Policía militar, recibió el beneficio de la libertad provisional tras el pago de $1 millón.

En una entrevista concedida a El Mercurio este fin de semana, su abogado, Jorge Bofill, aseveró que “para ser sincero, la calificación como cómplice fue una sorpresa”. Y agregó que “nunca hemos discutido que era el ayudante del comandante del regimiento, que estuvo el 16 de octubre de 1973; lo que estamos diciendo es que él nunca realizó ningún acto vinculado a los asesinatos. Estar en el lugar en que otro comete un delito no es complicidad, a menos que se coopere con ese delito”.