Comité de Defensa de Caimanes presentó querella criminal contra sus ex abogados por prevaricación

Los abogados Ramón Ossa, Sandra Dagninio y Roberto Arroyo, integrantes del estudio Ossa y Cía., enfrentarán un proceso legal luego de que sus antiguos clientes, el Comité de Defensa de Caimanes, presentara una querella criminal en su contra por prevaricación tras el acuerdo económico pactado con Minera Los Pelambres durante 2016, donde se dictó el pago de $3.100 millones al bufet de juristas por finalizar los conflictos legales que enfrentaron a la comunidad con la productora de metales por casi veinte años.

Según Cristian Flores, dirigente del Comité, el pacto contraído con la empresa fue sin el consentimiento de los “luchadores y demandantes históricos” de la comunidad, ya que se impulsó luego de una consulta ciudadana liderada por Ossa y Cía. cuando ya habían perdido la representatividad del Comité (debido a la falta de confianza de sus clientes) y sin alcanzar el quórum mínimo fijado: solo participó el 63,6% del 70% acordado.

Sin embargo, la asociación de abogados, que había anotado una histórica victoria ante el brazo minero del grupo Luksic en la Corte Suprema a principios de 2015, continuó a la cabeza de la negociación y consiguió que la minera les pagara $3.100 millones en total por los costos legales que significó la defensa extendida por ocho años a cambio de “llevar al término de los juicios actualmente existentes”.

“Nosotros no hemos formado parte de ningún acuerdo con Minera Los Pelambres en la comunidad de Caimanes, y por eso creemos que este advenimiento tiene que quedar nulo y que los abogados a los cuales hemos venido a interponer querella por prevaricación deben responder ante los Tribunales de Justicia, quienes tienen que escuchar esta demanda, porque este fue un proceso de negociación corrupto donde no participaron los verdaderos actores”, sostuvo Flores.

La retribución económica aceptada por los ex defensores del Comité compone otro episodio de su polémico historial como abogados, donde ya se anotan demandas en contra de antiguos clientes y comportamientos reprochados por quienes fueron sus defendidos.

PARTICIPACIÓN DEL GRUPO LUKSIC

La querella por prevaricación fue presentada por el Comité en conjunto con su representante legal, Esteban Vilches. El abogado afirmó, antes de ingresar la moción al Séptimo Juzgado de Garantía, que el foco del documento se centra en el “pago de $2.400 millones de pesos a los abogados por concepto de honorarios y los otros $700 millones por tema de costos. Estos dos ítems no están establecidos de manera clara ni respaldado documentalmente, simplemente es una declaración de oferta de pago de Minera Los Pelambres a Ossa y Cía.”.

Es por esto que el documento entregado a la justicia solicita, en su parte final, la citación de Andrónico y Jean Paul Luksic para que presten declaraciones con el fin de “transparentar” el proceso de negociación sostenido por su empresa con Ossa y Cía., acuerdo que le permitió a Los Pelambres continuar con las faenas mineras en el tranque El Mauro e incluso la opción de extender su vida útil.

Ambos empresarios, propietarios de la productora que pertenece a Antofagasta Minerals, fueron señalados por el Comité como uno de los principales involucrados en el pacto que hoy buscan revocar: “Andrónico Luksic debe dar la cara en estos juicios y será citado junto a su hermano Jean Paul por ser los dueños directos de Minera Los Pelambres”. En la misma línea, Vilches afirmó que “sus testimonios son clave, porque se trata de un conflicto medioambiental de primer orden en Chile y es necesario estar informados de qué ocurrió y cómo se llegó a este tipo de acuerdos”.

La acción judicial seguirá su curso hasta que fiscalía decida acoger o desestimar la querella según los antecedentes entregados, los que según el actual abogado del Comité, “son suficientes para que se tome en cuenta e inicie otro proceso legal en contra de los acusados”.