Justicia pedirá a EE.UU. la extradición de Armando Fernández Larios por violación de derechos humanos

La Corte Suprema declaró hoy procedente solicitar a EE.UU., la extradición del oficial de Ejército en retiro Armando Fernández Larios, procesado en Chile por los delitos de secuestro y homicidio calificado de Manuel Sanhueza Mellado. crimen perpetrado en julio de 1974.

Segun fuentes judiciales, en fallo unánime, el máximo tribunal del país, dio lugar a la solicitud del ministro en visita (juez especial), Mario Carroza, tras establecer que en el caso se cumplen los requisitos de extradición.

“Se declara procedente requerir al Gobierno de los Estados Unidos la extradición del ciudadano chileno Armando Fernández Larios por la responsabilidad que se le atribuye como autor de los delitos de secuestro agravado y de homicidio calificado cometidos en la persona de Manuel Sanhueza Mellado el 10 de julio de 1974”.

En parte del texto se explica que los ilícitos fueron cometidos “en un contexto de violaciones graves a los derechos humanos, masivas y sistemáticas, verificadas por agentes del Estado”, durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Larios también participó en los preparativos del asesinato del excanciller y Ministro del Interior chileno Orlando Letelier, asesinado en Washington, en 1976, con una bomba que estalló bajo su automóvil.

El exoficial negoció su rendición ante las autoridades judiciales estadounidenses y en 1987 se entregó a un oficial del FBI en Brasil, quien lo trasladó a Estados Unidos, donde habría negociado que nunca lo extraditarían a Chile y que al término de su condena lo dejarían vivir y trabajar en el país del norte.

Esta no es la primera solicitud de extradición de Larios que se hace a la justicia estadounidense. También lo hizo un tribunal argentino por el asesinato del excomandante en jefe del Ejército chileno, Arturo Prats, asesinado junto a su esposa por una bomba que estalló en su automóvil en un barrio de Buenos Aires.

Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.