Las polémicas sobre el franquismo no paran tras 40 años de democracia en España

La Guerra Civil (1936-1939) y, sobre todo, la dictadura del general Franco (1939-1975) siguen siendo motivo de controversia en España tras cuarenta años de democracia, tanto por los miles de desaparecidos como por los símbolos del régimen militar que persisten y la actitud de sus defensores.

Este mismo año se han sucedido varias polémicas, una de ellas sobre si los restos del dictador deben sacarse del complejo monumental del Valle de los Caídos, un recinto a unos cuarenta kilómetros de Madrid que es símbolo del franquismo.

Todo lo relacionado con Franco quedó “soslayado” en la transición a la democracia, constata en declaraciones a Efe el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia Abdón Mateos.

Los primeros gobiernos socialistas evitaron el revisionismo, apunta; se trató de “superar la dialéctica de franquismo-antifranquismo”, aunque hubo algunas medidas de reparación de las víctimas.

En los años 90, explica, la izquierda y los partidos nacionalistas comenzaron a reclamar “políticas más activas de condena y memoria”.

Según Mateos, tendría que construirse un “consenso” para que “todas las fuerzas políticas condenaran abiertamente” el franquismo. Pero costará tiempo superar todo esto: “Hay mucha memoria viva de ese pasado todavía”, apostilla.

Marisa Revilla, profesora de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, comenta a Efe que estos temas no se resuelven por “dejarlos estar”.

“Estos problemas, algo más que polémicas -añade-, tienen solución política”, abordando los que no se trataron en la Transición ni después.

En agosto pasado, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ordenó la revisión de los textos de las efemérides que se publican en los cuarteles, después de que un centro castrense de Valladolid (noroeste) conmemorara el último 18 de julio la sublevación de 1936 como un “alzamiento cívico-militar”.

Entonces, Franco y otros generales se rebelaron contra la II República, proclamada en 1931 tras la salida del país de Alfonso XIII: comenzaba así una contienda civil que ganaron los sublevados.

Otra polémica reciente gira en torno al Pazo de Meirás, residencia de descanso de Franco en Galicia (noroeste). Sigue siendo propiedad de su familia después de que unos franquistas lo compraran en 1939 y lo regalaran al dictador, fallecido en 1975.

El palacete, bien de interés cultural, está abierto al público, aunque gestiona las visitas la Fundación Francisco Franco, que quiere mostrar “la grandeza” del general, lo que indigna a asociaciones antifranquistas y partidos de izquierda.

“Es bastante discutible que, en una democracia, se exalte a un dictador”, según el historiador Mateos.

El Parlamento aprobó en 2007 una ley de “memoria histórica”, impulsada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, para la reparación moral de los perseguidos de la dictadura y prohibir sus símbolos y expresiones públicas de apoyo.

Es una ley “muy moderada”, según Mateos. Por ello “no contentaba a nadie”, a pesar de que buscaba “cierta concordia y consenso”.

Quedó “paralizada” en la práctica, recuerda, cuando el Partido Popular (PP, centroderecha) comenzó a gobernar en 2012, y la izquierda y los nacionalistas usan “políticamente” el franquismo para hacerle oposición.

La socióloga Revilla considera que, seguramente, haya partidos interesados en la polémica buscando su “beneficio”. Pero tiene “claro” que las iniciativas para buscar a los desaparecidos y las demandas judiciales para desenterrarlos de las fosas comunes son de la sociedad civil.

En 2006, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pidió judicialmente que se investigue la desaparición de 30.000 republicanos.

Mientras tanto, los monumentos y topónimos que aún recuerdan el régimen militar son motivo de discusión, como el Valle de los Caídos, a 50 kilómetros de Madrid, donde tienen sepultura Franco y el fundador del partido fascista Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, fusilado por los republicanos.

Trabajaron para construirlo prisioneros de guerra y presos políticos. Dentro están enterrados 33.487 cadáveres de ambos bandos.

El Parlamento aprobó en mayo una propuesta socialista para sacar de allí a Franco con los votos mayoritarios de la oposición, aunque el Gobierno no está obligado.

El PP, que se abstuvo, acusó a los socialistas de “romper” el consenso constitucional para evitar un uso partidista de la historia.

También ha suscitado enfrentamiento político el cambio de nombre de calles de Madrid. Una de ellas es la Avenida de la Victoria, por la que entraron los franquistas al terminar la guerra, y donde se levanta el arco de igual nombre, otro monumento de gran significación para los vencedores.