En las próximas semanas veremos los últimos pasos de la reforma educacional del gobierno, probablemente su principal promesa de campaña y eje estructural de sus cuatro años de gobierno. Esta columna tiene por objetivo hacer una evaluación sobre el avance y aprobación de la reforma en su conjunto y los pasos pendientes.

Sebastián Piñera en las últimas encuestas se ha posicionado como el candidato más competitivo para las elecciones presidenciales. Con él, se han dado a conocer sus primeras ideas en educación: mantener la gratuidad para el 50% de los estudiantes más vulnerables; Dejar la selección escolar en algunos establecimientos; y reemplazar el CAE con un sistema de préstamo administrado por una entidad pública, manteniendo la lógica del endeudamiento para estudiar.

Sin duda, las propuestas del ex presidente van en la dirección contraria a lo que como sociedad hemos demandado. Manteniendo la idea que la educación es responsabilidad privada e individual, por lo que el financiamiento público debe financiar “a la demanda”, independiente de la institución y a qué manos lleguen los recursos, que como se ha evidenciado hasta ahora en gran parte es al empresariado de la educación.

Como respuesta al discurso explosivo del ex presidente Piñera, la Nueva Mayoría y el gobierno han salido a defender su reforma, intentando mostrar hacia la opinión pública una polaridad con Chile Vamos. Pero, ¿cómo es que resulta posible que el candidato que más puntos obtiene en las encuestas sea precisamente aquel que de manera explícita rechaza avanzar hacia una educación entendida como derecho social?, ¿Cómo es que un candidato puede contrariar una de las demandas sociales más sentidas de los últimos años, y aun así ser quien al día de hoy lidera la carrera para la presidencia?

Para responder a estas interrogantes es necesario detenernos en lo que fue el desarrollo de la reforma educacional. Con lo que apostaban a convocar a todos quienes participaron o apoyaron las movilizaciones del 2011 y años anteriores, siendo así la alternativa al gobierno de Piñera.

Fueron precisamente estas banderas, las que en gran medida permitieron el contundente triunfo electoral de la actual mandataria. La sociedad organizada abría así una oportunidad histórica para darle un giro a la tendencia privatizadora de la educación de las últimas décadas, e impulsar una reforma educacional cuyo corazón estuviese puesto en reconstruir, fortalecer y expandir la educación pública como alternativa para todos los chilenos y no sólo para un sector privilegiado.

Ya en los últimos meses de Gobierno y ad portas de aprobarse los últimos dos proyectos de la reforma, salta a la vista que la Concertación desperdició esta oportunidad histórica, por su vínculo inquebrantable con el empresariado –quienes fueron los grandes ganadores de la reforma–, recibiendo el rechazo de los diferentes actores de la educación.

La Ley de “Inclusión” resulta especialmente expresiva de todo lo anterior. En lugar de apostar por expandir la educación pública, se optó por subsidiar generosamente, con recursos de todos los chilenos, a la educación particular subvencionada, echando así otra palada de tierra al sistema público mientras se regulaban algunos excesos del mercado y ganaban los sostenedores.

En ese momento nos dijeron que había que tener paciencia, que con el proyecto de “Nueva Educación Pública” se fortalecería la educación pública y se comenzaría a revertir la municipalización de Pinochet. Pero ya ingresada la ley vemos que se limita a cambios administrativos de traspaso de sostenedor, con el riesgo vigente e invisibilizado de una nueva deuda histórica para los y las docentes cuando los colegios pasen a los servicios públicos. Este proyecto está a punto de aprobarse en acuerdo con Chile vamos y con un amplio rechazo del profesorado. Situación poco novedosa si recordamos el proceso de carrera docente, que anunciaba alza de sueldos para desarticular a los profesores, mientras la ley condicionaba el salario de los profesores a su encasillamiento, precarizando aún más su profesión y aumentando el agobio. En definitiva, intensificación del principio subsidiario, y aumento de las regulaciones que terminan debilitando la educación pública.

En la misma línea, los mayores beneficiados de la Ley de Educación Superior fueron los holdings y empresarios, gracias a una gratuidad que transfiere cuantiosos fondos fiscales a instituciones privadas investigadas por lucro, diluyendo aún más la diferencia entre lo público y lo privado. Paradójicamente, la aprobación de esta medida se hizo a cambio de ampliar las Becas Bicentenario para instituciones privadas, que fortaleciendo la educación masiva-lucrativa. A su vez, con la penalización del lucro a las instituciones con gratuidad, en la práctica se abrió la posibilidad de lucrar en los contornos del sistema.

Nada de esto se remedia en el proyecto de universidades estatales en trámite y que como era de esperarse ha recibido una alta y organizada oposición de las comunidades universitarias. Se atenta contra la autonomía de estas instituciones, restando espacios de participación comunitaria y se apuesta por una precarización de las condiciones laborales. Los fondos contemplados son muy reducidos, en términos sistémicos, y no permiten en ningún caso pensar en una expansión gradual pero constante del sistema público en educación superior, de manera de ocupar el espacio que hoy se le cede al mercado.

En todos estos proyectos, estudiantes, profesores, funcionarios y rectores han levantado una voz crítica en rechazo. A lo que los Ministerios de Educación y Hacienda responden presionando por su pronta aprobación.

Sin duda, impulsar cambios que hicieran retroceder al mercado educativo, era un gran desafío. Sin embargo, no es posible desconocer la fuerza social que estaba dispuesta a defender los cambios que se demandaban y que rápidamente se transformó en opositora a una reforma que no respondía a las demandas sociales. Mismas franjas sociales que hoy Alejandro Guillier intenta convocar, mientras Sebastián Piñera aprovecha el escenario de rechazo al gobierno, con el simple discurso anti reformas y proponiendo precisamente lo contrario a las demandas sociales, que, dicho sea de paso, se mantiene en la misma lógica de lo que fue su primer gobierno, y que la Nueva Mayoría, con una retórica distinta, dio continuidad. De ahí que el debate de Piñera versus Nueva Mayoría, como conservadurismo versus reformas estructurales, se convierta en ficción, cuando se discute si la beca gratuidad llega al 50% o 70%; si la regulación mantendrá la selección o no de los colegios; o quién administrará las deudas de los futuros estudiantes.

Una verdadera oposición a la política que representa Sebastián Piñera será aquella que se enfrente a los intereses empresariales y esté comprometida con los cambios que ha demandado la sociedad, la que mantiene sus anhelos por verdaderas reformas.

Desde el Frente Amplio debemos tomar el desafío. Primero de apostar a constituirnos en una verdadera alternativa política, expresiva de los intereses sociales y luchas de donde mismo provenimos. Sin ambigüedades, el desafío es representar y dialogar con las décadas de historia de lucha, donde las elecciones son instrumentos para este fin, y no al revés.

Segundo, en un escenario incierto respecto a qué coalición competirá con Chile Vamos en segunda vuelta, reafirmar los intransables que se requiere para efectivamente representar un proyecto distinto es fundamental. En ello nuestra postura es clara: un nuevo Chile y un nuevo proyecto político que se oponga a Sebastián Piñera vendrá de la mano de la sociedad organizada que brega por derechos.