Enrique Morales, líder del Departamento de DD.HH. del Colegio Médico: “Hoy, la tortura sí existe en Chile"

Enrique Morales, líder del Departamento de DD.HH. del Colegio Médico: “Hoy, la tortura sí existe en Chile”

En medio de las protestas estudiantiles del 2011, el doctor Morales, empujado por circunstancias familiares, se involucró activamente en la defensa de los derechos humanos. Desde entonces, es parte del Departamento de DD.HH. del Colegio Médico, el ente que realiza, entre otras, pericias para constatar abusos, o derechamente tortura por parte de los agentes del Estado sobre los civiles. En los últimos seis años, el Colegio ha realizado 150 constataciones por distintos tipos de agresiones y desde el 2013, tienen un convenio de colaboración con el Instituto de Derechos Humanos (INDH), organismo que les deriva casos. Actualmente, gendarmes, carabineros y la PDI son los principales responsables de la violencia de Estado.

El 2011, uno de mis hijos fue detenido en una marcha. En esos años él era estudiante de música, tenía 23 años y junto a su mujer y otros amigos formaban una comparsa de tambores y baile. Cuando voy a buscarlo a la comisaría, había 100 o 200 detenidos y en la espera, veo salir a varios estudiantes, algunos muy chicos, con ojos morados, golpes y otras lesiones que uno podía ver a simple vista. “¿Qué hacen con estas personas?”- le pregunté a un abogado voluntario que estaba ahí ayudando a la gente- “No se hace nada. No hay dónde recurrir”, me dice. Y ahí se me ocurrió que yo podría hacer constataciones que le sirvieran a los afectados para hacer denuncias. Todo médico está habilitado para emitir una constatación, que es un documento médico legal. Así, en la protesta siguiente, en un local prestado por el sindicato de contratistas del cobre, nos instalamos con Rosa, mi mujer, frente a la Tercera Comisaría. Nuestro objetivo era que las víctimas tuvieran un documento en el que relataran sus lesiones, con fotografías que pudiesen ser usadas como certificados para presentar una denuncia. Pero desde el primer día nos desbordamos. Pasamos por varios lugares, hasta que supe que se había refundado la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, quienes acogieron la idea y comenzamos a trabajar en el consultorio de Esmeralda. En las marchas, los casos más repetidos eran los golpes cuando los llevaban a los carros policiales, dentro de estos y en la comisaría hay cientos de denuncias de distintos niveles. Una de las prácticas recurrentes eran los desnudamientos. Hay un caso, del presidente de un centro de alumno, que es identificado como tal por Carabineros, y estando solo, frente a dos uniformados, es obligado a desnudarse. Pese a que él intenta oponerse, a punta de amenazas y golpes, es forzado no solo a bajarse los pantalones sino que a sacarse toda la ropa, una vez que él se quiebra, lo obligan a estar agachado, con un policía detrás, en una amenaza evidente. Otro de los casos graves, es la detención de dos jóvenes de la UTEM, quienes además de ser golpeados durante el trayecto en un vehículo policial, a uno de ellos, estando esposado por la espalda, le pusieron una bolsa plástica en la cabeza, le apagaron la luz del vehículo y lo golpearon, “el minuto feliz”, le decían. Esta técnica de asfixia, es conocida dentro del ámbito de los derechos humanos como submarino seco. El tercer testimonio que más me impactó, también en el marco de las protestas, es el de un arquitecto que recibe un impacto de balín pintura y pierde el ojo. Lo impresionante es que esa misma semana, otras seis personas entre 14 y 56 años sufrieron lo mismo, cinco de ellos tuvieron pérdidas definitivas de visión por sobre el cincuenta por ciento. La sociedad de Oftalmología, el Colegio Médico y las movilizaciones de los familiares logramos que desde abril del 2013 no se haya vuelto a usar los balines de pintura. Las constataciones como estas no son una consulta normal de un médico. Tuvimos que aprender, capacitarnos. Esto no te lo enseña nadie en la universidad. Aprendimos que existe un protocolo internacional para el registro de pruebas de quienes relatan haber sufrido tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se llama Protocolo de Estambul. Este protocolo está estandarizado por las Naciones Unidas y suscrito por Chile, es decir aceptado por los tribunales, además de ser la manera adecuada de tomar los testimonios, incluyendo una mirada médica y sicológica. Desde el 2013, como Colegio Médico establecimos un convenio de colaboración con el INDH, en la práctica, el instituto nos puede derivar personas que han hecho denuncias, como agresiones a los presos, las huelgas de hambre y otros. Muchas veces, amigos que me ven en una entrevista hablando de este tema, me preguntan si es verdad que en Chile hay tortura. Incluso personas que vivieron proceso de detenciones en la dictadura, cuando les cuento, no lo creen. Pero es así. Hoy, la tortura sí existe en Chile. Y hay algo que me sorprende mucho y es que, por lo general, las víctimas describen que quienes los han agredido son uniformados de veinte años. O sea, son chicos que nacieron después de marzo de 1990, cuando Pinochet ni siquiera estaba en el poder. Entonces no es el momento histórico el detonante de la violencia sino tiene que ver con un concepto que sigue arraigado. Ser agredido por agentes del Estado es un impacto brutal. Porque, qué hace uno si sufre un delito, va a Carabineros o la PDI, pero resulta que los mismos a los que debieras recurrir, son los que te agredieron, entonces quedas indefenso. Desde el 2012, hemos hecho 150 pericias, la mayoría ha sido a estudiantes, pero también hemos visto la situación de los mapuche. El caso de Lorenza Cayuhán, la mujer que fue obligada dar a luz engrillada, la machi Francisca Linconao y los comuneros que están en huelga de hambre ahora. Están también los acusados por delitos comunes, que sufren violencia permanente, pero no hacen denuncias porque está normalizado. Si cometo un delito, debo ser detenido y tengo que ser enjuiciado, pero no debo ser torturado ni sometido a apremios en ese proceso. Eso no es parte de la pena aquí ni en ninguna parte. Sucede algo similar con las detenciones ciudadanas, como que hubiese un ámbito que autoriza a la gente a tomar venganza. Eso no es un camino sano para una sociedad. LA LEY Ley de Tortura, que se promulgó en diciembre del 2016, es un avance. Antes ni siquiera existía la tipificación de tortura, apenas dos artículos del Código Penal, que se referían a la violencia de agentes del Estado a la cual se recurría con el eufemismo de “apremios ilegítimos”. Ahora se tipifica la participación indirecta y directa de los agentes del Estado en tratos crueles, inhumanos, degradantes o tortura. Y además establece que los casos de agresiones por parte de agentes del Estado, no pueden ser vistos en tribunales militares. Chile estaba sancionado desde el 2009 por la Corte Interamericana de DD.HH. por el tema de la justicia militar. De todos modos, hemos detectado que la nueva ley tiene un problema y es que cuando a un fiscal le toca investigar casos de violencia por parte de Carabineros o la PDI, son justamente esas instituciones sus grupos de apoyo, entonces, resulta complicado hacer investigaciones sobre tus propios colaboradores. EL SECRETO Todo lo secreto atenta contra los derechos humanos. El secreto es una aberración, porque la verdad es necesaria no solo para las personas sino para toda la sociedad. Que se conozca la verdad sobre lo que ocurrió es parte de la reparación y debe ser conocido por los afectados, sus familias y por la sociedad. La única manera que no se repitan estos hechos es que se conozca exactamente lo que pasó. Algo distinto es la reserva. Si por ejemplo, alguien que fue sometido a violaciones sexuales no quiere que se conozca su identidad, esta se puede mantener en reserva, pero eso es distinto al secreto. El hecho que las fuerzas policiales en democracia sigan ejerciendo tortura, es una demostración que no hicimos bien el proceso de reparación. Y no solo me refiero a que esto ocurra, sino al hecho que no sean sancionados y lo que es peor, que muchos de estos funcionarios sigan al interior del Estado, ejerciendo labores similares. Cuando eso pasa, el Estado se compromete en el hecho y no es solo ese individuo el que cometió ese exceso. Los ‘nunca más’ no han sido lo suficientemente profundos. No ha habido reparación y tampoco la justicia debida. A más de cuarenta años de ocurridos los hechos, una gran cantidad de los casos están abiertos. ¡Cuarenta años después! Si yo sufriera cualquier tipo de violencia y tuviera que esperar 40 años por la investigación, es una falta de justicia absoluta.
Comentarios
Sabía ud que... COMO NO VAN A DEJAR LIBRE A LOS LADRONES SI LES DICEN “HABLE AHORA O CALLE PARA SIEMPRE”. -------------------------------- Sabía ud que... ME GUSTAN LAS ESCULTURAS GRIEGAS, AUNQUE A VECES NO TENGAN NI PIES NI CABEZA. -------------------------------- Sabía ud que... LA CONVENCIÓN DE IMANES SE REALIZARÁ EN UN PARQUE DE ATRACCIONES. -------------------------------- Sabía ud que... EN LOS CARRETES DE LOS ZANCUDOS SIEMPRE HAY ALGO PA PICAR. -------------------------------- Sabía ud que... “SE VEÍA VENIR” NO ES UN PAJERO NARCISISTA. --------------------------------