Este martes finalizó luego de cinco meses de trabajo la comisión investigadora del fraude al interior de Carabineros conocido como Pacogate.

Los integrantes aprobaron por mayoría el informe que no establece responsabilidades en el Alto Mando de la institución y sólo hace un reproche al general director, Bruno Villalobos.

Según Cooperativa, la responsabilidad mayor en el informe recae en cuatro niveles de mando establecidos en Finanzas, Legal, Inspectoría General y Generales Directores.

De acuerdo a lo informado en el medio radial por el diputado DC Jaime Pilowsky, quien lideró la comisión, “los hechos y las transferencias del fraude se producen hasta el año 2015, en noviembre de 2015 se paralizan, eventualmente, esas transferencias, por lo tanto, los hechos acaecidos terminarían en 2015, salvo lo que es la asociación ilícita”.

El parlamentario señaló que “En ese sentido creemos que la responsabilidad, más bien, surge por el lado de no haber tomado medidas de control hacia delante y que fueron tomadas recién en abril de 2017, ya habiendo transcurrido un tiempo necesario para aquello”.

Sobre el mismo caso, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, aseguró que “el que va a determinar las responsabilidades que tengan los distintos actores individuales dentro de los sucesos de Carabineros va a ser la justicia, el Parlamento tiene todo el derecho a hacer las investigaciones que estime pertinentes”.

Aleuy precisó que “consideramos ese informe, lo leeremos con detalle y a partir de eso sacaremos las conclusiones que correspondan, pero hay una investigación en curso y serán los tribunales los que resuelvan sobre el fraude en Carabineros, que es un hecho muy grave que ha sucedido en el país y esperamos que el juicio termine lo antes posible”.

El voto de minoría de la comisión acusaba descontrol por parte del General Director de Carabineros, Bruno Villalobos, pidiendo incluso su destitución.

Sobre esta situación el diputado Leonardo Soto declaró que “tiene que haber responsabilidad de los generales directores, establecer que no la hay me parece que es absolutamente inconsistente, débil y hasta permisivo hacia el futuro de la institución”.

Soto esperaba “una señal de mayor severidad y estoy decepcionado. Existe un trato tenue, complaciente, de no meterse con estas instituciones; no lo hicieron antes, cuando se cometían al interior de estas instituciones violaciones a los derechos humanos y ahora la deuda es por los distintos desfalcos que ha habido”.

El informe de la comisión deberá ser sometido a votación en sala luego de las elecciones, en el mes de noviembre.