El juez Mario Carroza se encuentra investigando más de 500 casos de menores adoptados por extranjeros en época de dictadura, todo esto bajo la tesis de que varios de los casos podrían corresponder a entregas irregulares e incluso sustracción de niños.

Según consigna La Tercera, las indagatorias tomaron fuerza tras la incautación de documentos desde la casa de la asistente social de 96 años, Telma Uribe, entre ellos una carta enviada en 1983 por una de sus colaboradoras en la que le cuenta de las dificultades para sacar a una menor desde Chile hacia Gringolandia.

De acuerdo al medio antes citado, Uribe tenía en su poder un inmenso archivo sobre el pasado de 579 menores chilenos que fueron dados en adopción entre 1950 y el año 2001. Familias extranjeras acogieron a 525 niños de los mencionados.

Vale decir que la investigación de Carroza se amplió a más de 500 casos producto de un informe elaborado por la abogada de la Universidad Católica y asistente social, María Cecilia Erazo, en el que tras un análisis a los archivos de Uribe se puede leer que “es posible señalar que la Sra. Uribe participaba en la tramitación legal del procedimiento de legitimación adoptiva o de tuición con autorización de salida del país (adopción internacional)”.

El estudio afirma que Uribe contaba con diversos colaboradores y profesionales que le ayudaban a llevar adelante las adopciones. Otro dato es que se promocionaba esta labor en madres que tenían conflicto con su maternidad. A ellas se les daba un aporte económico por diferentes conceptos.

El informe también habla de los “buenos niños”, que se refiere a “niños de piel clara, sin rasgos de ‘raza indígena'”.

Añade el escrito que “cabe hacer presente que muchos de los niños presentados en la década del 70 no tenían filiación materna ni paterna determinada”, por lo que los jueces de aquellos años pedían asistencia de la madre biológica, donde aparecían niños no reconocido legalmente por progenitores “con declaraciones juradas de quien dice serlo, sin acreditarlo realmente”.

Pues bien, Carroza busca indagar si es que dentro de los documentos incautados a Uribe se da cuenta de posibles “procesos de adopciones irregulares sustanciadas en la década de los 70 y 80”.

Entre los datos concluidos, por ahora, está el hecho de que “se genera una actividad económica asociada a la materia” y que en ciertas historias es difícil saber o diferenciar “el tráfico o venta de niños y un apoyo social y económico a una madre”. “No es posible dar cuenta directamente de una posible sustracción de menores, pero tampoco descartarla”, se precisa.

Carroza afirmó que “estamos investigando los casos que hubo sustracción de menores durante el período de 1973 y 1990 (…) Nos han llegado antecedentes respecto de varios menores que fueron entregados en adopción irregular. Efectivamente nos han corroborado esa información”.

Sobre el modo de operación, el magistrado detalló que “lo normal era que llegaban a una madre que estaba embarazada o alguna que iba a dar a luz, conversaban con ella y le preguntaban cuál era su situación y si podría entregarles a su hijo por diferentes motivos…Posteriormente, tomaban la tuición de ese hijo y tramitaban en los tribunales de menores la adopción o el envío del menor al extranjero y luego se tramitaba la adopción fuera de Chile y acá”.

“Tenemos que circunscribirnos solamente al período que me corresponde a mí, que dice relación, que es el mandato que tengo, por sustracción de menores que están relacionados con los derechos humanos de la violencia política de esa época (dictadura). Pero la investigación va más allá, porque hay varios atisbos de irregularidades que tal vez convendría aclarar…Si estamos hablando de casos que no están contemplados dentro de lo que podrían ser delitos de lesa humanidad, estaríamos hablando de hechos que estarían prescritos”, sentenció.