Luego de que se diera a conocer que un 20% de las pensiones por gracia se concedieron a personas sin vínculos gremiales, el subsecretario del Ministerio del Interior, Rodrigo Ubilla, informó que reducirá a un tercio dichos beneficios.

Esta corresponde a una facultad discrecional del Presidente de la República y que tiene un presupuesto anual de $50.312 millones. La forma de acceder a este beneficio está regulado por el artículo 2° de la Ley 18.056 y está sujeto a quienes prestaron servicios destacados al país, a personas afectadas por accidentes o catástrofes en circunstancias extraordinarias, y personas incapacitadas o con graves e insalvables dificultades para ejercer labores remuneradas.

En una entrevista realizada por La Tercera, Ubilla cuestionó los criterios empleados por Michelle Bachelet para entregar las pensiones y aseguró que bajarán un 33% la entrega del beneficio con el “fin de pasar de 1.500 pensiones a cerca de 1.000. Y de los cupos de trabajadores del carbón, que hoy son 200, llegarán a 100 cupos. Esto en significa que al año se disminuye el gasto en $ 1.800 millones”.

En el diálogo con el medio, Ubilla comparó los criterios del Gobierno con los de la ex Presidenta. “Por un lado está la entrega de una pensión de gracia a una persona que dio su vida por la patria, como por ejemplo un carabinero baleado; y, por otro lado, se le entrega una pensión de gracia a la ‘mujer metralleta’”, dijo y agregó que “nosotros no usamos las pensiones gracia, ni las vamos a usar, a fin de pagar favores políticos o asociarlo con negociaciones sociales”.

Recalcó además que, si él hubiera podido decidir, “no le hubiese entregado la pensión de gracia a la “mujer metralleta”. No creo que haya contribuido en nada”, refiriéndose a Marcela Rodríguez, ex integrante del grupo Lautaro que fue condenada a 10 años de extrañamiento(que consiste en la expulsión de la República a un lugar de su elección).