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Opinión

27 de Octubre de 2018

Relato: A seis meses de la rebelión cívica en Nicaragua

Soy nicaragüense, tengo 29 años. Llegué a Santiago de Chile en noviembre 2014. Cuando salí de Nicaragua, Daniel Ortega tenía ya 7 años en la presidencia y se había reelecto inconstitucionalmente en 2011 gracias a la complicidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, ambas colaboradoras fundamentales del […]

Fernando Guzmán
Fernando Guzmán
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Soy nicaragüense, tengo 29 años. Llegué a Santiago de Chile en noviembre 2014. Cuando salí de Nicaragua, Daniel Ortega tenía ya 7 años en la presidencia y se había reelecto inconstitucionalmente en 2011 gracias a la complicidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, ambas colaboradoras fundamentales del desmantelamiento de la institucionalidad democrática del país. También se habían dado ya un sinnúmero de episodios de protestas y represión; la pésimamente llamada “Juventud Sandinista” se encargaba en todas las ocasiones de atacar con puñetazos, patadas y pedradas, entre otros, a la ciudadanía que se movilizaba para expresar su malestar y descontento frente a los actos de corrupción y abuso de poder que el Estado cometía desde entonces.

En lo personal, me tocó vivir alguna vez estas lamentables experiencias. Estaba yo en los primeros años de la universidad estudiando psicología cuando el gobierno de Ortega quiso inculpar en el caso de desfalco de un canal de televisión estatal, Canal 6, al periodista Carlos Fernando Chamorro, quien ha sido desde hace muchos años y al día de hoy, una de las voces más críticas a su régimen dentro del periodismo independiente de Nicaragua. Un grupo de universitarios convocó para realizar un “piquete político” como protesta a esa maniobra del gobierno que en el fondo buscaba labrar el camino a un monopolio informativo. Fuimos cerca de 50 estudiantes, quizás menos, a levantar pancartas, mantas y repetir consignas en solidaridad con el periodista y exigiendo libertad de expresión. No habían pasado 20 minutos cuando llegó un grupo de hombres directo a insultarnos, gritarnos, arrebatarnos las mantas, romper con furia las pancartas y aunque nos tirábamos en el piso a cantar el himno nacional, no se detenían hasta sacarnos de la calle a como diera lugar.

Como este caso hubo varios en el periodo de 2007-2011, destacando dos grandes momentos de fuerte tensión socio-política: cuando se dieron los fraudes en las elecciones municipales en noviembre 2008 y en las elecciones presidenciales en el año 2011. En ambos casos centenares de personas (quizás algunos miles) salimos a las calles indignados por el fraude, ampliamente documentadas por organismos de observación electoral nacionales e internacionales. A estas protestas también fueron enviadas fuerzas de choque a golpear a la población para que la gente supiera que las calles únicamente le pertenecían “al Comandante” y a sus simpatizantes, que por todo lo demás, ejercían la violencia a vista y paciencia de la Policía Nacional, institución que desde entonces ya mostraba su lealtad al caudillo puesto que ninguno de los agresores cayó nunca preso por estas acciones, garantizándole impunidad a cambio de disolver las protestas imponiendo el miedo.

En esos años la polarización de la sociedad nicaragüense iba en aumento. La indignación por la represión, la corrupción y los abusos de poder se acumulaban pero siempre terminaban las calles vacías luego del ataque de las denominadas “turbas Orteguistas” y de las noticias de los últimos episodios de violencia ejercidas por el Gobierno contra quienes por “X” o “Y” motivo se manifestaban oponiéndose al régimen. Esos mismos años coincidieron con la tendencia en Latinoamérica del regreso de la izquierda al poder, la izquierda del siglo XXI, como fue nombrada por muchos. Hugo Chávez ponía en perspectiva la posibilidad de soñar un continente unido y solidario, liderando desde esta perspectiva el bloque de la llamada “Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América” (ALBA) y entregó millonarios préstamos a los países que eran parte; el Estado venezolano desembolsó a Nicaragua alrededor de 4 mil millones de dólares en 9 años (2007-2015) y con parte de esos ingresos se mantuvo con gran vigor muchos de los programas asistenciales del gobierno dirigidos a los sectores más empobrecidos pero paralelamente creció la fortuna de la familia Ortega-Murillo; se convirtieron en destacados inversionistas de las telecomunicaciones, negocio que además de hacerlos parte de la nueva burguesía nicaragüense, les brindó sus más potentes vías de adoctrinamiento partidario.

Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y actualmente vice-presidenta de Nicaragua, ha ejercido el cargo de Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía en el gobierno, y desde esa tarima, todos los días del año sin excepción alguna desde hace 11 años, se dirige a los y las nicaragüenses en cadena nacional a través de todos los medios oficialistas radiales, televisivos y digitales para brindar información de toda clase: avances de los programas gubernamentales, información meteorológica, enviar saludos y también hacer llamados de atención a funcionarios públicos por supuestos incumplimientos de sus labores, siempre acompañando los mensajes con plegarias religiosas en distintas partes de sus discursos. El vaciamiento ideológico del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue llenado por una retórica religiosa del catolicísimo más conservador. Algunos obispos se mostraban contentos por la adopción de su religión en los actos oficiales aunque según nuestra Constitución Política, Nicaragua es un Estado laico.

En las principales calles de todo el país hay rótulos gigantes con el rostro de Ortega contemplando el horizonte. Con fondos y letras fucsias, amarillos y azules encendidos se escribe en pocas palabras su supuesto pensamiento: “Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria”, “Cumplirle al pueblo es cumplirle a Dios”, “Sigamos bendecidos, prosperados y en victorias”, “Arriba los pobres del mundo”, “El pueblo presidente”… En otros, el mensaje es similar pero Daniel Ortega es acompañado por la imagen de Rubén Darío y de Sandino, aunque luego de ser Rosario Murillo designada como vicepresidenta por el Consejo Supremo Electoral en 2016, la imagen que se muestra en las vallas gigantes es la de un matrimonio feliz que gobierna el país y hoy por hoy los medios oficialistas transmiten que Rosario Murillo es la madre de todos los nicaragüenses, algo así como la Virgen María para quienes viven el catolicismo. Así la Iglesia Católica fue uno de los pilares que sustentaron la estabilidad impuesta del gobierno de Daniel Ortega.

La empresa privada también jugó un papel clave en la instauración de una autocracia en Nicaragua. Ortega tenía claro que el gran capital tiene mucho poder y sobre todo cuando se tiene una economía tan frágil como la nicaragüense siendo el segundo país más empobrecido de América Latina. Cuando este sector entra al ruedo político por afectaciones a sus intereses, pueden generar graves crisis si se lo proponen, por lo tanto, para implementar un nuevo sistema político con miras a instalarse en el poder en el largo plazo, debía también brindar muy buenos beneficios a este sector. Carmen Hertz, referente histórica del Partido Comunista y actual diputada en Chile, publicó hace algunas semanas en su cuenta en Twitter que la izquierda en el mundo se adhirió sin tapujos al neoliberalismo; este fue el caso del FSLN en Nicaragua, un partido que traicionó por completo los valores de aquel movimiento que tuvo tanto que ver en el derrocamiento de la dictadura de Somoza en 1979.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) fue junto con la iglesia, prácticamente el único interlocutor del gobierno de Daniel Ortega a lo largo de estos últimos 11 años. Juntos, gobierno y sector privado, desarrollaron un modelo de diálogo y consenso, el “Modelo COSEP”, tal como fue bautizado por los grandes empresarios, quienes llegaron incluso a hacer una serie de exposiciones sobre sus resultados en eventos internacionales de cámaras empresariales y comerciales mostrando logros en el crecimiento sostenido de la economía del país y en la reducción de pobreza como sus elementos claves. Pero tal como sucede bajo los modelos neoliberales, sacrificaron el medioambiente y el bienestar de ciertos sectores de la población para favorecer el dinamismo de la macroeconomía: la ganadería invadió reservas boscosas protegidas; la explotación maderera ha arrasado con un promedio de 42 mil hectáreas de bosque cada año en la que es (o era) considerada la mayor reserva biósfera de Centroamérica (Bosawas); según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en Nicaragua las concesiones para la minería industrial han aumentado del 1O% al 22% en los últimos 10 años y cuando el sector campesino ha protestado contra estas políticas extractivistas, fueron fuertemente reprimidos y sus territorios fueron militarizados. La concesión más grave brindada por el gobierno de Ortega, fue la aprobación en junio de 2013 de la Ley 840 o Ley del Canal Interoceánico, que otorgó derechos de construcción, administración y usufructo por 100 años a un empresario de nacionalidad China y cuya consecuencia fue el desplazamiento de más de 30,000 campesinos e indígenas en los años posteriores a su publicación oficial, cuestión que mantuvo viva las movilizaciones en el campo hasta el presente, y aunque el proyecto fue un fracaso puesto que el empresario quebró, la ley continúa vigente y el gobierno no muestra intención de derogarla.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial felicitaron año tras año el crecimiento macroeconómico de Nicaragua. Su venia sólo significaba la alegría por la consolidación y el fortalecimiento de la liberación del mercado en el país. En síntesis, durante estos 11 años los ricos en Nicaragua son más ricos que nunca, pero desde su mirada esa alianza con el gobierno había logrado hacer que las riquezas realmente “chorrearan” porque el Estado se encargaba de eso, cosa que se tradujo en el silencio y la pasividad de una década frente a toda la corrupción, los abusos de poder y la violencia que abiertamente ejerció sin temores el gobierno. El resto de la ciudadanía continuaba acumulando indignación.

Todo iba muy bien para el régimen de Ortega: su sistema sostenido con base en prebendas, privilegios y repartición de cuotas de poder avanzaba como viento en popa; las calles estuvieron vacías durante mucho tiempo, la corrupción era discutida, sabida pero hasta cierto punto aceptada con resignación, a los empresarios les iba muy bien en sus negocios y la gente tenía empleo, precario la mayoría de veces, pero ingresos al fin. Tanta confianza sentía Ortega por la consolidación de su modelo que osó el 17 de abril del 2018 aprobar un decreto de forma unilateral que afectaba el sistema de pensiones. De inmediato salieron muy molestos los ancianos pero como era costumbre fueron brutalmente golpeados por las turbas; salieron entonces los jóvenes a las calles y junto con los periodistas que le darían cobertura a las nuevas protestas pero también fueron brutalmente agredidos y en dos días la rabia escaló en la población frente a la violencia desproporcionada y la represión estatal. Pero fue la noche del 19 de abril que Ortega cometió su peor error: mandar a la Policía Nacional a asesinar para disipar las protestas. En los siguientes días el número de personas asesinadas se fueron sumando por docenas. El rostro más cruel y despiadado del Orteguismo salió a la luz: francotiradores se instalaron en los pocos edificios con altura de la capital y comenzaron a disparar al pecho, a la garganta o la cabeza a los y las manifestantes; luego entregaron armamentos de alto calibre a civiles simpatizantes de Ortega que en coordinación con la Policía han cometido las peores atrocidades como quemar viva a una familia entera por no prestar su terraza para que se apostaran francotiradores, han secuestrado personas, las han violado y torturado. Esos días marcaron el quiebre. No fue una, sino varias gotas que finalmente derramaron el vaso y dieron pie al estallido social más potente en la historia reciente de Nicaragua.

Nicaragua lleva a este momento 6 meses sumergida en la peor crisis socio-política de los últimos 30 años. Han sido más de 180 días de dolor tanto para mí como para cientos de miles de nicaragüenses de mi generación, los que nacimos al final de la guerra, el año de la firma de los acuerdos de paz, esos años en que el mismo FSLN con Daniel Ortega de Presidente de la República aceptó el adelanto de las elecciones para poner fin a 10 años de conflicto armado y de boicot de la Revolución (cuando Revolución era digna de escribirse con la “R” mayúscula). Hoy las consecuencias por la imposición de un nuevo sistema político pasó finalmente la cuenta y desgraciadamente exigir que Nicaragua sea una República democrática, con libertad y justicia se ha pagado en sangre, en persecución, en secuestros, en torturas, en exilios, en encarcelamiento… El costo de haber dejado avanzar tanto el secuestro del Estado por parte de un partido político caudillista ha sido altísimo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una reunión extraordinaria llevada a cabo el pasado 19 de octubre 2018 dio cifras que para todos y todas representan una tristeza muy honda: 325 asesinatos entre el 18 de abril y el 12 de octubre, incluyendo a 24 niños, niñas y adolescentes, además de 22 policías; hay más de 300 presos y presas políticas y las persecuciones selectivas continúan con fuerza al día de hoy; más de 200 profesionales fueron despedidos por atender a heridos incluyendo a médicos especialistas con más de 20 años de trayectoria en hospitales públicos y también fueron despedidos docentes universitarios por no respaldar la masacre lanzada por el régimen Ortega-Murillo. Este es el panorama de la Nicaragua luego de 11 años de secuestro del Estado, represión, corrupción en todos los niveles y cuadillismo. El Estado totalitario es un Estado fallido.

Hoy los principales líderes de la iglesia católica exigen al gobierno el cese de la represión y condenan toda su crueldad. El COSEP cortó todo vínculo que en el pasado los unió y hoy forman parte de las grandes mayorías que demandan una salida pacífica y democrática a esta profunda crisis socio-política. El gobierno de Ortega no accede, es soberbio y dejar el poder representa un costo altísimo por todos los crímenes que ha cometido por lo que prefiere intentar imponer una “normalidad” con balas y encarcelamiento pero la economía va en picada y no la pueden frenar. Se desploma por los más de 340,000 mil empleados perdidos en apenas 6 meses, muchas pequeñas y medianas empresas quebraron y según la ACNUR más de 30,000 nicaragüenses se vieron obligados a solicitar refugio en la vecina Costa Rica por el desempleo y las persecuciones por haberse atrevido a tomarse las calles para protestar.

Pero no todo es oscuro. En medio de tantos daños y de tanta maldad, en Nicaragua hubo un renacer de la conciencia política. Ha florecido el deseo de reconstruir un país distinto. Los movimientos sociales y los distintos sectores de la sociedad civil se están aglutinando para unificar esfuerzos en la acción. El 4 de Octubre pasado se dio a conocer en Nicaragua la “Unidad Nacional Azul y Blanco”, que son los colores de la bandera nacional, concertación cuyo propósito es “construir una Nicaragua con democracia, libertad, justicia, institucionalidad y respeto a los derechos humanos”, según expresaron en conferencia de prensa con los pocos medios independientes que quedan. La ciudadanía sigue mostrando un tremendo despliegue de creatividad para que la lucha sea pacífica hasta el final, que se traduce en muy diversas formas de protesta cívica: pintarse la boca de color rojo y viralizarlo en redes sociales, hacer apagones energéticos una hora durante las noches, inflar globos azules y blancos con mensajes subversivos y soltarlos por docenas en las calles de los barrios, apagones de motores para bloquear el tráfico vehicular, paros nacionales en ciertos días estratégicos, paros de consumo a empresas afines al gobierno, llamados a la desobediencia fiscal, artistas escriben canciones y poemas, pintan cuadros, hacen esculturas recordando a los mártires de estos meses, en fin, las protestas se diversifican buscando oxigenarse constantemente y sobre todo no detenerse, puesto que las marchas que hasta hace poco habían sido gigantescas, comenzaron a ser perseguidas por la Policía y las mismas terminan en redadas con un saldo de decenas de personas en la cárcel.

De cualquier manera la lucha por la recuperación de la República sigue y seguirá hasta lograr la libertad del país y una vez lograda, nos quedará la tarea de trabajar enfáticamente nuestra memoria histórica, porque en Nicaragua hemos experimentado las mismas atrocidades con tan sólo unas décadas de distancia y quien formó parte de una Revolución Armada a finales de los años 70, es hoy un ser despiadado que ya demostró estar dispuesto a los actos más deshumanizantes con tal de entronizarse en el poder aunque ahora más que nunca está aislado nacional e internacionalmente. Los presos políticos nos han logrado enviar mensajes desde la cárcel a través de cartas abiertas invitando a no decaer. Debemos entonces mantenernos con la moral en alto porque el pueblo nicaragüense merece soñar con una Nicaragua libre de opresión. Tengamos en cuenta, como dijo el cantautor nicaragüense Carlos Mejía Godoy, que “ya la juventud no marcha sola, nuestro pueblo está brotando en los caminos”.

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