Ante el cumplimiento de la expulsión del cura Reilly -u O’ Reilly como gustó de cambiar su identidad-, esta Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual desea aclarar que esto no es un final feliz. Para nada.
Durante todo el caso que se dilató por años vimos una justicia laxa, autoridades incómodas en el cumplimiento del mínimo de justicia posible. Asistimos a años de revictimización de las familias víctimas del cura ¡que sigue siendo cura!
Este delincuente sexual con sentencia firme elige Roma como destino de su expulsión. Se quedará en un hotel cinco estrellas de los legionarios, congregación epítome de la impunidad y el abuso empezando por su fundador. Allí esperará la sentencia canónica que ojala le quite al menos una de sus armas de ataque, su investidura clerical para seducir familias y abusar de menores.
No olvidemos que es este delincuente sexual estuvo todos estos años libre, viviendo en Chile muy cerca de quienes abusó, con acceso a niños y niñas, que se paseó libre por las calles, fue a fiestas, cenó con los poderosos, protegido incluso del acoso mediático que al menos habría hecho de sus días menos luminosos mientras arrojó infancias al pozo oscuro del abuso con secuelas de por vida.
¿De qué más tienen que enterarse la sociedad y el Estado de Chile, para exigir y hacer justicia a tiempo? ¿Qué espera el laicado católico como para indignarse lo suficiente y así exigir un cambio en el modelo eclesial, justicia, reparación, salida de pastores corruptos y miembros cómplices? ¿no basta todo esto? ¿no es suficiente nuestra voz? ¿cuánto más están dispuestos a saber y cuándo están dispuestos a actuar?
Como sobrevivientes interpelamos a TODA la sociedad a exigir un profundo cambio cultural que se traduzca en medidas concretas en favor de la protección de la infancia. La ley de #DerechoAlTiempo que le de acceso a todas las víctimas sin importar cuántos años han pasado desde esos delitos. Nuestro llamado es especialmente al Congreso, pero también las instituciones del ejecutivo que vemos ausentes del tema, especialmente el Ministerio de Educación que no ha dicho nada de los colegios regentados por congregaciones católicas denunciadas en Chile y en todo el mundo por abusos sexuales, impunidad y encubrimiento.