Se va enero y comienza el receso legislativo y laboral de muchos. Sin embargo, la agenda política parece no querer irse de vacaciones y, en particular, la educación ha vuelto a ocupar un lugar protagónico en el debate público, a partir del proyecto de ley del gobierno que busca reformar la Ley de Inclusión, específicamente el actual Sistema de Admisión Escolar.

En primer lugar, es importante recordar que no existe un sistema de selección perfecto, pues además de transparencia y eficiencia, debe equilibrar la libertad de elección de las familias y la igualdad de oportunidades en las postulaciones. En esta línea, como Educación 2020 creemos que toda política pública debe ser monitoreada y, en base a los resultados, ser corregida en caso de que sea necesario para mejorar su implementación. Por ejemplo, es importante que las autoridades den respuesta a aquellos casos donde las familias hayan tenido dificultades en el proceso. ¿Pero es posible hablar de un sistema injusto cuando en los tres procesos de admisión el 85% de niños y jóvenes fue seleccionado en un colegio de su preferencia?. Si realmente queremos hablar de admisión justa, donde todos tengan las mismas oportunidades, entonces no podemos darle espacio a la selección.

La evaluación y mejora permanente de las políticas es un proceso fundamental para su calidad, pero como país no podemos hacer o deshacer políticas públicas en base al caso a caso. Esto no sólo por toda la energía y recursos invertidos en esas decisiones, sino sobre todo porque la clave de los sistemas educativos exitosos son las políticas de largo plazo y la toma de decisiones en base a evidencia.

En ningún caso los cambios propuestos en el Proyecto de Ley Admisión Justa representan meros ajustes: muy por el contrario significan un enorme retroceso en términos de calidad e inclusión y en la práctica instalan un sistema paralelo de selección. Por ejemplo, la propuesta de devolver la selección a las escuelas en base a criterios que ellas escojan hasta en un 30%, según el proyecto de ley quita a las familias el derecho de escoger la escuela de su preferencia, al abrir una ventana para la discriminación por criterios arbitrarios, como ocurría en el sistema anterior.

Respecto a la idea de reponer la selección por notas, la OCDE ha concluido que en los países donde predomina este mecanismo no sólo aumenta la desigualdad entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos, sino que además no existe una mejora de los resultados académicos. Y nuestro país sabe bastante de esto: amplia evidencia demuestra que la selección —y sus compinches el lucro y el copago nos posicionaron, tristemente, como uno de los países más segregados del mundo y el segundo de Latinoamérica en el que el nivel socioeconómico tiene más peso en los resultados académicos, sólo superado por Perú. No debemos olvidar por qué como país acordamos una Ley de Inclusión: el sistema anterior no era justo, ya que limitaba el derecho de las familias a elegir dónde educar a sus hijos e hijas.

Como ciudadanos y especialmente porque trabajamos en educación, estamos convencidos que todos los niños y niñas pueden aprender y para ello nuestro deber como país es asegurarles a todos y sin condiciones las mejores oportunidades educativas para desarrollar sus talentos, independiente del lugar de origen y los 7.0 acumulados en la libreta de notas.

Hoy más que nunca es la hora de discutir urgentemente cómo mejoramos la calidad de la educación de todas las escuelas de Chile y en especial de los más de 400 establecimientos que están en nivel insuficiente. No podemos seguir postergando políticas que transformen la sala de clases, pues hoy la mitad de los estudiantes egresa del sistema sin contar con las habilidades mínimas para desenvolverse en la vida. Nuestra prioridad debe ser que todas las escuelas del país sean capaces de entregar una educación de calidad a todos los niños y niñas, sin importar de dónde vengan.

Y en este sentido, el desafío de mejorar la calidad de la educación en Chile implica de modo necesario avanzar hacia un sistema más inclusivo y más justo. Niños y niñas no van a la escuela sólo a adquirir conocimientos académicos, sino también a desarrollar valores y habilidades que les permitan vivir en un mundo diverso y cambiante. Lejos de ser un cliché, este es un imperativo: el convivir también  se aprende y para la escuela es un lugar privilegiado para que los estudiantes puedan conocer realidades diversas, especialmente ante la proliferación de discursos de odio y discriminación.

Hoy es fundamental aunar voluntades y reiterar nuestro compromiso con la inclusión, la calidad y la mirada a largo plazo, además de nuestra convicción de que todos los niños y niñas deben acceder a una educación de calidad. Por eso, desde Educación 2020 junto a organizaciones y actores educativos lanzamos hoy la campaña #LaEducaciónNoEsPremio, a través la web www.noespremio.com, para decir fuerte y claro que no hay niños o niñas que merecen una educación de calidad más que otros: la educación es ante todo  un derecho y por lo tanto no puede discriminar.

*Nicole Cisternas – Directora de Política Educativa de Educación 2020