La Justicia dejó este viernes con arraigo nacional (no pueden salir del país) y firma quincenal a cuatro funcionarios de Carabineros acusados de obstrucción en las pesquisas del crimen del joven mapuche Camilo Catrillanca, muerto por el disparo de un policía, el pasado 14 de noviembre.

La audiencia, que se prolongó durante todo el viernes, se realizó en el Juzgado de Garantía de la sureña localidad de Collipulli, y hasta las afueras del recinto llegaron varios representantes mapuches para acompañar a la familia del comunero indígena.

Según fuentes judiciales, los afectados son el coronel retirado de Carabineros Jorge Contreras, el mayor en retiro Brunel Valdivieso, el excabo Gonzalo Pérez y el abogado Cristian Inostroza, todos de la misma institución.

Asimismo, los exmiembros de Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de la policía, Braulio Valenzuela y Patricio Sepúlveda, que permanecían con arresto domiciliario total y que ahora quedaron con arresto domiciliario parcial desde la medianoche y hasta las ocho de la mañana, además de firma quincenal y arraigo nacional.

En este mismo caso, la Justicia chilena deberá revisar el próximo 15 de febrero el caso del exsargento Raúl Ávila, que está en la actualidad con prisión preventiva.

Camilo Catrillanca murió el 14 de noviembre de un disparo en la nuca mientras se desplazaba en un tractor junto a un menor de 15 años en la comunidad de Temucuicui, donde vivía, durante un operativo policial contra unos supuestos ladrones de automóviles.

El crimen de Catrillanca generó la salida temprana del director general de Carabineros, Hermes Soto, y la comunidad mapuche insiste en la renuncia del ministro del Interior, Andrés Chadwick, a quien acusan como máximo responsable político del asesinato del comunero.